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ACUSADO DE ROBACHICOS

  • Las denuncias por tráfico de menores en el DIF Yucatán y la Prodemefa son una terrible realidad que sigue ignorada por el gobernador Mauricio Vila Dosal.
  • Después de tres años de gobierno, Vila Dosal aún no se pronuncia al respecto ni por el descarado robo de niños, niñas y adolescentes ni por el desfalco por parte del DIF de al menos un millón 254 mil pesos.
  • A finales del sexenio de Ivonne Ortega Pacheco y a principios de la administración de Rolando Rodrigo Zapata Bello, comenzaron las denuncias en contra del DIF por el supuesto robo de niños de familias mayahablantes y en condiciones de pobreza extrema.

Redacción/Sol Yucatán

Mérida.- Las denuncias por tráfico de menores en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF) y la Procuraduría de la Defensa del menor y la Familia (Prodemefa) son una terrible realidad que sigue ignorada por el gobernador Mauricio Vila Dosal, pues hasta ahora, después de tres años de gobierno, aún no se ha pronunciado al respecto ni por el descarado robo de niños, niñas y adolescentes ni por el desfalco por parte del DIF de al menos un millón 254 mil pesos.

Madres e hijos separados por supuestas denuncias de maltrato recibidas por la Prodemefa, menores que son dados en adopción aun teniendo familia que lucha por recuperarlos, niñas secuestradas para después ser violadas por personal del Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (Caimede), niños que son víctimas de trata al ser entregados a políticos, empresarios y/o extranjeros pederastas, así como familias destrozadas que no vuelven a ver a sus hijos son historias que Mauricio Vila, el flamante gobernador de Yucatán, ni ve ni oye, pero que son una realidad en la entidad.

A finales del sexenio de Ivonne Ortega Pacheco y a principios de la administración de Rolando Rodrigo Zapata Bello, comenzaron las denuncias en contra del DIF por el supuesto robo de niños de familias mayahablantes y en condiciones de pobreza extrema.

De acuerdo con los testimonios de personas afectadas y asesoradas por la organización civil Yucatán ¡Ya No Más Negocios Con Nuestros Hijos!, la Prodemefa lleva ya varios años realizando un extraño modus operandi para secuestrar menores de edad de familias marginadas.

Primero, la dependencia cita con engaños a padres y madres de familias de condición humilde, porque supuestamente recibieron una denuncia anónima en la que se les acusa de maltrato infantil. Las familias se presentan en las instalaciones de la dependencia y es ahí cuando el personal de la Prodemefa separa a los niños de sus padres para hacerles supuestos exámenes psicológicos.

Después, les hacen saber que no les devolverán a sus hijos porque los supuestos exámenes arrojaron que sí son víctimas de maltrato. Les comunican que hasta que entreguen un no ejercicio de la acción penal, a través de una investigación, entonces les devolverán a los pequeños. Y, a partir de entonces, les niegan todo tipo de información sobre sus hijos.

Las familias inician entonces un verdadero viacrucis, pues según la abogada Dariana Quintal Narváez, representante de dicha organización civil, por su situación económica, las familias afectadas tienen muchas limitaciones y no pueden contratar a un abogado para poder recuperar a sus hijos, por lo que han pasado años sin ver a sus pequeños o simplemente los pierden para siempre.

Y, en el caso de poder recurrir a solicitar un amparo para recuperar a sus hijos, las autoridades no les proporcionan siquiera un número de expediente de su caso; se les niega todo tipo de información. Una vez que los menores quedan bajo la custodia del Estado, la Prodemefa los entrega al Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (Caimede). Es entonces cuando empieza el verdadero infierno para los infantes.

CAIMEDE, SEGUNDO INFIERNO PARA NIÑOS VIOLENTADOS

Desde 2014, cuando la abogada Dariana Quintal Narváez detectó estas terribles irregularidades en la Prodemefa, se ha dedicado a apoyar a familias que buscan recuperar a sus hijos del infierno que viven en el Caimede.

La dependencia fue supuestamente creada para suplir a la casa cuna del DIF porque es muy chica; sin embargo, este lugar que en teoría debería de ser un segundo hogar es, en realidad, un segundo infierno para los menores que viven ahí. De acuerdo con las denuncias, los niños que son llevados a este lugar provienen de hogares en los que son violentados. Sin embargo, según ha demostrado la organización civil Yucatán ¡Ya No Más Negocios Con Nuestros Hijos! algunos simplemente han sido robados con engaños de sus casas.

Desde el sexenio de Zapata Bello, la Caimede cuenta con diversas denuncias acerca de maltrato a los menores, tocamientos, delitos sexuales e incluso la fuga de varios jóvenes. Irregularidades que la misma presidenta del patronato del Caimede admitió ante diputados locales.

