Ricardo Ravelo
Tráfico de drogas, dinero y contrabando, las aduanas siguen sin ser saneadas a pesar de la militarización que ordenó el gobierno de Estados Unidos para garantizar l seguridad. La militarización continúa en el país. Primero le dieron al Ejército la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, pero no fue suficiente; después les otorgaron el control de los puertos bajo el argumento de que estaban siendo controlados por la mafia. Después, el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó la decisión, mediante un decreto, de entregar el control de las 49 aduanas del país a las Fuerzas Armadas para limpiar de corrupción ese sector que dependía del Sistema de Administración Tributaria (SAT). Ahora están bajo el control absoluto de la Secretaría de la Defensa Nacional. Lo cierto es que con esa determinación prácticamente todo el país está militarizado y la delincuencia organizada sigue sin ser combatida, lo que ha recrudecido la violencia en todo el territorio nacional
La corrupción prevalece en las aduanas del país.
En ese sector nada ha cambiado. El crimen organizado y la corrupción ahí siguen a pesar de la militarización que ordenó el presidente Andrés Manuel López Obrador para sanear el área aduanera.
Todo ha sido un fracaso.
Cuestionadas por la fuerte corrupción que impera, las aduanas del país siguen siendo las puertas de la mafia para la introducción de armas, drogas y dinero al país.
Desde hace por lo menos una década, la crisis se agravó en las aduanas debido a que su control lo mantiene el crimen organizado. Cárteles como el de Jalisco Nueva Generación, Golfo y Sinaloa ponen y quitan a funcionarios, de acuerdo con su conveniencia, para mantener su coto de poder en las 48 aduanas del país.
Y pese a la militarización, la corrupción sigue imperando en todos los niveles.
El año pasado, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio otro paso hacia la militarización total del país: Mediante un decreto creó la Agencia Nacional de Aduanas, la cual ya es operada por las Fuerzas Armadas.
El argumento del mandatario que sustentó su decisión fue que en las aduanas del país ha privado la corrupción, el saqueo, el tráfico de armas y drogas. En este nuevo esquema –dijo –“no habrá recomendados”. Las aduanas seguirán conectadas con el SAT, pero desincorporadas de la Secretaría de Hacienda. Cuando le preguntaron si los actuales funcionarios continuarán en sus puestos respondió que eso lo determinarán los nuevos operadores que lleguen.
En el país hay un total de 49 aduanas, pero las del norte del país y las que se ubican en el sureste son las más conflictivas, pues la mayoría están en manos de funcionarios ligados a la delincuencia organizada.
Antes de que el actual mandatario tomara posesión como presidente de la República sonó fuerte el rumor de que los funcionarios que arribarían a la Administración General de Aduanas (AGA) estaban vendiendo los cargos de administrador en varios millones de dólares, dependiendo la aduana que quisieran comprar.
Las más caras eran las del norte, las que se ubican en la zona fronteriza con Estados Unidos. Esto implicaba, entre otras cosas, que quien decidía comprar un puesto forzosamente tenía que ligarse a la delincuencia organizada para recuperar su inversión. Otro escenario no descartado es que los propios criminales invirtieran en la adquisición del puesto aduanero. Todo esto ocurrió en 2018.
El primer titular de la AGA en este sexenio fue Ricardo Peralta, quien fue despedido por presuntos actos de corrupción. A él se le atribuyó haber pagado sumas millonarias a los legisladores de Baja California para votar la polémica Ley Bonilla; se dijo entonces que los fondos habrían salido de las aduanas de Mexicali y Tijuana, dos de las más polémicas por estar controladas por el crimen organizado.
Tras los escándalos que envolvieron a Peralta, el funcionario fue despedido de la extinta AGA. Lo nombraron subsecretario de Gobernación, de donde después también salió, según la versión oficial, por falta de recursos ante el tema de la austeridad republicana. Nada más falso.
En su lugar llegó a la AGA Ricardo Ahued, un empresario y político ligado a MORENA que actualmente es alcalde de la ciudad de Xalapa, Veracruz. Fue senador de la República y se afirma que es una pieza clave del presidente López Obrador para la gubernatura de Veracruz en el 2024, aunque también una fuerte aspirante es Rocío Nahle, actual secretaria de Energía.
Lo cierto es que ni Ricardo Peralta ni Ahued pudieron limpiar la corrupción en las aduanas. Ahued terminó renunciando al cargo y no pudo con el paquete.
