Ya tiene al Congreso del estado, se apoderó de la Fiscalía y el Tribunal de Justicia es suyo con los magistrados que él mandó.
Rosas Moya, su ahora exsecretaria de Administración y Finanzas, será la primera directora de la Agencia de Inteligencia estatal para combatir el delito de lavado de dinero, atribuciones federales pero no le importa.
Redacción / Sol Yucatán
Salvo que ocurra algo extraordinario, la primera directora de la Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica (AIPE), popularmente bautizada como la “UIF Yucateca”, será Olga Rosas Moya, hasta el miércoles 24 despachaba como secretaria de Administración y Finanzas del gobierno de Mauricio Vila Dosal.
La funcionaria es parte del primerísimo círculo de confianza del gobernador y su familia es una de las de más poder político y financiero en el actual sexenio. Su hermana era la presidenta del Instituto electoral de Yucatán en la elección de 2018.
La Agencia tiene la principal tarea de advertir lavado de dinero en Yucatán, un delito federal, que como ya se ha dicho también, es investigado y seguido muy de cerca por las agencias estadounidenses contra el crimen, como la DEA en los Estados Unidos, que han prevenido que el gobierno de Vila está inmiscuido en esta actividad en la que participan además, personajes locales y foráneos que están moviendo mucho dinero en la Península yucateca.
La bonanza en Yucatán es lo suficientemente fuerte como para tener automóviles de 30 y 40 millones de pesos rodando en la famosa avenida de Paseo Montejo, un ícono de la historia de la entidad, así como en los nuevos y ostentosos fraccionamientos.
Sin embargo, la lupa está puesta en Yucatán, porque no hay grandes inversiones que justifiquen tanto dinero en las calles, no hay nuevos corporativos, no hay grandes industrias de cientos y miles de empleados; Mérida no es Guadalajara y Zapopan en Jalisco, ni Monterrey o San Pedro Garza en Nuevo León, tampoco es Polanco Ni Santa Fé en la Ciudad de México, con decenas de oficinas donde sus ejecutivos ganan miles de dólares al mes.
Dice Rosas Moya, que hay riesgos que podría enfrentar el crecimiento económico y social del estado y por eso se hicieron muchas inversiones en la policía.
Pero ahora, justifica que el reto principal es combatir el lavado de dinero y la defraudación fiscal, eso es una tarea del gobierno federal. ¿Entonces?
Igual que Mauricio Vila con su retórica permanente de que hay grandes inversiones en Yucatán atraídas por él, quien será la directora de la AIPE, dice que van a atacar el lavado de dinero.
Es cierto que en Mérida hay personas y empresas que están invirtiendo dinero y enfrentan juicios y cargos federales por lavado de dinero, lo que habrá que ver es si van a ser molestados por Rosas Moya o simplemente va a ir en contra de los detractores del gobierno, en contra de los críticos del gobierno o simplemente los grupos políticos y empresariales que no apoyan lo que hace Mauricio Vila, porque está mal hecho.
¿Van a investigar a Renán Barrera?, solo por poner un ejemplo de alguien que ha estado tres trienios al frente de la alcaldía de Mérida y no se sabe que ha pasado con 25,000 ó 30,000 millones de pesos cuando menos, de todo el presupuesto que ha operado y el municipio está en su peor época y mucho se habla de prestanombres que mueven ese presupuesto.
Dice Rosas Moya que esta Agencia no investiga al gobierno, sino a los lavadores de dinero.
¿Podría investigar las empresas fantasma y todas esas compañías fachada que hacen negocios con el gobierno y realmente no son empresas?
Por cierto, Mauricio Vila fue señalado de hacer negocios y no justificar el presupuesto con varias de estas empresas.
Lo que debe tener en cuenta la Agencia también, es que la investigación de lavado de dinero, blanqueo de activos, defraudación fiscal, operaciones con recursos de procedencia ilícita, son tareas que solamente puede hacer la federación, para eso existe realmente la Unidad de Investigación Financiera, que está íntimamente ligada a la Secretaría de Hacienda, no es una Agencia autónoma al servicio del poder, para perseguir adversarios políticos o simplemente los que le caigan mal a Vila.
Una de las justificaciones que si tiene esta Agencia es que con sus atribuciones puede alertar a sus amigos, socios, parientes y patrocinadores que si están lavando dinero y a diferencia del pasado, se les olvidó la discreción y el bajo perfil.
Con la “UIF Yucateca” para su protección y una incondicional al frente, Mauricio Vila termina de blindarse transexenalmente para no ser investigado y enjuiciado, al menos en Yucatán por el mal ejercicio del poder público, la mala administración del presupuesto, el enorme endeudamiento en que sumió a los yucatecos para hacer negocios.
El gobernador ya se apoderó de la Fiscalía, va a tener un fiscal que el propuso y que dure en el cargo 15 años, suficiente para que se olviden las fechorías; ya se quedó con el Tribunal de Justicia, corrió prácticamente a los magistrados que estaban y nombró a los suyos, gente sin experiencia pero son sus cuates y empleados, tiene al Congreso del estado con diputados lacayos que solo levantan el dedo, pero no tienen la mínima idea de lo que es legislar, y aunque no todos son de su grupo ni están de acuerdo con él, son agachones y no lo dicen en la tribuna.
Ese es el Yucatán de Mauricio Vila, que sueña con ser candidato presidencial o cuando menos senador, para tener fuero los siguientes seis años.
Claro que sabe lo que hizo ó ¿por qué tendría que protegerse a su salida?
