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22 MILLONES A FISCALÍA SIN RESULTADOS

*El gobernador Mauricio Vila y el fiscal general Juan Manuel León entregaron más de 22 millones de pesos en una adjudicación directa para la compra de un “software” a la empresa regiomontana Total Systems que se ha hecho fama de obtener jugosos contratos con diferentes entidades gubernamentales

*El programa “SAPROJ” promete agilizar los trámites al interior de la FGE, pero sigue imperando el tortuguismo y los carpetazos a las investigaciones mientras crece la impunidad

*Pese a las promesas de “modernización de la Fiscalía” y el gasto multimillonario, para el ciudadano común poner una denuncia es un camino tortuoso

Redacción / Sol Yucatán

Mérida.- Ante la grave situación de procuración de justicia en Yucatán, tierra en donde prevalece la impunidad y los agravios e injusticias contra la población, el gobernador panista Mauricio Vila Dosal sólo ha dado falsas promesas de modernización de la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Juan Manuel León León, lo cual sólo ha representado un despilfarro millonario en supuestas mejoras que no dan resultados.

Y es que la respuesta del gobierno panista a los escándalos que han rodeado la procuración de justicia yucateca ha sido la compra de un software de más de 22 millones de pesos por adjudicación directa.

Según los documentos y la justificación del dispendio millonario, es para actualizar los procesos en la Fiscalía, y pasar de hacer todo a “papel y pluma”, a un sistema de digitalización de casos, denuncias y atención ciudadana; aunque todo sonaba como una gran oportunidad, los recursos públicos destinados al proyecto fueron a dar a manos de una

foránea, originaria de Monterrey, Nuevo León, “que o vendió promesas y no funciona su software como lo anuncian o en la Fiscalía simplemente no le entienden a lo que hay que hacer y no quieren modernizarse y cumplir con su trabajo”, afirma un abogado que permanentemente señala que no hay avances en las carpetas de investigación.

Porque en la FGE yucateca persiste el tortuguismo, los carpetazos a las investigaciones y el letargo institucional para atender y dar justicia a las víctimas de delitos.

MILLONADA INFORMÁTICA

El programa en cuestión es el “Sistema de Apoyo a los Procesos de Procuración de Justicia”, aplicación denominada SAPROJ, la cual fue entregada mediante adjudicación directa, pese a lo elevado del monto que rebasó por mucho el tope para evadir una licitación pública.

Todo esto fue solapado por el fiscal general del estado, Juan Manuel León León, quien entregó más de 22 millones de pesos a una empresa de ciberseguridad, originaria de Monterrey, Nuevo León, denominada Totalsystems S.A. de C.V., la cual se dedica a lucrar con gobiernos para dotarlos de software para la gestión de diversos entornos.

La compañía de software está representada por Juan Pablo Lavín Moreno, pero su “CEO” es Víctor Contreras Lozano, ambos personajes se han especializado en el ámbito de la procuración de justicia, por lo que se ha enriquecido con la supuesta “modernización” de fiscalías estatales por todo el país.

En Yucatán, Totalsystems S.A. de C.V. se llevó una millonada, con un contrato estratosférico por tratarse de una adjudicación directa.

El procedimiento de adjudicación directa fue operado desde las entrañas de la Fiscalía General del Estado por el director administrativo, Guillermo Ponce López, quien maneja los recursos a su antojo en las narices del fiscal general Juan Manuel León, quien solapa todo tipo de arbitrariedades en la contratación de obras y servicios.

Se trató del contrato número C/JUR/023-2022, para la “Adquisición del ‘Sistema de Apoyo a los Procesos de Procuración de Justicia (SAPROJ)”, por un monto de 22 millones 428 mil 971 pesos.

Por si fuera poco, el método de pago fue pactado más allá de lo que comúnmente se realiza, pues se le otorgó al proveedor Totalsystems S.A. de C.V. un anticipo del 50 %, es decir 11 millones 214 mil 485.51 pesos; y el otro 50% como pago final al término del plazo de ejecución establecido del 12 de mayo hasta el 12 de noviembre del 2022.

La empresa prometió un sistema operativo e interfaz para dispositivos móviles que “revoluciona los procesos de justicia” proporcionando una “elevación en la calidad de la investigación”.

Por lo que se compromete a entregar, según sus propias redes sociales, “un sistema automatizado de gestión en los procesos de justicia, útil para todos los operadores como:

Sistema penal acusatorio; Seguridad Pública; Fiscalías / Procuradurías; Defensorías o Poderes judiciales”.

En el caso de la FGE Yucatán, la aplicación milagrosa prometió – según el propio proveedor – “agilidad, homologación de prácticas, aplicación e inteligencia criminal y procesos exitosos”, nada de eso se ha visto en la fiscalía de Juan Manuel León, pese al gasto multimillonario.

IRREGULARIDADES

Para realizar este procedimiento el director de administración, Guillermo Ponce López, torció las reglas para exceder el monto permitido para adjudicación directa, por lo que metió una cláusula de excepción para licitación pública

Para evitar una vulneración de la privacidad, la FGE exigió al proveedor la entrega no sólo de la aplicación SAPROJ, sino también del código fuente de este software, el cual quedó única y exclusivamente bajo un licenciamiento de uso para la Fiscalía, por lo que no le pertenece del todo, pero aun así pagaron más de 22 millones de pesos.

El programa sirve para brindar un módulo de unidad de atención temprana, módulo de etapa de investigación formalizada, y módulo de ministerio público

Lo que da a entender que la Fiscalía Yucateca no contaba con sistemas para la digitalización y organización informática de estos servicios y aún lo realizaban todo “a pluma y papel”.

El contrato en cuestión llama la atención porque se trata de un monto estratosférico para ser una adjudicación directa, el procedimiento fue operado por el director de Administración de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, Guillermo Ponce López

Todo este despilfarro de más de 22 millones de pesos deriva de las falsas promesas del gobernador Vila Dosal para la “modernización digital” de la FGE, proyecto en el cual han prometido una y otra vez “novedosas herramientas” y un sistema tecnológico integral que ayudará a mejorar la recepción y seguimiento de denuncias, así como la modernización en los procesos de justicia.

IMPUNIDAD

Pero la realidad es otra, hasta la fecha, para el ciudadano común y corriente, interponer una denuncia en Yucatán es un camino tortuoso, y el personal no está capacitado para la atención a víctimas de violencia.

Todo el discurso para gastar millones en la modernización de la Fiscalía Yucateca, es presuntamente para “fortalecer la procuración de justicia” pero detrás de ello crecen cada vez más los casos de impunidad en hechos como feminicidios y cómo los culpables son dejados libres o pueden escapar a otras entidades del país.

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