En 2020, tras iniciar un juicio contra tres ex empleados acusados de violación sexual, salieron a relucir las condiciones en las que viven los menores: dormitorios enrejados, golpes, forcejeos, llaves de sometimiento, tocamientos sexuales y trifulcas son el pan de cada día en el supuesto segundo hogar para niños que han sufrido de violencia.

Sin embargo, los gobiernos de Yucatán se tomaron muy en serio esto del segundo hogar, pues no solo lograron recrear un lugar donde los niños viven violencia, sino hasta lograron crear uno todavía peor, donde las ‘mamis’ y los ‘papis’ –los supuestos psicólogos y cuidadores de los menores– se encargan de hacerles vivir una verdadera película de terror.

Según el testimonio de una madre de familia a quien la Prodemefa le quitó su hija porque al ser madre soltera, supuestamente no podía cuidarla, denunció que la adolescente de tan solo 14 años que logró fugarse del Caimede, no solo fue maltratada sino también agredida sexualmente por el personal.

La señora Ligia Beatriz Pillet Salazar se enteró, una semana después, de que su hija se había fugado del centro para menores y que se desconocía el paradero de la jovencita. Ninguna autoridad le informó de los hechos, ella fue a preguntar y fue así que supo lo que había ocurrido con la menor.

Gracias a las redes sociales, la mujer que es oriunda de Belice encontró a su hija que estaba perdida al no conocer la entidad. La madre de familia señaló que su pequeña estaba embarazada y que no volvería a entregarla al DIF, pues estaba horrorizada con las historias que su hija le contó que ocurrían en el Caimede.

La mujer denunció que los ‘papis’ del Caimede abusan de las menores. De acuerdo con el testimonio de la niña, los ‘papis’ del centro las inyectaban o les doblaban las dosis de sus tratamientos psiquiátricos para dormirlas y poder abusar de ellas.

“A mi hija la pusieron bajo tratamiento psiquiátrico, le aumentaron las dosis, le daban doble dosis. Me contó que solo tomaba los medicamentos y empezaba a temblar y enseguida se dormía. Cuando sentía peso sobre su cuerpo medio abría los ojos y veía la cara de alguno de los ‘papis’ sobre ella. Tenía marcas en el cuello, no lo sabía porque en ese lugar no hay espejos”, señaló la mujer en diciembre del año pasado.

Sin embargo, ya se le dio carpetazo a este caso debido a que podría poner al descubierto la red de tráfico de menores que desde hace muchos años se lleva a cabo desde el DIF y la Prodemefa en contubernio con personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).

DIF DESAPARECE 1.2 MDP

Vila Dosal conoce las denuncias contra el DIF por tráfico de menores, pero simplemente no ha tenido el interés por siquiera pronunciarse al respecto. Incluso sabe que la organización Yucatán ¡Ya No Más Negocios Con Nuestros Hijos! presentó una denuncia en contra de la ex encargada de la agencia de la Prodemefa, Arminda Guadalupe Jesús Ciau Flores, ex titular de la Agencia 29 de la Fiscalía General del Estado (FGE), ya que, de acuerdo con las acusaciones, fue ella quien estuvo haciendo malos manejos en contra de varias familias.

Las autoridades del DIF no solo parecen estar encubriendo una red de tráfico de menores, sino que también están desfalcando a la hacienda pública, pues según la evaluación a la Cuenta Pública 2020 se detectó un posible daño al erario de hasta un millón 254 mil 300 pesos.

La Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) presentó nueve observaciones, de las cuales cuatro fueron solventadas de manera parcial y solo una fue solventada.

De la revisión de los estados de cuenta bancarios, Balanza de Comprobación, auxiliares de cuentas y pólizas de registros contables, se detectaron diversos pagos por un millón 331 mil 500 pesos en los meses de febrero, marzo y de julio a noviembre de 2020, por diversos pagos de obra pública pagada con recursos propios, sin embargo, la dependencia no proporcionó justificación ni aclaración del registro contable incorrecto.

El DIF, mediante oficio DG/212/0057/2022 de fecha 20 de enero de 2022, proporcionó información y/o documentación con la que pretendió solventar la observación; no obstante, de su revisión y análisis se determina que la entidad acreditó la cantidad de 77 mil 200 pesos, quedando pendiente de acreditar un millón 254 mil 300 pesos.

Llama la atención que el DIF de Yucatán desaparezca los recursos que se le asignan en lugar de canalizarlos al Caimede que tanto lo requiere, a fin de mejorar sus instalaciones y contar con personal calificado.

Esto, porque de acuerdo con la presidenta del patronato del Caimede, la solución para terminar con la pesadilla que viven los menores que están bajo el cuidado de esta dependencia sería contar con mejor equipo, cámaras de vigilancia, personal profesional empezando por los psiquiatras y, debido a que el espacio ya es insuficiente para atender a los menores, incluso sería necesario construir un edificio nuevo.

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