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ALBERTO ELÍAS BELTRÁN, SU HISTORIAL

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Redacción/Sol Quintana Roo/Sol Yucatán/Sol Campeche/La Opinión de México

CIUDAD DE MÉXICO.-Desde 1998 Alberto Elías Beltrán, se desempeñó como subdirector de litigio penal de lo jurídico contencioso de Banca Serfín y a partir de 2007, asumió su primer cargo público como director general adjunto de la PGR y ese mismo año, se integró a la Secretaría de Hacienda donde permaneció hasta noviembre de 2016. Su último cargo en Hacienda fue como Director General Adjunto de Asuntos Normativos e Internacionales y de Procesos Legales en la Unidad de Inteligencia Financiera.

En 2017, Elías Beltrán fue nombrado Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, pero en octubre de 2017 se convirtió en encargado de despacho de esa institución la renuncia de su entonces titular Raúl Cervantes Andrade, en el marco de las discusiones en el pleno del Senado para designar al primer fiscal General de la República, organismo autónomo que sustituiría a la PGR en 2018.

En junio de 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentó una denuncia en contra de Elías Beltrán y su esposa, Marcela Kuchle López, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, debido a movimientos bancarios realizados desde 2016.. Pero Elías Beltrán aseguró que no tenía conocimiento de que era investigado.

Ese año, quien fue director de la PGR durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, creó la firma MCRELL Consultores, junto a Jaime Felipe Rayas Dávalos, Luis Manuel Cobos y Rafael Sánchez. De inmediato recibió un depósito de 324,800 pesos de parte de la empresa Kuchle y Asociados, propiedad de su cónyuge, creada el mismo año.

En su demanda, la UIF señaló que se hicieron diversos movimientos financieros en las cuentas bancarias de la esposa de Beltrán por un monto de 100 millones de pesos provenientes de varios despachos de abogados.

En respuesta, Elías Beltrán aseguró que se trataba de una venganza por parte del titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, a quien destituyó de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en octubre de 2017 por “violentar el principio constitucional de debido proceso y el Código de Conducta” de la entonces PGR.