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EDITORIAL: ¿PARA ESO HICIERON GANAR A LOS PANISTAS?

Redacción | Sol Yucatán ¿Para eso hicieron ganar a los panistas?, pero ya es demasiado tarde, tendrán que esperar hasta el 2024 y ojalá...

AMLO: DOBLE MORAL, TURBIO MANEJO DEL PRESUPUESTO

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*Al igual que sus antecesores en la Presidencia, AMLO actúa de manera turbia en el manejo de los recursos públicos. En su primer año de gobierno, el gasto federalizado ejercido por el presidente López Obrador registró irregularidades por más de 25 mil millones de pesos. La reconstrucción de viviendas, escuelas y hospitales tras los sismos de 2017 y 2018 que tuvo un presupuesto de ocho mil millones de pesos el año pasado, fue la que registró un mayor cúmulo de anomalías.

 

*Falta de documentación comprobatoria, pagos indebidos o en exceso, recursos o rendimientos financieros no ejercidos sin ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, figuran en una larga lista de actos de corrupción.

 

REDACCIÓN/SOL QUINTANA ROO

 

Ciudad de México.- A diario, en sus mañaneras, el presidente López Obrador presume de la honestidad de los miembros de su gabinete y habla de los “cochupos” de las administraciones que le antecedieron, pero siempre evade u omite referencia alguna sobre actos de corrupción de su gobierno.

Tan sólo en su primer año de ejercicio del dinero público, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le detectó al gobierno de la Cuarta Transformación irregularidades por más de 25 mil millones de pesos. Esto derivó en el fincamiento de responsabilidad administrativa contra 14 mil servidores públicos de la Cuarta Transformación, por su probable responsabilidad en actos de corrupción.

Se trata de 370 auditorías a 14 fondos y programas: 337 al gasto federalizado programable y 33 a la distribución de las participaciones federales.

Los fincamientos de responsabilidad resarcitoria inician una vez que se determina que las observaciones hechas por la ASF no fueron solventadas, previa comparecencia de los servidores públicos y particulares, presuntamente responsables de haber causado daños a la Hacienda Pública federal.

Un hecho que sobresale en la larga lista de anomalías en el ejercicio del dinero público por parte del gobierno de la 4T, es que el informe de la Auditoría Superior de la Federación pospuso para febrero del año entrante la entrega de las auditorías realizadas a los programas sociales y los megaproyectos de AMLO.

Esto significa que la ASF no ha concluido las auditorías a los programas prioritarios de AMLO como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida o Becas Benito Juárez, ni a mega obras como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el Corredor Transístmico o el aeropuerto de Santa Lucía.

Sobre este punto, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Mario Rodríguez, lamentó que hasta hoy no se tenga un reporte de cómo se está ejerciendo el presupuesto millonario destinado por la actual administración a los programas sociales y los megaproyectos del presidente López Obrador.

“Hubiéramos esperado que, al menos algunas de las inversiones que han tenido mucha resonancia en la opinión pública y de parte del presidente López Obrador, pudieran haber entregado algunos avances al respecto; entendemos los tiempos para poder cerrar ciclos o para continuar haciendo auditorías hasta febrero, pero es lo que pudiéramos tener como información previa para tener una opinión respecto a la utilización de los dineros, en donde además, están utilizando los mayores recursos”, dijo.

“Estamos en duda de cómo se está llevando a cabo la administración de estos recursos, por eso era importante que tuviéramos un avance, al menos en algunos de los rubros que han estado en discusión y en señalamientos, que tuviéramos algo; evidentemente, ellos están en su facultad de poderlo mandar hasta febrero”.

En opinión de legisladores de oposición, como la diputada Verónica Juárez Piña, los resultados de la Cuenta Pública de 2019 confirman que el supuesto combate a la corrupción que tanto presume el presidente López Obrador, es una farsa.

Recordó que luego de un retraso de varios meses por la emergencia sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19, la ASF entregó el pasado 30 de octubre a la Cámara de Diputados 487 informes individuales del gasto público ejercido en 2019 por los tres órdenes de gobierno.