Ahora el tema de las aduanas dio un giro drástico al pasar su operación a manos de las Fuerzas Armadas, lo que es otro signo preocupante debido a la militarización del país que ha decidido el presidente.
Antes, el presidente les había entregado las operaciones de las Agencias Portuarias Integrales (APIS), responsables de las tareas en los puertos del país. Debido a la corrupción y al incontrolable tráfico de drogas, los puertos pasaron a ser controlados por el Ejército.
En parte hay razones para reforzar la seguridad en las aduanas, pues se volvieron un botín de funcionarios y criminales. Por las aduanas pasaba todo: droga, armas, dinero, mercancía ilegal de contrabando, como textiles, y todo tipo de productos que se vendían en el mercado negro. Todo esto se hacía con el instrumento de la corrupción. No cabe otra explicación.
Las aduanas, en manos del crimen
Después de una amplia investigación –la que continúa con el apoyo del Ejército y la Marina – la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó dos denuncias por lavado de dinero ante la Fiscalía General de la República (FGR) que involucró a dos exadministradores de aduanas.
Se trata de Guillermo César Calderón y Abel Cárdenas Lara, quienes tenían a su cargo las aduanas de Puerto Progreso, Yucatán, y Tuxpan, Veracruz.
Al primero se le acusa de permitir el tráfico de diésel marino robado, el cual era comercializado entre empresarios de Puerto Progreso y otros lugares de Yucatán.
Una investigación del SAT, de la Secretaría de Marina y del Ejército permitió descubrir que en Puerto Progreso operaba una empresa, conectada con mafias de Costa Rica, que movían cuantiosos cargamentos de droga a través de la comercialización de tiburones y el llamado pepino de mar que introducían a Estados Unidos.
De acuerdo con las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, entonces a cargo de Santiago Nieto, en Puerto Progreso, Yucatán, se llevó a cabo una millonaria operación de tráfico de drogas que utiliza como fachada la comercialización de productos del mar. Con esa fachada introducen droga a Estados Unidos, a través de Miami.
Pero los tentáculos son más grandes: La empresa pesquera y congeladora realiza lavado de dinero del narcotráfico, ha incurrido en defraudación fiscal y tiene conexiones que llegan hasta Hong Kong, China.
En ese tiempo Santiago Nieto dijo que la operación con los narcóticos viene de Costa Rica hacia el estado de Yucatán y se han detectado operaciones de dinero por 554 millones de pesos.
Una de las empresas recibe los recursos –explica el funcionario –y distribuye son sus empresas aliadas y socios. Hay retiros por 783 millones de pesos y fiscalmente declaran 650 millones y tienen deducciones por 629 millones.
La red es amplia, se asegura, y puede involucrar a políticos de esa entidad ligados al crimen organizado.
Cárdenas Lara, por su parte, quien estaba a cargo de la aduana de Tuxpan, Veracruz, se le vinculó con el tráfico de combustibles; además, tenía arreglos con la mafia china para la introducción de mercancías y movían hasta cargamentos de la llamada vaquita marina.
También dejaba introducir totoaba y pepino de mar, que eran pescados ilegalmente en los mares mexicanos y que en el mercado asiático es altamente cotizado por sus efectos afrodisíacos. Luego eran enviados a países de Asia, donde tienen una gran demanda.
Tanto César Calderón como Cárdenas Lara estuvieron ligados a Ricardo Peralta, exdirector de Aduanas, quien fue destituido presuntamente por estar implicado en casos de corrupción, pero luego fue nombrado subsecretario de Gobernación de donde más tarde también fue despedido.
Las investigaciones continúan en las 49 aduanas del país, dijo Santiago Nieto. Los próximos en ser denunciados podrían ser agentes aduanales vinculados al narcotráfico y al lavado de dinero, uno de ellos, es un personaje de Mexicali, Baja California, quien pronto podría ser capturado.
La corrupción en las aduanas siempre ha sido un grave problema, sobre todo por la presencia del crimen organizado y las redes dedicadas al contrabando.
En las aduanas se mueve mucho dinero y quien no entra al juego de la corrupción simplemente se muere.
Quizá por ello Ricardo Ahued –exalcalde de Xalapa, Veracruz, y quien estuvo al frente de la Administración General de Aduanas –renunció al cargo. Se asegura que Ahued platicó con el presidente y le dijo que él prefería ser gobernador de Veracruz y desde esa posición seguirá apoyando su proyecto político. Actualmente es alcalde electo de Xalapa y desde esa posición buscarán ser el nuevo gobernador de esa entidad.
