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ABREN LAS PUERTAS AL CRIMEN

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  • Diputados federales advirtieron que la autoridad electoral debe revisar si el abanderado del partido guinda está utilizando un sistema de financiamiento paralelo, a través de un pase de charola para beneficiar su campaña, que va a la baja.
  • Afirman que “el pase de charola” sin ninguna transparencia sería un financiamiento ilegal y que debe ser sancionado en Yucatán y donde se registre esa práctica, ya que puede ser aprovechado por el crimen organizado para meter recursos a las campañas.
  • El Instituto Nacional Electoral debe aplicar sanciones a Morena y su candidato a la gubernatura de Yucatán, Joaquín “Huacho” Diaz Mena, de acreditarse esquemas de financiamiento irregular a su campaña.

Gloria Islas / Corresponsalías Nacionales

El Instituto Nacional Electoral (INE) debe aplicar sanciones a Morena y su candidato a la gubernatura de Yucatán, Joaquín “Huacho” Diaz Mena, de acreditarse esquemas de financiamiento irregular a su campaña.

Sol Yucatán denunció que operadores políticos cercanos a Díaz Mena están solicitado aportaciones que oscilen entre los 15 y 35 millones de pesos a empresarios de la región, a cambio de contratos a futuro de la administración estatal, ayuntamientos e incluso del gobierno federal.

Legisladores federales advirtieron que la autoridad electoral debe revisar si el abanderado del partido guinda está utilizando un sistema de financiamiento paralelo, a través de un pase de charola para beneficiar su campaña, que va a la baja.

En entrevistas por separado, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marcelino Castañeda Navarrete, acusó que es una “maña” de Morena no sólo pasar la charola, sino pedir los famosos “moches”.

Dijo que los señalamientos sobre el presunto pase de charola son preocupantes porque evidencian que el partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su candidato a la gubernatura de Yucatán, quieren ganar elecciones a golpe de billetes.

Afirmó que “el pase de charola” sin ninguna transparencia sería un financiamiento ilegal y que debe ser sancionado en Yucatán y donde se registre esa práctica, ya que puede ser aprovechado por el crimen organizado para meter recursos a las campañas.

Comentó que es algo que debe ser combatido en estos procesos electorales y solicitar al INE que voltee a ver esas prácticas y tome cartas en el asunto.

Al respecto, el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Álvaro Jiménez Canale, señaló que al margen de lo legal y jurídico que puede resultar este esquema para allegarse de recursos para una campaña, lo peligroso es  la procedencia de los recursos, “te lo dé quien te lo dé”.

Aclaró que la legislación electoral permite las donaciones y son perfectamente fiscalizadas por la autoridad electoral, pero un “pase de charola” sin transparencia y opaco es jugar fuera de la ley y tiene muchos riesgos.

Recomendó a Huacho Díaz evaluar esos riesgos por presuntamente  incurrir en esas prácticas que no son admisibles por estar fuera de la legislación y la ética.

Insistió que el peligro es que se desconoce el origen de los recursos y los compromisos adquiridos para aceptar recursos de particulares para una campaña electoral a una gubernatura.

Jiménez Canales explicó que de acuerdo con la legislación en la materia, todos los recursos que se reciben de particulares tiene que ser reportada con el Impuesto sobre la Renta (ISR) y datos de facturación, es decir, todo muy claro y transparente.

Sin embargo, comentó que cuando ese dinero que llega para apoyar candidaturas no es reportado, “entonces el INE que es el encargado de fiscalizar los gastos de campaña tendrá que estar muy atento a esos esquemas”.

Apuntó que el  órgano electoral, entre sus atribuciones, tiene la facultad de revisar el origen, monto, destino y aplicación de recursos, para comprobar que sean utilizados de manera correcta y conforme a lo establecido por la normatividad.

La Comisión de Fiscalización tiene que asegurar que el origen de los recursos que utilizan los partidos y candidatos provenga de las fuentes permitidas por la ley, así  como que  no haya rebase  de los topes de campaña establecidos, dijo el legislador de MC.

Por ello, instó a que los actores políticos en Yucatán soliciten al INE que exija a candidatos y precandidatos a transparentar sus gastos, toda vez que como autoridad en la materia tiene atribuciones para sancionar e incluso anular elecciones en caso de rebase de topes de campaña o financiamientos irregulares .

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Mario Gerardo Riestra Piña, recordó que los delitos electorales a propuesta del presidente de la República son delitos graves que merecen prisión preventiva.

“Y vamos a estar muy pendientes de señalar y denunciar cualquier tipo de irregularidad como hemos hecho ya y quienes cometan algún ilícito estarán poniendo su propia integridad y libertad en riesgo”, sentenció.

Afirmó que estarán vigilantes que Morena y sus candidatos no recurran a esquemas ilegales para sus campañas electorales en Yucatán o cualquier entidad del país por su ambición al poder.

Se pronunció a favor de una fiscalización de candidatos donde existan sospechas de irregularidades en su financiamiento, que además de ser un blindaje para corregir el comportamiento contable de los sujetos obligados, evita que intereses como los recursos de procedencia ilícita o grupos de presión puedan intervenir en la contienda electoral.

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