*Usó el gobierno estatal la pandemia de Covid-19 en 2020 para justificar millonarios gastos sin soporte fiscal real, de acuerdo a los informes de Auditoría, con daños por 873.5 millones de pesos
*Alimentos, prendas de seguridad personal, uniformes, artículos de construcción, reparación, y todo lo que se pudo cargar a diferentes secretarías bajo el argumento de la pandemia sirvieron para mover decenas de millones de pesos, sin embargo, muchas dependencias pararon labores y entonces ¿A quién se le compró todo lo que justifica?
*Se detectaron pagos por 66.8 millones de pesos en el mes de abril de 2020, por concepto de Ayudas a instituciones sin fines de lucro derivado del programa “Apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil, Agrupaciones y Asociaciones Religiosas”, por los cuales se observa que el padrón de beneficiarios proporcionado por la dependencia no cumplió con la estructura de información de los montos pagados por ayudas y subsidios
Redacción / Sol Yucatán
Mérida.- Derivado del resultado de la fiscalización de la cuenta pública 2021 realizada por la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoria Superior del Estado de Yucatàn, el gobierno de Mauricio Vila Dosal en Yucatán, causó un daño patrimonial por más de 873.5 millones de pesos.
Lo anterior se estima por una posible afectación de 307.0 millones de pesos a la hacienda pública por parte de la Auditoría a la Secretaría de General de Gobierno realizada por la ASEY y la Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-31000-19-1464-2021 1464-DS-GF aplicada por la ASF en donde se señala que al 31 de diciembre de 2020, el Gobierno del estado de Yucatán comprometió 873.210.4 millones de pesos.
De la revisión de las cuentas por pagar con el soporte documental proporcionado por la Secretaría General de Gobierno y el reporte de gastos propios proporcionado por la Secretaría de Administración y Finanzas, se detectó pago por 58.8 millones de pesos en el mes de marzo de 2020, por concepto de prendas de seguridad y protección personal, por el cual la entidad fiscalizada no proporcionó comprobante de pago al proveedor (transferencia bancaria o cheque).
De la revisión de las cuentas por pagar con el soporte documental proporcionado por la Secretaría General de Gobierno y el reporte de gastos propios proporcionado por la Secretaría de Administración y Finanzas, se detectó pago por 53.2 millones de pesos en el mes de octubre de 2020, por concepto de Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras, por el cual la entidad fiscalizada no proporcionó pedido o contrato y evidencia de la recepción de los bienes.
De la revisión de las cuentas por pagar con el soporte documental proporcionado por la Secretaría General de Gobierno y el reporte de gastos propios proporcionado por la Secretaría de Administración y Finanzas, se detectaron pagos por 129.1 millones de pesos en los meses de mayo, octubre y diciembre de 2020, por concepto de Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras, y Otros materiales y artículos de construcción y reparación; la entidad fiscalizada no proporcionó Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) y comprobante de pago al proveedor (transferencia bancaria o cheque); asimismo, no proporcionó orden de compra, pedido o contrato y evidencia de la recepción de los bienes de la cuenta por pagar 2490.
De la revisión de las cuentas por pagar con el soporte documental proporcionado por la Secretaría General de Gobierno y el reporte de gastos propios proporcionado por la Secretaría de Administración y Finanzas, se detectaron pagos por 124.7 millones de pesos en los meses de mayo y julio de 2020, por concepto de Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras y otros materiales y artículos de construcción y reparación, por los cuales la entidad fiscalizada no proporcionó orden de compra, pedido o contrato.
De la revisión de las cuentas por pagar con el soporte documental proporcionado por la Secretaría General de Gobierno y el reporte de gastos propios proporcionado por la Secretaría de Administración y Finanzas, se detectaron pagos por 66.8 millones de pesos en el mes de abril de 2020, por concepto de Ayudas a instituciones sin fines de lucro derivado del programa “Apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil, Agrupaciones y Asociaciones Religiosas”, por los cuales se observa que el padrón de beneficiarios proporcionado por la dependencia no cumplió con la estructura de información de los montos pagados por ayudas y subsidios, carece del monto del apoyo; asimismo, de la cuenta por pagar 1919 no proporcionó el Anexo 3. Formato de recibo de entrega de apoyo firmado por el beneficiario
RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN
Control Interno Observación número 1. Se analizó el control interno instrumentado por la entidad fiscalizada, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) implementado por el Sistema Nacional de Fiscalización; aplicando un cuestionario de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno implementados. Derivado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por componente se tiene lo siguiente:
Ambiente de Control, nivel Medio: Existe un riesgo moderado de que no se cumplan con los objetivos de la entidad, debido a que se detectaron debilidades y/o carencias de: procedimientos de vigilancia, detección, documentación y denuncia de violaciones a los valores éticos de la entidad; existencia de comités o grupo de trabajo de: auditoría interna y control y desempeño institucional; documento en que se establezcan las áreas, funciones y responsabilidades en materia de fiscalización y rendición de cuentas; manual de procedimientos para la evaluación de desempeño del personal que labora en la institución.
