- Pese a los anuncios oficiales, el programa «Aliados por la Vida» carece de detalles concretos sobre su implementación, objetivos claros y presupuesto asignado, lo que lo hace parecer más una estrategia de propaganda que un esfuerzo real para atender la crisis de salud mental en Yucatán.
Redacción/Sol Yucatán
El gobierno de Yucatán ha lanzado con bombo y platillo el programa Aliados por la Vida, una supuesta estrategia integral para atender problemas de salud mental, adicciones, violencia y suicidio en el estado. Sin embargo, más allá de la parafernalia oficial y los discursos optimistas, la realidad es que el plan carece de estructura, objetivos claros y mecanismos de operación bien definidos.
El gobernador Joaquín Díaz Mena anunció la iniciativa el pasado viernes 7 de febrero, asegurando que busca prevenir y atender problemas emocionales en la infancia y adolescencia, reducir la violencia intrafamiliar y mantener la paz en Yucatán. Hasta ahí, la propuesta suena loable. El problema es que, a la fecha, no se han presentado detalles concretos sobre su implementación.
El gobierno asegura que la estrategia cuenta con 100 programas, 20 dependencias involucradas y la participación de instancias federales y grupos civiles. También afirma que hay un Comité Estatal que da seguimiento a las acciones. Sin embargo, la información pública sobre estos aspectos es prácticamente nula.
Los boletines oficiales no mencionan cuáles son esos 100 programas, qué instituciones los ejecutarán, qué presupuesto tienen asignado ni cuál es el plan de acción. Tampoco se ha dado a conocer quiénes integran el supuesto comité que supervisará los avances. Es decir, el gobierno dice que hará algo, pero no dice cómo, ni cuándo, ni con qué recursos.
Se habla de tres pilares: prevención, atención inmediata y acompañamiento. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? No hay metas claras ni indicadores para medir el éxito del programa. No se ha explicado cómo se coordinarán las dependencias, qué papel jugarán los municipios o qué acciones específicas se implementarán en cada sector de la población.
Falta de logística y planeación
Uno de los pocos detalles que se han revelado es que Aliados por la Vida iniciará en 60 municipios. ¿Cuáles? No se sabe. Se atenderá a niños, adolescentes y adultos mayores. ¿Cómo? Tampoco se ha explicado.
El programa incluye pláticas de valores, música, cultura y deporte en 3 mil 200 escuelas de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Si realmente quieren llegar a todas, tendrían que visitar más de una escuela al día, sin descanso, sin embargo, no se plantean aún cómo planean hacerlo ni qué personal lo ejecutaría.
Otro punto preocupante es que se han capacitado 95 psicólogos para aplicar herramientas de detección de problemas emocionales. Con 60 municipios en la estrategia, esto equivale a menos de dos psicólogos por municipio. ¿Podrán cubrir la demanda? ¿Qué acciones tomarán con los casos detectados? ¿Qué seguimiento recibirán los pacientes?
La estrategia, además, incluye la aplicación de cuestionarios POSIT, ASSIST, GAD-7 y PHQ-9 para evaluar a la población en riesgo. Pero no se ha especificado cuántas personas serán evaluadas, cuántos cuestionarios se aplicarán al mes o en qué plazo se pretende concluir esta fase de diagnóstico.
El acto de presentación del programa estuvo lleno de aplausos y discursos optimistas, pero vacío de compromisos concretos. Los pocos asistentes cuyos nombres se hicieron públicos son líderes empresariales, como Alejandro Gómory Martínez (Canacintra), Enrique Molina Casares (Canacome) y Alejandro Rivas Pintado (CIRT).
Curiosamente, ninguno de ellos ha exigido que se aclaren los detalles del plan. O simplemente no hay información y están dispuestos a respaldar un proyecto improvisado sin exigir rendición de cuentas.
A falta de información, las dudas crecen, pues no se sabe ni especifica cuánto costará esta estrategia y de dónde saldrá el presupuesto, tampoco se han definido los plazos de implementación y los objetivos medibles, no hay una lista de las instituciones, asociaciones o expertos que respaldan el plan; no hay claridad en cuáles serán los mecanismos de evaluación se utilizarán para medir los resultados. Una de dos, o están reservando la información por alguna razón, o todo es improvisado e irá saliendo sobre la marcha; la pregunta es ¿Por qué se presenta una iniciativa de esta magnitud sin claridad en su ejecución?
Un plan con más dudas que respuestas
Hasta ahora, Aliados por la Vida parece más un esfuerzo de relaciones públicas que una estrategia real para atender la crisis de salud mental en Yucatán. El gobierno de Huacho Díaz está vendiendo la idea de que está haciendo algo, pero sin sustento.
Si esta iniciativa realmente busca un impacto positivo, el gobierno debe transparentar los detalles, definir objetivos concretos y garantizar que no se trate solo de una cortina de humo para fingir que se atienden problemas que, en realidad, siguen descontrolados.
Los yucatecos merecen respuestas y soluciones, no discursos vacíos.
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