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34 MDP POR OBRAS FANTASMA

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  • Bajo el pretexto de invertir en infraestructura, la Administración Portuaria Integral de Progreso desvió más de 34 millones de pesos a través de dos empresas fantasma. No hay un documento que justifique dicha inversión y mucho menos evidencia que permita comprobar la entrega de las obras.
  • El cinismo con la que desviaron los recursos públicos en esta ocasión llegó a tal grado que ni se molestaron en disimular la vaguedad de las obras a realizar.
  • Las licitaciones emitidas por la entidad paraestatal se han convertido en una oportunidad de oro para llevar a cabo negocios turbios entre funcionarios corruptos y empresarios cómplices.

Redacción/Sol Yucatán

Progreso.- Bajo el pretexto de invertir en infraestructura, la Administración Portuaria Integral (API) de Progreso desvió más de 34 millones de pesos a través de dos empresas fantasma en el 2020. Una práctica que, lamentablemente, se ha vuelto costumbre en la dependencia.

Las licitaciones emitidas por la entidad paraestatal se han convertido en una oportunidad de oro para llevar a cabo negocios turbios entre funcionarios corruptos y empresarios cómplices, al amparo de la opacidad que caracteriza a la API.

Tal es el caso del contrato número LO-009J2U002-E8-2020, cuyo objeto fue “Línea de media tensión en el recinto portuario de Progreso”. La sinvergüenza con la que desviaron los recursos públicos en esta ocasión llegó a tal grado que ni se molestaron en disimular la vaguedad de las obras a realizar.

De acuerdo con el acta del fallo, celebrado el 10 de julio de 2020, la entidad paraestatal le pagó 34 millones 195 mil 193 pesos a dos empresas de dudosa legitimidad para llevar a cabo los trabajos requeridos: Conaurbe Hidalguense, SA de CV, y Construcciones e Instalaciones de Sudamérica, SC de PS de RL de CV.

Como ya es costumbre en estos contratos a modo, poca información se ofrece sobre los motivos por los que fueron descartadas las otras compañías concursantes y sobre el porqué del fallo a favor de las dos empresas que nos atañen. 

Con respecto a la duración de los trabajos, el documento establece como fecha de inicio de las obras el 1 de agosto de 2020, y de terminación el 12 de marzo de 2021, es decir, 224 días naturales. Sin embargo, no existe evidencia documental de la finalización de las tareas, ni del cumplimiento de los objetivos.

Para finalizar, la simulación fue consumada con las firmas de los funcionarios de la API Carlos A. Calderón Carrillo, gerente de Operaciones e Ingeniería; Juan Manuel Cruz Mendoza, subgerente de Ingeniería; y Carlos A. Canto Trujillo, coordinador de Proyectos y Concursos.

Por el contrario, llama la atención la ausencia de la signatura por parte del titular del Órgano Interno de Control de la API, Hernán Vega Burgos, así como las rúbricas de los representantes de las dos iniciativas privadas beneficiadas con el millonario contrario.

Como dato curioso, sí aparece la firma del representante de una de las empresas rechazadas: la del ingeniero Jeobanny Cárdenas Canales, por la compañía Sea Desarrollo de Infraestructura, SA de CV., cuya propuesta fue denegada ya que el licitante no acreditó la experiencia mínima solicitada en las bases.

¿Por qué firmó el contrato uno de los licitantes rechazados?, ¿por qué no aparecen los nombres y firmas de los representantes de las empresas ganadoras? Esas son tan solo dos de las múltiples irregularidades que presenta el contrato.

MÁS IRREGULARIDADES

A diferencia de otras licitaciones consultadas, donde se ofrecen detalles de las tareas a realizar en el nombre del contrato, recordemos que a este lo titularon simplemente “Línea de media tensión en el recinto portuario de Progreso”, que poco nos dice sobre los trabajos que solicitan; si serán de construcción o mantenimiento, por ejemplo.

Aunque, tal vez en un arranque de pudor por parte de la dependencia, en septiembre de 2020 emitieron un comunicado donde anunciaron que los trabajos consistirían en “la rehabilitación de la línea de media tensión para atender la nueva demanda eléctrica debido al crecimiento de las terminales y de usuarios”.

Por otra parte, según consta en el acta de fallo, los detalles de los trabajos a realizar no aparecieron en ese documento, porque fueron descritos con anterioridad en la convocatoria. Pero al revisar las 56 hojas que integran el oficio, por ningún lado aparecen las especificaciones de la obra.

Por el contrario, al revisar las condiciones para los concursantes sí encontramos más irregularidades en torno a esta licitación.

Por ejemplo, en los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que debían cumplir los licitantes, se debía considerar, entre otros, “que los licitantes presenten mínimo cuatro y máximo 10 obras de infraestructura eléctrica de media tensión en los últimos 10 años”.

Sin embargo, ninguna de las dos empresas “ganadoras” cumplió este mínimo requisito.

En el caso de Conaurbe Hidalguense, SA de CV, de acuerdo con los directorios empresariales consultados, solo ha estado activa en el 2020, año en que fue beneficiada por la API Progreso.

Además de ese contrato, ganó dos adjudicaciones directas por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Pachuca, Hidalgo el 10 de octubre del mismo año, por las que obtuvo 1.4 millones de pesos. Fuera de estos contratos, no hay más información sobre esta iniciativa privada.

Respecto a Construcciones e Instalaciones de Sudamérica, SC de PS de RL de CV, la situación se pone aún más turbia, ya que esta empresa no figura en ningún directorio empresarial o de construcción, por lo que no se puede verificar su tiempo de existencia, ni mucho menos su legitimidad.

Ahora bien, sí encontramos registro de una empresa con un nombre similar: Canalizaciones e Instalaciones de Sudamérica, SC de PS de RL de CV., dedicada también al sector eléctrico. Pero aún en el caso de un error en la transcripción del nombre, los registros de actividad de esta iniciativa privada se limitan al año 2017, por lo que, de tratarse de la segunda empresa “ganadora”, tampoco cumplió los requerimientos de la licitación de la API.

En resumidas cuentas, la Administración Portuaria Integral de Progreso pagó más de 34 millones de pesos en obras “fantasma”, en tanto que no hay un documento que justifique dicha inversión y mucho menos evidencia que permita comprobar la entrega de las obras a realizar.