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800 MDP SIN ACLARAR

  • A una década del millonario fraude de Crecicuentas, delito que afectó a unas 300 familias que depositaron unos 800 millones de los ahorros de toda su vida, sólo unos cuantos ya fueron agraciados por la justicia, ya que tanto el ex gobernador Rolando Zapata Bello, como sucesivamente, sólo beneficiaron a sus amigos y familiares.
  • Víctor Caballero Durán, cuyos directivos de la empresa defraudadora le advirtieron que se declararía en bancarrota, pudo sacar sus ahorros a tiempo, pero su carrera política se vino a pique porque siempre es perseguido por los defraudados

Redacción/Sol Yucatán

Mérida.- A una década del millonario fraude de Crecicuentas, delito que afectó a unas 300 familias que depositaron los ahorros de toda su vida, sólo unos cuantos ya fueron agraciados por la justicia, ya que tanto el exgobernador Rolando Zapata Bello, como sucesivamente sólo beneficiaron a sus amigos y familiares.

Entre los agraciados está Víctor Caballero Durán, cuyos directivos de la empresa defraudadora le advirtieron que se declararía en bancarrota, por lo que pudo sacar sus ahorros a tiempo, y a pesar del ilícito, Zapata Bello nombró secretario de Educación del Gobierno del Estado, y ahora es presidente del Club Rotario Mérida Motejo, una institución altruista

Zapata Bello nada hizo para aplicar la ley a favor de los yucatecos, en cambio protegió en todo momento al entonces Secretario de Gobierno, Víctor Caballero Durán, quien luego de perder las elecciones retornó al Ejecutivo, sólo que en calidad de Secretario de Educación del Gobierno del Estado (Segey).

A Caballero Durán le avisaron que iba a declararse en quiebra la financiera y sacó sus millonarios ahorros, con el conocimiento de Rolando Zapata. Obviamente al Gobierno no le interesó solucionar la estafa a los cientos de familias, quienes quedaron en el desamparo.

El Gobierno de Rolando le dio carpetazo al asunto, porque había varios funcionarios metidos en el fraude de Crecicuentas, quienes recuperaron sus ahorros.

Las carpetas de investigación permanecen en la congeladora de la Fiscalía General del Estado (FGE) y las únicas que han procedido han permitido la detención de algunos de los integrantes de la directiva de Crecicuentas, pero muchos se han dado a la fuga, aprovechando la desidia gubernamental.

La exfiscal Celia Rivas, molesta por las manifestaciones de los afectados, les espetó: «nadie les puso una pistola para llevar sus ahorros».

A pesar que la justicia debe de ser rápida y expedita, el presunto fraude cometido por los integrantes de la directiva de Crecicuentas sigue impune para más de 300 familias afectadas, cuyo proceso se tornó lento debido a la desidia y la mala integración de los expedientes cometido por la ahora exfiscal del Estado, Celia María Rivas Rodríguez.

La problemática se complicó aún más cuando funcionarios de la administración de Rolando Zapata Bello fueron beneficiados por los probables defraudadores y el ejemplo más claro fue Caballero Durán, a quien le avisaron que sacara todos sus ahorros, ya que la empresa se declararía en quiebra, por lo que sólo avisó a sus familiares y amistades.

Aunque logró recuperar su dinero, cobrando el respectivo interés generado, su carrera política se vino a pique, debido a que era perseguido por los afectados por Crecicuentas y, en todo momento, le hacían manifestaciones e, incluso, hubo un complot cuando nuevamente participó en las elecciones locales.

No sólo se dejó de investigar este desfalco a familias yucatecas, sino todos los actos de corrupción de la pasada administración, que se llevó cientos de millones de pesos, que ahora disfruta el exgobernador. Hasta el día de hoy no se sabe de ningún trabajo del exmandatario, ¿de qué vive?

En un lapso de nueve años, tan sólo en Yucatán la empresa logró tener más de mil socios, quienes depositaron sus ahorros cerca de 800 millones de pesos, sin embargo, la mala administración por parte de los integrantes de la familia Argáez López, quienes conformaban la directiva, provocó que a finales de 2012 se declarara en quiebra.

Lamentablemente, de 2013 a la fecha, al menos 10 personas han perdido la vida durante el proceso jurídico, por lo que ninguna de ellas logró recuperar el dinero que invirtió en la empresa que les prometió un mayor rendimiento por sus ahorros.

De los siete fiscales que han dado seguimiento al polémico caso, destacó el caso de Rivas Rodríguez, quien en todo momento se burló de los afectados, pues en un principio les recomendó que acudieran a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Incluso, en compañía del vicefiscal Javier León, a los querellantes les dijo: «en ningún momento les pusieron una pistola para que lleven su dinero».

Mientras, en el caso de Ariel Aldecua Kuk, mantuvo en total hermetismo toda información correspondiente a la «Cooperativa de Fomento Regional Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable», así como de «Esperanza Equitativa S.C. de A.P. de R.L. de C.V.», ambas son mejor conocidas como Crecicuentas, violentando en todo momento la ley de Transparencia del Estado de Yucatán.