Del monto total observado (25 mil 748 millones de pesos), 14 mil 047 millones de pesos (54.6 por ciento) correspondió a falta de documentación comprobatoria; el ocho por ciento a pagos improcedentes o en exceso; el 6.5 por ciento a recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados, ni comprometidos y sin ser reintegrados a la Tesorería de la Federación y el 4.9 por ciento a transferencias de recursos a otras cuentas bancarias. El 26 por ciento restante correspondió a otros conceptos.

Del total auditado por la ASF, el 83.1 por ciento fue determinado en las auditorías realizadas al gasto federalizado programable, el 13.2 por ciento a las revisiones del cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera y el 3.7 por ciento restante a la distribución de las participaciones federales.

Sin embargo, para legisladores opositores y especialistas en finanzas públicas, resulta preocupante que esta revisión del órgano de fiscalización no incluyera los programas prioritarios ni las megaobras del presidente López Obrador, pues son donde el gobierno federal está destinando la mayor parte del presupuesto público, incluso en el marco de la emergencia sanitaria y de la crisis económica que enfrenta el país.

Esto no sólo contradice el supuesto combate a la corrupción, sino que coloca un manto de impunidad sobre estos programas y megaproyectos que son prioritarios de AMLO y que, además, se están utilizando con fines clientelares rumbo a las elecciones de 2021.

Gasto en salud con más anomalías

Una de las dependencias con el mayor número de observaciones por parte de la ASF en plena crisis sanitaria, es la Secretaría de Salud. Y esto obedece en parte a la decisión presidencial de otorgar los contratos del sector sin licitaciones de por medio, lo que resultó contraproducente porque en muchos casos se entregaron equipos a sobreprecio e inservibles y se ha generado desabasto de medicamentos.

De acuerdo con la ASF, de los 25 mil 748 millones de pesos que se deben aclarar en el primer año del gobierno de AMLO, los fondos y programas del sector salud representan 80.76 por ciento del total.

Según el órgano de fiscalización, la suma de tres programas del ramo da un total de 20 mil 794.1 millones de pesos, siendo el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) el que resultó con las mayores irregularidades, al no justificar 9 mil 536.6 millones de pesos.

El Seguro Popular no pudo justificar el destino de 8 mil 499.6 millones, en tanto que el Programa de Atención a la Salud de Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Laboral, tiene pendiente de aclarar 2 mil 667.9 millones de pesos.

El presidente López Obrador no sólo causó un daño irreparable a la población al aplicar una política de austeridad irresponsable en el sector de salud e implementar una política fallida contra la pandemia, sino que ha hecho un uso poco eficiente y turbio de los recursos públicos, como lo demuestra el informe de la Auditoría Superior de la Federación.

Como resultado de las auditorías, se determinó un monto observado de 25 mil 748 millones de pesos a las entidades fiscalizadas, de los cuales se recuperaron 738 millones, es decir, las entidades fiscalizadas reintegraron esos recursos. Los 25 mil 010 millones de pesos restantes son montos susceptibles de aclararse por las entidades fiscalizadas.

La ASF señaló que más adelante se presentará otro informe “más fuerte” de las auditorías a las obras de infraestructura, Congresos locales, a la Judicatura de la Federación y a la Cámara de Diputados.

“La fiscalización de los recursos se ha convertido en un reto debido al elevado número de ejecutores, así como su dispersión en el territorio nacional, como ejemplo, en 2019 había 2,452 municipios, ello sin considerar la asimetría y diferencias entre los mismos, como número de habitantes, población en situación de pobreza, entre otros“, señala el informe de la ASF.

Con respecto a los fondos y programas del gasto federalizado, la mayor proporción del monto total observado se concentró en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, FASSA (38.4 por ciento), el Seguro Popular representó el 34.3 por ciento, el cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera (13.7 por ciento), el Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral (10.7 por ciento).

