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CERCANO A VILA, DEUDOR ALIMENTARIO

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*Amisy señaló quien quiera ser funcionario o candidato de un partido político es buen tiempo para cumplir con sus cuotas y no ser un deudor de pensión alimentaria o será vetado por la ley

*Advierte que hay personas cercanas al Ejecutivo que tienen que ponerse al día para dejar de ser deudor alimentario, esperan luz verde de la exesposa para dar a conocer su nombre, lo tienen que cesar del cargo y procesarlo de acuerdo a la ley

*María Eugenia Zapata, integrante de Amisy, mencionó que los tres poderes de gobierno tienen un gran trabajo por delante para hacer cumplir con la ley 3de3

Redacción/

Sol Yucatán

Mérida.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó los tres artículos de la legislación de Yucatán, con los que se impuso el requisito de no ser persona deudora de pensión alimentaria para ser titular de alguna dependencia, la Comisión de Derechos Humanos de la entidad o ser postulado a una candidatura política.

“No los vamos a perseguir, lo que se puso en Yucatán son los requisitos para ser funcionarios y requisitos para ser candidatos, si aspiran a eso pues que cumplan, así de sencillo”, expresó María Eugenia Núñez Zapata, integrante de la Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (Amisy).

En entrevista, la activista social que defiende los derechos de las mujeres y que en Yucatán es uno de los estados donde más son pisoteados con la complacencia institucional, admitió que hay un funcionario de alto nivel cercano al gobernador Mauricio Vila, que viola esta ley y ahora que ya está validada por la SCJN puede además de perder el cargo ir a la cárcel.

“Qué va a pasar con un deudor alimentario, ya no podrá ser funcionario o candidato, no, solo tiene que mantener al día; tenemos un caso del que no podemos mencionar el nombre, estamos esperando que la exesposa lo autorice, es un funcionario cercano al Ejecutivo y están esperando que se ponga al día”, dijo.

OBLIGACIÓN DE LOS PODERES YUCATECOS INTERVENIR

Señaló que los poderes en Yucatán tienen que intervenir e implementar un padrón de deudores alimentarios y que se actualice sistemáticamente, y un equipo de observancia, sobre todo, para quienes tienen antecedentes de violencia institucional, sexual, o cualquier otro tipo de violencia.

“En la ley ya está como requisito no tener antecedentes; el compromiso del Estado es ofrecer los caminos y las rutas para la incorporación y la rehabilitación de los violentos, pero tiene que estar certificada”, dijo. 

Reiteró que como Amisy van a trabajar de la mano con toda la sociedad, los empresarios, estudiantes, mujeres, universidades, partidos políticos, con los y las regidoras, para hacer conciencia, “no solo de la importancia y de la trascendencia histórica de esta ley, sino también de lo que se necesita para que esta ley  se respete”.

Señaló que el Estado, organismos y partidos políticos tienen un gran trabajo por delante para construir todo el andamiaje para que la ley 3de3 se aplique. 

María Eugenia invitó a los tres poderes del estado a hacer una reflexión para que se comience a trabajar en este tema y no cuando ya tengan a sus candidatos.

“También es responsabilidad de la sociedad, nosotros no somos jueces, el juez es la sociedad en su conjunto”, concluyó.