*La marcha del orgullo gay de 2022 que aglutinó a la comunidad diversa LGBT+ tuvo que pagar “derecho de piso” para poder realizarse
*El gobierno homofóbico de Renán Barrera en Mérida, igual que el estatal de Mauricio Vila, desprecian y estigmatizan a la comunidad de la diversidad sexual
*No interesa en Yucatán el respeto a los derechos humanos ni a las minorías, sino ejercer el poder y hacer negocios, en los que ahí si no importa lo que seas, si traes dinero que te patrocine
Gloria Islas Corresponsalía Ciudad de México/ Grupo Corporativo Sol
Mérida.- El Pride Mérida 2022, que aglutinó a más de 100 mil personas, estuvo a punto de naufragar ante las presiones del alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, quien horas antes de la marcha cobró “derecho de piso” a un empresario organizador como si se tratara de un concierto de artistas, so pena que de no pagar, no habría autorización.
La diputada federal de Morena, Salma Luévano, acusa que al presidente municipal panista se le olvidó que las marchas pacíficas son un derecho humano, contenido en las libertades de reunión y de expresión y garantizadas por la Constitución mexicana.
Por ello, asevera que no les sorprende que colectivos tengan que acudir a tribunales para exigir al gobernador Mauricio Vila y al Congreso estatal asigne presupuesto para la comunidad de la diversidad sexual.
Admite que la lucha de la comunidad es todos los días, ante la marginación, homofobia y falta de oportunidades laborales, de salud y educación.
Luévano, junto con su correligionaria María Clemente García, las primeras diputadas transgénero en ocupar una curul en San Lázaro, asevera que, sin duda, en Yucatán hay gobiernos panistas homofóbicos.
“Te digo un dato importante porque yo lo viví. Se hizo la marcha de la diversidad el año pasado, que fue histórica y sin precedentes, antes eran seis o siete mil personas los asistentes y en ese año fueron más de 100 mil personas.
“Y un gran amigo que estaba involucrado en el tema de la marcha, un empresario, nativo de ahí de Mérida, tuvo muchos problemas para organizar la marcha cuando él fue quien puso todo el dinero. No le dieron ni un peso desde el municipio de Mérida. Y todavía le cobraron el derecho de piso como si se tratara de un concierto”, explica.
A CANCELAR
LA MARCHA
La legisladora recuerda que todavía un día antes las autoridades querían cancelar la marcha.
“Afortunadamente no lo lograron, pero le cobraron el derecho de piso como si se tratara de un concierto de artistas o de un baile. Ahí se demuestra esa resistencia, pero con la asistencia masiva de más de 100 mil personas le callaron la boca a este gobierno, pero si hay mucha resistencia ahí en Mérida”, establece.
Asegura que el empresario tuvo que pagarlo para que no cancelen la marcha, y pese a no recordar la cantidad exigida, ironiza: “si lo hubieran hecho con un tabulador para más de 100 mil personas, pobre de mi amigo no habría podido pagar los impuestos de todas las personas que fueron“.
Advierte que se trata de discriminación institucional, porque no solo era no otorgar los permisos que era su obligación, sino poner trabas y presionar para que no se realizara la marcha de la diversidad y todavía el mismo día por la mañana seguían con esa resistencia.
YUCATÁN, EL
ESTADO CON MAYOR POBLACIÓN DIVERSA
Diego Juárez, de la agrupación de mujeres y disidencias Pan y Rosas, lamenta que uno de los estados con el mayor número de personas de la comunidad LGBTQ+ tenga un gobierno anti-derechos.
Yucatán se encuentra gobernada por el PAN, un partido que se ha caracterizado por ser de derecha, donde incluso sus miembros han estado ligados al Frente Nacional por la Familia, comentó.
Además de que sus diputados han estado a favor de los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG), que al final es una forma de tortura para las personas que son de las disidencias.
Aplaude que existan colectivos que den la batalla jurídica para que el gobierno de la entidad otorgue una partida presupuestal para atender, restituir y garantizar los derechos de la población LGBTQ+.
“Es importante la lucha por plenos derechos para las disidencias y que sea el Estado quien garantice estos derechos como la creación de refugios para las personas de las disidencias sexo genéricas que enfrentan violencia, atención integral médica, que se garantice de manera gratuita inhibidores y todo lo necesario para la reasignación sexo genérica, además de los retrovirales para las personas cero positivas. Esto en cuanto al presupuesto”, dice,
Considera que el gobierno estatal debe garantizar un cupo laboral trans, que la orientación sexual o identidad de género no sea motivo para no contratar o despedir, además que debe prohibirse exámenes de VIH como requisito para contratar a alguna persona.
Asevera que debe haber una coordinación de las disidencias a nivel nacional para que se apueste a recuperar la combatividad del movimiento en estados como Yucatán .
“Todas las personas LGBT+ deben de apoyar la lucha de la comunidad en la entidad para que puedan conquistar sus demandas”.
Ante el desinterés del gobierno de Vila por las demandas del sector, atribuyó que es evidente que tiene una posición anti derechos LGBT+ .
“Además de que choca con sus intereses, y no sólo las disidencias enfrentan acoso y la discriminación en Yucatán, sino también los pueblos indígenas, las mujeres y otros sectores sufren estás problemáticas”.
Urge a buscar la unidad de todos los sectores vulnerables en sus luchas, “sin colores de partidos políticos, para así conquistar todas nuestras demandas y enfrentar la violencia institucional”.
Apunta que incluso, en los últimos años se ha empezado a conquistar la unidad del movimiento de mujeres y las disidencias como se ha expresado en las últimas movilizaciones del 8-M, donde cada vez más hay convocatorias Trans incluyentes.
