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  • El alcalde Renán Barrera Concha se ha hecho de oídos sordos y complice, ante esta denuncia ciudadana, al encubrir a la familia Loret de Mola, por la contaminación y enfermedades que padecen en la comisaría Santa María Chi

Redacción / Sol Yucatán

Mérida.- La Secretaría de la Contraloría General, de donde es titular Lizbeth Beatriz Basto Avilés, entregó el contrato SECOGEY/SAF/001/2022 a la empresa Control Integral de Combustibles S.A. DE C.V., administrada por Emilio Alberto Loret de Mola, para el suministro de combustible a través de tarjetas electrónicas, etiquetas auto adheribles y vales de papel, por un monto máximo de $468, 084.4 (Cuatrocientos sesenta y ocho mil ochenta y cuatro pesos 04/100 m.n.).

La empresa con RFC: CIC011107RR1 debió cubrir el documento desde el día 09 de mayo del 2022 y finalizo el día 31 de diciembre de mismo año.

Como ha documentado Sol Yucatán, al gobierno del estado no le importa a que empresa o dueño le entrega el dinero estatal, pues una de las empresas de los Loret de Mola es señalada por la contaminación que padecen los habitantes de la comisaría de Mérida, Santa María Chi, donde los pobladores sufren la contaminación de esta aparcelaria de

Kekén, donde se engorda de 43 mil cerdos.

El alcalde Renán Barrera Concha se ha hecho de oídos sordos y complice, ante esta denuncia ciudadana, al encubrir a la familia Loret de Mola, por la contaminación y enfermedades que padecen en esta comunidad.

TSJ UN BRAZO DE VILA

También Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán (TSJ) se ha convertido en un brazo más del poder del gobernador panista Mauricio Vila Dosal, con los magistrados que el mismo Vila colocó y que son copartícipes en el derroche de recursos públicos.

Durante el 2022, dos magistrados presidentes del TSJ fueron los responsables de dilapidar el dinero público asignado a este órgano “impartidor de justicia”, el presidente saliente Ricardo Ávila Heredia y el entrante Mario Castro Alcocer, éste último identificado plenamente como una de las fichas en el tablero del panista Mauricio Vila Dosal.

Y es que el año pasado estos dos presidentes del Tribunal solaparon un contrato de adjudicación directa de más de 2.2 millones de pesos en vales y tarjetas electrónicas de combustible, para el disfrute de los altos funcionarios con la misma empresa de Emilio Alberto Loret de Mola y cuyo representante legal es Eduardo Alfonso Reyes Bolio.

El contrato con número de expediente EX05-220421-02 fue entregado a Control Integral de Combustibles (Gasomatic) sin licitación pública, sino de forma directa el 27 de abril del 2022, tan sólo unas semanas antes de que Ricardo Ávila dejara la presidencia del Tribunal, sin considerar otras opciones en el mercado que favorecieran al organismo público, como marca la ley.

El monto total de esta contratación fue de 2 millones 264 mil 460 pesos, que se conforman por la contraprestación del suministro de vales canjeables por 1 millón 287 mil 6060 pesos; y por el suministro de tarjetas electrónicas que puedan canjear por combustible por 976 mil 800 pesos.

Gasomatic suministró las tarjetas y vales de gasolina canjeables para los vehículos al servicio del TSJ, en expendios a nivel sureste autorizados particularmente en Campeche, Chetumal y en al menos 25 estaciones de Yucatán, y en municipios como Progreso, Umán, Motul, Kanasín, Izamal, Tekax, Tizimín, Valladolid, Ticul y Mérida.

El contrato fue entregado de forma exprés al representante de Gasomatic, Eduardo Alfonso Reyes Bolio, quien de forma personal asentó su firma junto a los funcionarios responsables de este atraco con el dinero público, el presidente del TSJ Ricardo Ávila Heredia; el supervisor del contrato Ricardo Pacheco Estrella, titular de la Unidad de Administración de TSJ; Gonzalo Alberto Cuevas Mena, subdirector de Recursos Humanos; y el jefe del Departamento de Servicios Generales del TSJE, Manuel Eduardo Cervera Ojeda.

CONTRATO EXPRÉS

El responsable de este contrato millonario en suministro de gasolina, fue el propio ex presidente del Tribunal, Ricardo Ávila Heredia, apenas dos semanas antes de renunciar al cargo.

Todo esto es solapado por el nuevo presidente del TSJ, Mario Castro Alcocer, quien es considerado entre el gremio de juristas y abogados yucatecos como tan sólo un novato, pero amigo de Mauricio Vila, con quien busca someter al Poder Judicial del Estado, y una vez fuera de la gubernatura no proceda ninguna denuncia en su contra.

Vila Dosal doblegó a los máximos magistrados yucatecos a su favor, para que voten por Castro Alcocer por unanimidad, logrando ocupar el cargo desde el 29 de junio del año pasado, en sustitución del magistrado Ricardo Ávila Heredia, quien había renunciado el 2 de junio del 2022, apenas semanas después de firmar un super contrato de más de 2 millones para el suministro de gasolina al tribunal, pese a que era consciente de que ya no estaría a cargo.

Ricardo Ávila llegó al poder para solapar a su antecesor, el ex magistrado presidente, Marcos Celis Quintal, quien también otorgó a Control Integral de Combustibles S.A. de C.V., contratos millonarios para la adquisición de vales de gasolina. Este contrato previo fue entregado en 2017 con el expediente Podjudtsj 01/2017-PA, con el cual el exmagistrado presidente Celis Quintal pagó 1 millón 3 mil pesos por vales de suministro de gasolina, que al parecer ha sido el negociazo de cada presidente del TSJ justo antes de salir de la escena.