Administración de Riesgos, nivel Alto: Existe un riesgo bajo de que no se cumplan con los objetivos de la entidad, sin embargo, se detectó debilidad y/o carencia de: determinación de parámetros de cumplimiento respecto de las metas establecidas y comité de administración de riesgos.
Actividades de Control, nivel Medio: Existe un riesgo moderado de que no se cumplan con los objetivos de la entidad, debido a que se detectaron debilidades y/o carencias de: comité de tecnologías de información y comunicaciones, programa de adquisición de equipos y software, inventario de sistemas informáticos y de comunicación en operación, y políticas de seguridad para sistemas informáticos y de comunicación. Asimismo, la entidad fiscalizada en algunos casos no documentó las siguientes actividades de control: comprobante de transferencia bancaria del pago, requisición de bienes, servicios o mantenimiento, orden de compra, servicios o mantenimiento, orden de pago, contratos, convenios o pedidos autorizados; documento de recepción del bien o servicio autorizado por el área usuaria o receptores del bien o servicio, bitácora de mantenimiento y reparación de vehículos; en la celebración de contratos no se establecieron los entregables o testigos del gasto.
Información y Comunicación, nivel Bajo: Existe un riesgo alto de que no se cumplan los objetivos y metas de la entidad, debido a que se detectaron debilidades y/o carencias de: responsables en materia de presupuesto y responsabilidad hacendaria y de contabilidad gubernamental, y evaluación de control interno a los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las actividades sustantivas, financieras o administrativas de la institución.
Supervisión, nivel Bajo: Existe un riesgo moderado de que no se cumplan con los objetivos de la entidad, debido a que se detectó debilidad y/o carencia de: evaluación de objetivos y metas, programa de acciones de problemas detectados y seguimiento de acciones.
Al 31 de diciembre de 2020, el Gobierno del estado de Yucatán comprometió 873.210.4 millones de pesos que representa el 100.0% y pagó 825,979.1 millones de pesos, que representa el 94.6% de los recursos disponibles, en tanto que al 31 de marzo de 2021 pagó 872,533.4 millones de pesos que representó el 99.9% de los recursos disponibles a esa fecha.
Por otra parte en la Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-31000-19-1464-2021 1464-DS-GF aplicada por la ASF, realizada al Gobierno del Estado de Yucatán en los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, respecto de los 47 mil 519,313.8 millones de pesos asignados en el ejercicio fiscal 2020 a través de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, se verificó la aplicación de los recursos transferidos al estado de Yucatán, que ascendieron a 871,418.5 millones de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión el 100% de los recursos asignados a dicho ente.
La Auditoría Superior de la Federación revisó 871,418.5 millones de pesos, que representan el 100% de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Yucatán mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
Al 31 de diciembre de 2020, el Gobierno del estado de Yucatán comprometió 873.210.4 millones de pesos que representa el 100.0% y pagó 825,979.1 millones de pesos, que representa el 94.6% de los recursos disponibles, en tanto que al 31 de marzo de 2021 pagó 872,533.4 millones de pesos que representó el 99.9% de los recursos disponibles a esa fecha. En cuanto al ejercicio de los recursos del fondo, el Gobierno del estado de Yucatán sólo infringió la normativa relativa a la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán, ya que se observó que, a pesar de estar terminadas las obras, una no disponía del acta de entrega-recepción; la observación determinada fue atendida por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este informe.
Asimismo, ha generado y puesto en operación diversas estrategias y mecanismos razonables en su sistema de control interno para las actividades que se realizan en la ejecución de los recursos del fondo y están orientados a garantizar la eficacia en el logro de sus objetivos, la confiabilidad de la información que genera y su ajuste a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, lo que fue corroborado con los resultados de la auditoría.
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