En tanto, los fondos y programas auditados con los valores más altos en el indicador “monto observado contra la muestra auditada” fueron: Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral (58.2 por ciento), Programa Nacional de Inglés (28.9 por ciento), Seguro Popular (21.9 por ciento) y Expansión de la Educación Inicial (14.3 por ciento).

En esta entrega parcial, la ASF incluyó auditorías al Fondo de Gastos Catastróficos y al Programa de Vigilancia Epidemiológica, al Fonden, así como al IMSS, al ISSSTE y a los Laboratorios Birmex.

También entregó auditorías a PEMEX Exploración y Producción y a PEMEX Fertilizantes, por las inversiones a la rehabilitación de plantas de fertilizantes nitrogenados de Veracruz. En cuanto a obras de infraestructura, incluyó auditorías al Tren México-Toluca y al Tren de Guadalajara.

La ASF halló irregularidades en obras y ciberseguridad de Petróleos Mexicanos (PEMEX), tras el ciberataque de hace un año, y en el desempeño de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), incluyendo un pago adicional de más de seis mil millones de pesos por la renegociación de contratos de gasoductos con firmas privadas.

Si bien la CFE en 2019 cumplió con la meta establecida de porcentaje de energía eléctrica generada por medio de renovables y el indicador de emisión de gases de efecto invernadero se encontró dentro del límite, en su plan de 2019-2024 carece de objetivos, estrategias y líneas de acción orientadas al cumplimiento de la meta 7.2 de la Agenda 2030 (aumentar la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas), ni acreditó su coordinación con la Secretaría de Energía en este rubro, observó la ASF.

La Comisión Federal de Electricidad no es ni rentable ni competitiva, advierte el informe de la Auditoría Superior de la Federación respecto a la actividad desempeñada durante 2019 por la empresa productiva del Estado.

De la misma forma, la reconstrucción de viviendas, escuelas y hospitales tras los sismos de 2017 y 2018, que tuvo un presupuesto de ocho mil millones de pesos el año pasado, fue otro de los rubros que registró un cúmulo de anomalías como la entrega de dinero sin calendarios ni controles, nula supervisión de obras, subejercicios o sobre ejercicios sin explicación alguna e informes incompletos o contradictorios.

El informe “La ASF y la fiscalización superior en tiempos de mayorías”, de la organización México Evalúa y la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, señala que sólo 11 de cada 100 pesos de las afectaciones detectadas por la ASF son recuperados.

El citado informe refiere que en los primeros resultados de la Cuenta Pública de 2019 se contemplan 29 por ciento menos auditorías que el año pasado.

Expuso que tras esta reducción, plasmada en el Plan Anual de Auditorías de la ASF y el cual se modifica constantemente, no se hicieron públicas las razones del cambio, además de que los diputados no exigen rendición de cuentas.

Cabe destacar que esta fiscalización debería ser la segunda realizada a la Cuenta Pública de 2019, pero en los hechos, será la primera, debido a que se pospuso la presentación de un informe previo ante la crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19.

El documento de México Evalúa y la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, también muestra que el desempeño de la ASF cuenta con grandes pendientes, ya que hasta el momento, 90 por ciento de las presuntas irregularidades detectadas no se confirmaron o están en seguimiento.

Señaló que una de cada cuatro auditorías a esta cuenta pública se hará al gobierno federal y sólo tres por ciento serán auditorías forenses (para prevenir fraudes), las cuales no se aplicarán a proyectos prioritarios del gobierno como el nuevo aeropuerto en Santa Lucía, el Tren Maya, el programa La Escuela es Nuestra, ni a la adquisición de medicinas y material médico.

Al no realizar auditorías forenses a los proyectos prioritarios del presidente López Obrador, la Auditoría Superior de la Federación se hace de la vista gorda y nos deja sin posibilidades de detectar y desarticular redes de corrupción, comentó Marco Antonio Fernández, profesor-investigador de la Escuela de Gobierno e investigador asociado de México Evalúa.