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MUGRE EN LA SEGEY

Con Liborio Vidal Aguilar al frente de la Segey, los contratos sucios no paran en la dependencia, pues este año le adjudicó un contrato...

270 MDP A DESPACHOS

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  • Seis firmas de abogados particulares, amigos de Mauricio Vila Dosal, fueron contratados debajo del agua sus servicios para litigar los asuntos legales del gobierno del estado, cuando tienen su propia Consejería Jurídica que cuenta con 120 abogados
  • Tres de los seis abogados, además de los contratos millonarios por asesoría legal, les fue otorgada una notaría pública. “Convenios” con el Gobierno del Estado sin que mediara algún criterio sobre su capacidad,
  • Entre los abogados “consentidos” del actual régimen, señalados por sus actos de corrupción y tráfico de influencias son Javier Acevedo Macari, Pedro Francisco Rivas Acevedo, Roberto Augusto Castellanos González, Fernando Sauri Campos, Juan Carlos de Jesús Toledo Sauri y Gerardo Pinto Dájer

Redacción/Sol Yucatán

Seis firmas de abogados, amigos de Mauricio Vila Dosal, se han llevado millonarias sumas por asesoría legal en los 5 años de la administración estatal.

De acuerdo con investigaciones de Sol Yucatán, por cada litigio que atienden cobran 250 mil pesos, cuyos recursos salen de la Consejería Jurídica de Yucatán, encabezada por Yussif Heredia Fritz, sobrino de la actual Secretaria General de Gobierno, María Fritz Sierra.

 Al mes estos despachos reciben al menos tres litigios, por lo cual recibirían mínimo 750 mil pesos, al año facturan a costillas del Gobierno Estatal 9 millones de pesos, por un servicio que no necesitan.

En los 5 años de administración cada despacho se ha embolsado al menos 45 millones de pesos, o lo que es lo mismo, el gobierno de Vila ha pagado 270 millones de pesos por asesoría legal en el área laboral.

Es decir, por sus servicios externos de representación legal estos despachos ganarían más que Vila Dosal o que el mismo Presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes tienen un ingreso de 145 mil 388 pesos y 185 millones 823 pesos, respectivamente.

No hay que olvidar que el Gobierno del Estado cuenta con una Consejería Jurídica, con una plantilla de más de 120 abogados especializados en diferentes ramas de derecho, cuya función es precisamente representar y defender al estado en problemas legales.

La dependencia, dirigida por el ex titular del Tribunal Electoral del Estado, quien fue colocado en ese puesto como pago de los favores políticos que hizo en la elección del 2018, maneja un presupuesto de 453 millones 785 mil 596 pesos, parte de este recurso se destina al abogado de amigos de Vila Dosal.

El Poder Ejecutivo, desde el comienzo de la administración del Vila Dosal, contrató los servicios profesionales de estos abogados, para que brindaran asesoría externa y representaran a todas las dependencias de la administración pública estatal centralizada y a la paraestatal para su defensa en los juicios laborales promovidos por los trabajadores y en los que el Gobierno del Estado es parte demandada.

Las Secretarías y los Organismos Descentralizados que acumulan el mayor número de demandas laborales de sus empleados son: SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, FISCALÍA GENERAL, ISSTEY, COBAY, CECITEY, JAPAY, INJUDEY, INSEJUPY, y demás dependencias de Yucatán que acumulan cientos de juicios ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán.

 Entre los abogados “consentidos” del actual régimen, señalados por sus actos de corrupción y tráfico de influencias son Javier Acevedo Macari, Pedro Francisco Rivas Acevedo, Roberto Augusto Castellanos González, Fernando Sauri Campos, Juan Carlos de Jesús Toledo Sauri y Gerardo Pinto Dájer.

Llama poderosamente la atención que estos personajes hayan celebrado en lo oscurito y sin transparentarse “convenios” con el Gobierno del Estado sin que mediara algún criterio sobre su capacidad, profesionalismo, integridad, o algún elemento concluyente que haya influido para que sus despachos jurídicos fueran los contratados.

Asimismo no se convocó a los demás profesionistas, ni se pidió la opinión de los colegios de profesionistas, ni a la comunidad de abogados laboralistas del Estado, es decir, no hubo convocatoria o concurso alguno y sólo se decidió por amiguismo, influyentísimo y compadrazgos.

Todas estas firmas legales reciben “igualas” millonarias del Ejecutivo Estatal, y regularmente pierden todos los juicios en los que intervienen, como se puede corroborar de un simple informe de las autoridades en materia de trabajo involucradas.

Uno de ellos fue un litigio que emprendieron ex empleados de la Secretaría de Educación del Estado y que fue representado por una de esas firmas, a final de cuentas perdieron el litigio y fueron sentenciados a pagar un laudo de más de 10 millones de pesos.

Las firmas de abogados, contrario a los litigantes particulares, tienen asegurada su paga independientemente del sentido del litigio, es decir, sus 250 mil pesos los cobran ya sea ganen o pierdan el caso.

En el caso de los despachos particulares en el ámbito laboral, los litigantes cobran a su cliente un porcentaje de cada litigio ganado, en caso de perder no cobran.

En las dependencias a las que les prestan sus servicios externos, existen direcciones, jefaturas o áreas especializadas en materia jurídica y legal, con numerosos servidores públicos y personal suficiente y capacitado para representar a sus dependencias sin necesidad de contratar despachos externos.

 El común denominador de los titulares de esos despachos externos es que conservan una relación de amistad con el Gobernador, ya que son sus condiscípulos e incondicionales.

De ahí su expedita contratación aun cuando no se requieren de sus servicios, dado que en los organigramas y directorios de cada dependencia cuentan con personal especializado para cumplir con las obligaciones que les encomienda el Código de la Administración Pública de Yucatán.

Pero los favores políticos de Vila Dosal no terminan ahí, debido a que tres de los seis abogados, además de los millonarios contratos que reciben por parte del Gobierno del Estado, recién fueron nombrados como titulares de notaías públicas.

Francisco Javier Acevedo Macari, le otorgaron la notaria pública No. 67, ubicada en la colonia García Ginerés; Roberto Augusto Castellanos González, es titular de la notaría número 134, con sede en Maxcanú y Fernando Sauri Campos le otorgaron la notaría número 107, con sede en Progreso.

Por su parte, Pedro Rivas Acevedo, hijo de Pedro Rivas Gutiérrez, quien durante el Gobierno panista de Patricio Patrón Laviada fue Secretario General de Gobierno, no tiene notaria, sin embargo, de acuerdo a la Plataforma Nacional de Transparencia su despacho Rivas Consultores S.C.P, tiene 22 contratos por adjudicación directa por parte del gobierno de Vila Dosal

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