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Auditoria Superior del Estado, Sistema Estatal Anticorrupción y la Vicefiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción no hacen nada en contra de la corrupción.

161 MDP PARA NADA

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  • Auditoria Superior del Estado, Sistema Estatal Anticorrupción y la Vicefiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción no hacen nada en contra de la corrupción del gobierno en turno, pero los titulares tienen suculentos sueldos
  • Al día a los yucatecos le cuesta 443 mil 202 pesos, o lo que es lo mismo, 18 mil 466 pesos la hora, para el combate a la corrupción en la entidad, sin embargo, no hay resultados concretos para el castigo a este delito, pues sólo cinco carpetas de investigación han llegado a los jueces
  • En Yucatán, de acuerdo al propio INEGI, existen altos niveles de corrupción, principalmente entre funcionarios públicos. El gobierno de Vila es uno de los más corruptos, superando incluso a los gobiernos priistas de Rolando Zapata e Ivonne Ortega

Redacción / Sol Yucatán

El actual gobierno de Mauricio Vila Dosal tiene tres dependencias especializadas en el combate a la corrupción, en uno de los gobiernos señalados como de los más corruptos, superando incluso a los gobiernos priistas de Rolando Zapata Bello e Ivonne Ortega Pacheco.

La entidad gasta al año 161 millones 769 mil 086 pesos para el combate y la prevención de corrupción, sin embargo, de acuerdo el INEGI la entidad tiene graves problemas en este tema.

Es decir, al día a los yucatecos le cuesta 443 mil 202 pesos o lo que es lo mismo 18 mil 466 pesos la hora, para el combate a la corrupción en la entidad, sin embargo, no hay resultados concretos para el castigo a este delito.

De acuerdo con el departamento de estadísticas del Consejo de la Judicatura de Yucatán, en los últimos 18 meses sólo cinco carpetas de investigación han llegado a los jueces y están en proceso de emitirse una sentencia.

De acuerdo con la Ley de Egresos del Estado, aprobado por el Congreso local, la Auditoria Superior del Estado, cuya función es la revisión de las cuentas públicas de los Ayuntamientos y dependencias de gobierno, para denunciar los presuntos desvíos de recursos, para este año recibirá 110 millones 962 mil 251 pesos.

El Sistema Estatal Anticorrupción, que hace un trabajo similar recibirá 15 millones de pesos para su operación y la Vicefiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción tiene un gasto de 27 millones 454 mil 267 pesos.

Sin embargo, también el Gobierno tiene asignado el monto de 8 millones 352 mil 568 pesos para la prevención y sanción de actos de corrupción.

Por lo cual se tiene la suma de 161 millones 769 mil 86 pesos, el presupuesto asignado al combate a la corrupción es superior a lo que reciben 70 municipios de la entidad con una población menor a los 20 mil habitantes.

Como Mococha, Cuzamá, Temax, Acanceh, Conkal, Chicxulub Pueblo, Ixil, entre otros.

La nula productividad se registra en Yucatán, donde de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas Geografía e Informática (INEGI) existen altos niveles de corrupción, principalmente entre funcionarios públicos.

En la encuesta realizada por el INEGI con respecto a la corrupción, en el 2022 Yucatán se ubicó en la posición número 16 de las entidades con los mayores niveles de corrupción del país.

Según el INEGI, el 11.1 por ciento de los yucatecos dijo que fue víctima de algún acto de corrupción. Si tomamos en cuenta que Yucatán tiene una población de 2 millones 320 mil habitantes, entonces, 257 mil 520 personas fueron víctima de algún acto de corrupción.

De acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Seguridad, en los últimos 19 meses en Yucatán las autoridades estatales y federales han abierto 234 carpetas de investigación por presuntos delitos cometidos por servidores públicos.

De estas 173 fueron interpuestas ante la Fiscalía General de la República (FGR) y 61 ante la Fiscalía General del Estado.

El 80 por ciento de las denuncias son por presunto cohecho, por lo cual las denuncias se remitieron a las unidades especializadas en la investigación de actos de corrupción.

Mauricio Vila Dosal, uno de los más grandes saqueadores y corruptos de Yucatán, se ha “blindado” al colocar a incondicionales en todo el sistema de investigación, procuración e impartición de justicia, quienes lo protegen ahora que está en el Gobierno, pero también después de su mandato, ya que seguirán en sus funciones varios años después.

Vila Dosal maneja la Fiscalía General del Estado, el Congreso del Estado, el Poder Judicial, el Sistema Estatal Anticorrupción, la Agencia de Investigación Patrimonial y Económica de Yucatán y hasta la Auditoria Superior del Estado.

El caso más reciente de impunidad, donde quedó claro el grado de protección, fue el carpetazo que la Fiscalía le dio a una denuncia interpuesta por la agrupación “Libertad de Información y Transparencia Peninsular A.C”, donde lo acusa de corrupción, omisión de gobierno, tráfico de influencias y de proteger a funcionarios y gobernantes acusados de corrupción.

A pesar de que hay pruebas la dependencia, ni siquiera investigó y cerró la denuncia FGE/UNATD/UNATD-1191/2023.

El año pasado la dependencia que se dice autónoma, le dio carpetazo a la denuncia contra Vila Dosal, en la cual se le acusaba del desvió de 219 millones de pesos a través de empresas fantasmas.

A pesar de que la corrupción es un delito que lastima a la sociedad y causa daño patrimonial al estado o municipio, en el código penal de Yucatán es considerado como no grave, por lo cual la prisión preventiva es, no oficiosa.

De acuerdo al Código en materia de corrupción la pena será de seis meses hasta los 12 años de prisión, cuando el monto de la afectación no supere los 44 mil 720 pesos, es decir, de uno a 499 Unidades de Medida de Actualización (UMA) y sin embargo, cuando el monto en cuestión supera las 500 UMA, es decir, los 44 mil 810 pesos la pena se elevará de dos a 14 años de prisión y una multa que va de los 14 mil 170 pesos a los 21 mil 255 pesos.

En caso de que la persona acusada sea condenada tendrá que devolver el monto total de agravio, el cual quedará al resguardo del estado, cuyo dinero será utilizado en programas sociales.

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