Por ende, se desconoce el número exacto de denuncias interpuestas al Ministerio Público, la cifra de querellas enviadas a la Fiscalía General de la República (FGR) y el monto que devolvió a la instancia estatal, así como la cantidad de expedientes que ya fueron turnados al Poder Judicial del Estado.

Lo peor de todo, los afectados ignoraban la situación, nadie les informaba sobre los faltantes, por lo que están confiados de que las querellas avanzan, cuando la realidad es otra.

Incluso,  los afectados denuncian que «el fraude fue premeditado y planeado, para lo cual se crearon sistemáticamente seis empresas, con la finalidad de que los directivos pudieran evadir su responsabilidad y, por ende, la acción de la justicia».

Durante este proceso, de 2011 a 2012, «los trabajadores fueron forzados a convertirse de empleados a directivos, todo ello con tal de que conservemos nuestro empleo dentro de la empresa».

Pese a ello, hasta el momento la FGE aún no cita al personal de la desaparecida Crecicuentas, cuyo testimonio daría un giro total al clima de incertidumbre que prevalece y aceleraría el proceso que se sigue, pues son varios directivos que están fugados, mientras otros ya están en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Mérida.

Cronología

El 14 de mayo de 2004 se constituyó el Sistema Crecicuentas, Sociedad Anónima (SA), mientras el 12 de marzo de 2007 apareció Crédito Más, SA de CV, y el 2 de febrero de 2010 surgió el Grupo de Fomento Regional SA de CV Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom), Entidad No Regulada (ENR).

Posteriormente, el 13 de julio de 2010 se integró la Cooperativa de Fomento Regional, SC de AP de RL de CV, el 2 de junio de 2011 fue constituida la Cooperativa Impulso Regional, SC de AP de RL de CV, y finalmente, el 28 de noviembre de 2012 apareció Esperanza Equitativa, SC de AP de RL de CV.

En 2011, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio a conocer una lista de 55 entidades sin autorización para captar recursos, por lo que emitió alertas, a fin de proteger el patrimonio de la población.

Por aquel entonces se exhortó a la ciudadanía en general a que evitara llevar a cabo operaciones que impliquen captación de recursos con personas que no cuenten con la debida autorización para tal efecto, entre esas empresas se encontraba justamente Crédito Más, SA de CV, que se ostenta como Crecicuentas.

Dicha empresa, pese a no contar con los permisos, pudo captar recursos del público mediante la celebración de operaciones de depósito, préstamo, crédito, mutuo o cualquier otra operación que implicó la obligación de devolver el importe de dichos recursos.

Con pruebas en la mano, se demostró que el director general de Crecicuentas, Jorge Alberto Argáez López, tuvo una administración deficiente, principalmente en lo relacionado a los gastos, ya que disponía de dinero para gastos personales no relacionados con la empresa, adicionalmente a que se otorgaba a sí mismo créditos sin el debido respaldo.

Al reflejarse los problemas financieros, Argáez López creó una nueva empresa y empezó a dejar sin operaciones a la anterior, pero incluye a sus familiares como directivos, situación que realizó en otras ocasiones.

Irónicamente, al constituir la Cooperativa de Fomento Regional, los empleados registrados como trabajadores de Crédito Más se convirtieron en «socios cooperativistas fundadores», todo ello para evadir su responsabilidad y responsabilizar a su personal.

En 2011, al conocerse del funcionamiento de la citada caja de ahorros, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lanzó una advertencia al establecer que dicha compañía carecía de la autorización para operar recursos del público.

En diciembre de 2013, el Juzgado Sexto Penal del sistema inquisitorio giró órdenes de aprehensión en contra de Carlos Francisco Cámara Martínez, José Abel Ordaz Gutiérrez, los hermanos Miguel Ángel, Jorge Alberto y Claudia Rubí Argáez López, e Ileana Guerrero Castillo, acusados de defraudar a unos 400 socios.

Sin embargo, el amparo que presentaron impidió su encarcelamiento, por lo que presentaron su declaración preparatoria por escrito.

En todo momento, Rivas Rodríguez pretendió deslindarse de la problemática, el principal motivo, varios de sus amigos y compañeros estaban implicados en el problema, motivo por el cual envió al caso al Gobierno Federal.

De acuerdo con el expediente de la FGR de Crecicuentas UEIDFF/FINM07/06/2015, fueron 190 las denunciantes penales transferidas en el tercer trimestre de 2015, las cuales fueron canalizadas en la Ciudad de México, por lo que el caso estuvo a cargo de la Unidad Especializada en Delitos Fiscales y Financieros de tal Fiscalía, la cual ejerce las atribuciones del Ministerio Público de la Federación en materia de investigación y persecución de los delitos de fraude.

Pero, meses después, la mayoría de los expedientes fueron devueltos a la FGE, bajo el argumento de que no es competencia de la FGR, estaban mal integrados los expedientes o por la falta de documentos, entre otros pretextos.

Cabe recordar que, en un lapso de ocho años, tan sólo en Yucatán la empresa logró tener más de mil socios, quienes depositaron sus ahorros, cerca de 800 millones de pesos, sin embargo, la mala administración por parte de los integrantes de la familia Argáez López, quienes conformaban la directiva, provocó que a finales de 2012 se declarara en quiebra.

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