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EN TOTAL PENUMBRA

En la carretera Mérida-Tixkokob, a la altura de la colonia Francisco Villa Oriente, se puede apreciar el contraste de la iluminación pública. Una parte está iluminada y la otra la que le corresponde al Alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, está en la obscuridad.

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Alcalde desafía a la SCJN

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  • La Juez Tercero de Distrito Karla Alexandra Domínguez Aguilar, vinculó al Cabildo de Tizimín al negarse a pagar un laudo de casi 11 millones de pesos por el despido de un grupo de trabajadores que cesó
  • En caso de una negativa, la Juez vincula a todo el Cabildo de Tizimín, pero también lo hará con el director de administración y finanzas, con el Presidente del Congreso del Estado y el Gobernador por desacato

*El alcalde Pedro Cohuo ya le ha ocasionado un gran daño patrimonial al municipio, debido a que el laudo ya se incrementó más del doble y a pesar de que no cuenta con ningún recurso legal no quiere pagar

Redacción/Sol Yucatán

El Ayuntamiento de Tizimín, encabezado por el panista Pedro Cohuo Suaste, se enfrenta al litigio más grave de su historia, que no sólo lo involucra a él, sino a todo su Cabildo y que incluso podrían ir a la cárcel.

La Juez Tercero de Distrito, Karla Alexandra Domínguez Aguilar, con sede en Yucatán, los vinculó por el desacato a un mandato judicial, es decir, se niegan a pagar un laudo a favor de un grupo de ex trabajadores del Ayuntamiento, quienes fueron despedidos entre los años 2005 y  2007, es decir, durante su administración municipal y que al abogado Lincoln Palma Rodríguez comprobó que el despido fue injustificado.

Ante la negativa del edil, que por cierto son trabajadores que laboraron durante su administración municipal en el periodo 2004-2007, el Juez lo vinculó junto con todo su Cabildo.

Envió un mandato judicial al Congreso del Estado, encabezado por Víctor Hugo Lozano Poveda, a la Secretaría de Administración y Finanzas, encabezada por Roberto Suárez Coldwel, y al Gobierno del Estado, encabezado por Mauricio Vila Dosal.

El juzgador exhortó a los titulares de esas dependencias a que realicen los ajustes necesarios para garantizar el pago del adeudo a favor de los ex trabajadores municipales.

Es decir, le retengan los recursos de sus partidas, lo que generaría serias repercusiones en los servicios públicos u obra pública o bien le autoricen contratar un préstamo.

Esto debido a que el Ayuntamiento se ha negado sistemáticamente a pagar la sentencia emitida por los tribunales de índole laboral.

Cohuo Suaste, ya le ha notificado a su cuerpo edilicio sobre la resolución judicial y su alcance.

Al día de hoy el monto que se debe asciende a poco más de 11 millones de pesos. En el 2012, año en el que dictó la sentencia el adeudo era 5 millones de pesos, es decir, ya se ha causado un grave daño patrimonial al municipio, ya ha crecido a más del doble.

En caso de caer en desacato el caso sería turnado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con lo cual serían dos Ayuntamientos, ambos panistas, que estarían vinculados ante el máximo órgano de justicia del país.

Sin embargo, la Juez no sólo vincularía al alcalde Pedro Cohuo Suaste y a su Cabildo, sino también a los titulares del Congreso del Estado, al Secretario de Administración y Finanzas y hasta al Gobernador, por negarse a cumplir un mandato judicial que está bajo la causa laboral 210-2007.

De acuerdo a la propia Ley, en caso de que los ministros de justicia fallen a favor de los ex empleados, podrían ser destituidos, multados e incluso encarcelados.

La negativa, el berrinche político y la terquedad de Cohuo Suaste, de cumplir la sentencia, ya le costó a los tizimileños 6 millones de pesos, que tendrán que pagar, ya que no le queda ningún recurso legal para revertir el sentido de la sentencia emitida en su momento por el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los municipios.

Tal vez la estrategia del edil panista es prolongar aún más el asunto y heredar la deuda a la próxima administración, sin importar que cada día que transcurre el daño patrimonial al municipio será mayor.

La Juez envió un ultimátum para que paguen, ya que de no tener respuesta todo el Cabildo, podría ser multado, destituido y denunciado penalmente donde la pena es de hasta 10 años de prisión.

El edil y sus asesores están menospreciando los alcances del mandato judicial, al grado de que ni siquiera se ha puesto a discusión en sesión de Cabildo la posibilidad del cumplimiento de la sentencia.

Hay que recordar que desde agosto pasado el Ayuntamiento de Mérida está vinculado por el desacato de la Juez Mercedes Méndez, debido a que la Comuna encabezada en ese entonces por Renán Barrera se negó a pagar la sentencia por la cancelación del contrato a las luminarias a ABC Leasing, el cual asciende a 588 millones de pesos.

Por este caso el actual precandidato del PAN al Gobierno del Estado fue denunciado penalmente por daño patrimonial, lo que podría ocurrir con el edil tizimileño.

No hay que olvidar que la Comuna, encabezada por Cohuo Suaste, fue denunciada por cuatro comisarios para que les pague un salario digno, debido a que la Comuna, les pagaba 800 pesos al mes, es decir, 26 pesos por día.

Acudieron al Tribunal Electoral de Yucatán donde interpusieron la denuncia, la cual quedó asentada bajo el número JDC/006/2023, presentaron las evidencias documentales y testimoniales y el 1 de agosto se emitió la sentencia donde les daban la razón.

Tras tres meses de litigio, el Tribunal Electoral de Yucatán les dio la razón y sentenció a la Comuna de Tizimín a pagar a los comisarios de San Andrés, Yaxchekú, San Luis Tzuk Tuk y Santa Rosa y Anexas, un salario mínimo vigente en el estado a partir de noviembre del 2021 hasta el 1 de agosto de este año.

Es decir, el Tribunal condenó al Ayuntamiento a pagar en promedio a cada uno de los comisarios la suma de 122 mil pesos. La sentencia fue firmada por el abogado Fernando Javier Bolio Vales, Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Yucatán.

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