Portada

22 MDP EN TONERS Y CARTUCHOS

  • El Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán benefició a una sola empresa en la adquisición de insumos de cómputo. En la Insejupy prevalece la corrupción desde la administración de Rolando Zapata Bello, y las denuncias interpuestas permanecen en la congeladora de la Fiscalía General del Estado

Redacción/Sol Yucatán

Mérida.- Poco más de 22 millones de pesos derrochó el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy) en la adquisición de insumos de cómputo, y lo peor de todo, sólo se benefició a una empresa.

El ilícito cometido en 2019 se privilegió a la iniciativa privada “Distribuidora Mayorista de Oficinas”, Sociedad Anónima de Capital Variable, a quien se le otorgó un monto por 22 millones 386 mil 826.08 pesos.

De acuerdo con el contrato Insejupy-DAF-La/005-19, en poder de Sol Yucatán, suscrito el 20 de agosto de 2019 se autorizó el millonario apoyo, autorizado por el titular de dicha dependencia gubernamental, Heide Joaquín Zetina Rodríguez.

Para disimular la irregularidad, el 2 de octubre del mismo año, la subsecretaría de Tecnología de la Información y Comunicaciones así como la de Adquisiciones de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) emitió el dictamen, y al día siguiente se dio a conocer el veredicto.

La respectiva iniciativa privada otorgó a Insejupy de numerosos cartuchos y toners para impresoras, de diversas marcas, y para ello se les pagó 22 millones de pesos.

El contrato fue firmado por la directora de Administración y Finanzas del Insejupy, Sandra Eliza Arana Rico, así como por el proveedor Juan Gabriel Andrés Amar.

Cabe destacar que en la Insejupy prevalece la corrupción desde la administración de Rolando Zapata Bello y las denuncias interpuestas permanecen en la congeladora de la Fiscalía General del Estado.

Incluso, el 9 de noviembre de 2018, durante la primera sesión ordinaria del Consejo Ciudadano del Presupuesto y Ejercicio del Gasto que encabezó Vila Dosal, la SAF presentó el avance sobre el proceso de entrega-recepción y reveló que la administración estatal anterior gastó durante 2018 más dinero del que le correspondía, lo que derivó en un faltante por cerca de mil 900 millones de pesos en el presupuesto para el último trimestre del año.

Además, se dejaron las finanzas estatales con presiones adicionales de gasto por alrededor de 500 millones de pesos y contingencias como la del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (Isstey), que prácticamente se encuentra sin viabilidad financiera.

Junto con estas complicaciones presupuestarias, el reporte señaló la existencia de contingencias por más de dos mil 500 millones de pesos derivadas de observaciones hechas por órganos fiscalizadores, Auditoría Superior de la Federación (ASF) y Secretaría de la Función Pública (SFP), correspondientes al período 2012-2018.

Estas observaciones no fueron solventadas oportunamente por la anterior administración y ante la falta de información y la desaparición de expedientes aumentó el riesgo de una eventual devolución de estos recursos a la Federación.

Al profundizar sobre los avances del proceso de entrega-recepción, se mencionó que se encontraron discrepancias en cuentas bancarias, facturas pendientes no registradas y adeudos por servicios no facturados, pasivos contingentes no reconocidos, información parcial y con retraso en los registros contables, ausencia del sistema de control interno, falta de apego a la contabilidad gubernamental y compromisos y ejercicio de recursos sin soporte de ingresos presupuestados.

Durante la reunión, se detalló que el faltante por mil 900 millones de pesos, de acuerdo con información documental con la que se cuenta, se debe a que en los tres primeros trimestres de 2018 el Gobierno del Estado gastó esa cantidad de recursos correspondientes al último trimestre de este año del ejercicio, los cuales se recibieron, sin explicación de por medio, de manera anticipada.

La titular de la SAF, Olga Rosas Moya, afirmó que “nos hacen falta, prácticamente, mil 900 millones de pesos para terminar el año, lo cual es una situación crítica. Esto pasó porque en el tercer trimestre del año, se gastaron más dinero del que debían de haber gastado y pues esto nos pone en una condición complicada”
Con base en la Ley de Ingresos 2018, para el período enero-septiembre de 2018 se autorizaron recursos de libre disposición por 13 mil 812 millones de pesos, pero se recibieron 17 mil 234 millones de pesos, es decir, se tuvo un monto adicional de tres mil 421 millones de pesos, un 30 por ciento más de lo estimado, mientras que para el cuarto cuatrimestre de este mismo año se estiman casi dos mil millones de pesos menos.

Los tres mil 421 millones de pesos extras que se obtuvieron fueron por la venta de bienes del Gobierno del Estado, participaciones adicionales, recursos del fondo para gasto en educación, para el fortalecimiento financiero y del fondo de contingencias económicas, el cual se otorga usualmente al final del año, pero que este caso se hizo en el trimestre anterior, de manera anticipada.

De tal manera que, se especificó, para el último trimestre se proyectó un presupuesto estimado en 5,941 millones de pesos, pero con el gasto de los recursos que llegaron por adelantado solo se contará con poco más de cuatro mil millones de pesos, lo que complicará el cierre del ejercicio fiscal 2018 para cumplir con las obligaciones y hay otras erogaciones como el pago de aguinaldos a los trabajadores.

Posteriormente, el 8 de enero de 2019, el Gobierno del Estado informó que tras “una exhaustiva revisión e investigación de casi dos mil carpetas dentro del proceso de entrega-recepción, se encontró irregularidades financieras de la administración anterior por un monto de aproximadamente 533 millones de pesos, principalmente en la Secretarías de Salud (SSY), Educación (Segey) y de Administración y Finanzas (SAF), lo que dio paso a interponer seis denuncias, de manera inicial”.

El proceso inició el 1 de octubre de 2018 y justo en el día 100 de la actual administración se dio un balance de las ilegalidades detectadas, y se dio a conocer que aún hay al menos otras 20 denuncias adicionales por faltantes de bienes muebles, diferencias de inventarios, discrepancias administrativas, por lo que se procederá a interponer las denuncias correspondientes.

También se anunció que las 26 denuncias, en su conjunto, fueron integradas con toda la documentación correspondiente y se presentaron, el 14 de enero del mismo año, ante los organismos fiscalizadores correspondientes, tales como la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Auditoría Superior del Estado de Yucatán.

Las dependencias involucradas en estas 20 denuncias adicionales son las Secretarías de Educación, Administración y Finanzas, Salud, General de Gobierno, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Fomento Turístico, así como también los Institutos de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey), del Deporte (IDEY), el Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial (Insejupy), el Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa (Idefey), el Colegio de Bachilleres (Cobay), la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM), el Instituto Tecnológico Superior de Progreso (ITSP) y el Hospital Comunitario de Peto.

Botón volver arriba