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El ingeniero Adalberto Sosa Chagoyan junto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, evidenció la protección que la Codhey le brinda a las dependencias y Ayuntamientos panista a los que les brinda protección.

CODHEY, UNA VERGÜENZA

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  • El ingeniero Adalberto Sosa Chagoyan junto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, evidenció la protección que la Codhey le brinda a las dependencias y Ayuntamientos panista a los que les brinda protección
  • El ombudsman en turno se tiene que alinear a los intereses del Gobierno y sólo simula que protege a los grupos vulnerables, debido a que sólo interviene en casos sencillos en los que no se ven comprometidos los intereses del Gobierno y de los políticos de elite
  • La AASEY reveló que durante el tiempo en el que ocupó la titularidad de la CODHEY como encargado, se registraron movimientos de recursos públicos sin que los haya aclarado conforme a la Ley

Redacción / Sol Yucatán.

La Comisión Estatal de los Derechos, una institución que no sirve de nada, sólo para gastar recursos públicos.

Debido a que es un organismo que, aunque tiene figura jurídica para que interponer denuncias de índole penal contra Ayuntamientos o dependencias del gobierno estatal ante la Fiscalía, no lo hacen.

De acuerdo con investigaciones de Sol Yucatán, en los últimos seis años, es decir, del 2018 al 2024, tan sólo han interpuesto una denuncia penal.

Lo anterior debido a que el organismo defensor de los derechos humanos está al servicio del Gobierno en turno, y  que la misma institución recibe recursos del presupuesto del Gobierno con el cual prácticamente operan.

En la administración de Mauricio Vila, el sometimiento es más evidente, debido a que la Comisión se ha visto parcial y en algunos casos se ha quedado cruzada de brazos ante casos flagrantes a la violación de los derechos humanos, en el cual los involucrados son dependencias de gobierno, el mismo gobernador y Ayuntamientos de extracción panista.

No hay que olvidar que las dependencias más denunciadas por la violación a las garantías individuales son la Secretaría de Seguridad Pública, fiscalía general del Estado, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, así como la Policía Municipal de Mérida y los Ayuntamientos de Mérida, Kanasín, Progreso, Tizimín y Umán, todas gobernadas por el PAN y dependencias encabezadas por amigos del gobernador y piezas claves de la política panista.

 De acuerdo con el presupuesto de egresos del estado de Yucatán, a lo largo de los seis años del gobierno de Vila Dosal, es decir, en el 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024, la Codhey, ha recibido un presupuesto de poco más de 215 millones de pesos.

Asimismo, el Gobierno del Estado tiene presupuestado un recurso especial para la construcción del nuevo edificio, el cual es diseñado por la Universidad Autónoma de Yucatán, por ello el ombudsman en turno se tiene que alinear a los intereses del Gobierno y sólo simular que protege a los grupos vulnerables, debido a que sólo interviene en casos sencillos en los que no se ven comprometidos los intereses del Gobierno y de los políticos de elite.

De acuerdo con defensores de grupos vulnerables de la Sociedad Civil, Miguel Oscar Sabido Santana ha sido de los peores presidentes de la Codhey, debido a su ineptitud, incapacidad para solventar los retos que encara la defensa de los Derechos Humanos en la entidad y su falta de tacto.

Su nombramiento al parecer fue el resultado de un contubernio de intereses políticos confluyentes en el Poder Legislativo.

La Auditoría Superior del Estado de Yucatán reveló que durante el tiempo en el que ocupó la titularidad de la CODHEY como encargado, se registraron movimientos de recursos públicos sin que los haya aclarado conforme a la Ley.

Sabido Santana pretendió reelegirse como presidente del organismo defensor, sin embargo, por su mal desempeñó y la avalancha de quejas por violación de los derechos humanos por parte del mismo defensor de los derechos, no fue ratificado en el cargo.

Al parecer, su permanencia en el cargo generaba más problemas que beneficios, es decir, ya no le servía al régimen, sin embargo, de acuerdo con fuentes de Sol Yucatán, no se fue con las manos vacías, debido a que fue colocado como asesor del Gobierno Estatal.

Adelaida Salas Salazar, una de las defensoras de la sociedad más críticas de la CODHEY, dijo que no sirve para nada, salvo para avalar violaciones a los derechos laborales y humanos.

“Yucatán en materia de la defensa de los Derechos Humanos es una vergüenza”.

Sabido Santana tiene interpuesto un amparo contra la resolución del Congreso, ya que pretende reelegirse como presidente del organismo, el caso está bajo estudio de un Juez Federal.

El ingeniero Adalberto Sosa Chagoyán ejemplificó la inoperatividad de la Comisión de los Derechos Humanos.

En el 2021, interpuso una queja contra la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), en específico de la facultad de Ingeniería, debido a que le negaban que se inscribiera a un doctorado.

Ante esta situación en agosto del 2023 la Codhey emitió una recomendación, sin embargo, no se consideraba la violación de sus derechos humanos y la reparación del daño, por lo cual impugnó la resolución.

El caso fue remitido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), durante las investigaciones el visitador descubrió que la Comisión Estatal de los derechos Humanos había vulnerado las garantías individuales, además de que había incurrido en engaño y falsedad.

Debido a que la Codhey, a pesar de que en el 2023 había emitido una recomendación contra la Uady, está nunca le notificó a la máxima casa de estudios.

Luis Enrique León, apoderado legal de la Uady, contestó que no podían cumplir con la recomendación, debido a que no habían sido notificados, configurándose la violación a los derechos humanos.

El caso está bajo investigación por parte de la CNDH.

El ingeniero Sosa Chagoyán dijo que hay un claro conflicto de intereses, debido a que la UADY le está diseñando el edificio al órgano defensor de los derechos humanos.

Lo que es evidente es que la protección a la máxima casa de estudios de Yucatán se estaría replicando contra las diferentes dependencias de gobierno, con lo cual la defensa de los derechos humanos es un total engaño en la entidad y los recursos de los yucatecos, sólo se están tirando en un organismo que no cumple con sus funciones.

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