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  • Las situaciones de despojo y apropiación ilegal de tierras rurales y lotes urbanizados por parte de actores ligados a la más depredatoria actividad inmobiliaria se han vuelto una constante en el gobierno Mauricio Vila Dosal. Estrategias que incluyen la fractura social de los pueblos, el despojo y la apropiación ilícita.
  • Una historia de “coyotes”, burbujas de precios, represión policial y resistencias que brotan impetuosas en las comunidades mayas acechadas por los zares del concreto. Claro que no cualquier tierra es acechada por compañías y “coyotes”
  • Precisamente esos pueblos hoy son cimiento inconsulto de los casi 300 mega desarrollos inmobiliarios que, según datos de UADY, se activaron en el estado durante las últimas dos décadas.

Por Patricio Eleisegui /Sol Yucatán

Una avanzada que se promociona como el más provechoso de los desarrollos, pero que en su ADN encierra un atropello de derechos contundente y con pretensiones de perpetuidad, se despliega en el territorio de Yucatán. Iniciadas hace menos de dos décadas, aunque intensificada sobre todo en el último bienio, las situaciones de despojo y apropiación ilegal de tierras rurales y lotes urbanizados por parte de actores ligados a la más depredatoria actividad inmobiliaria se han vuelto una constante en el distrito que gobierna Mauricio Vila Dosal.

A raíz de esta voracidad comercial, pueblos y comisarías mayas sobre todo cercanas a Mérida, la capital del estado, transitan instancias de violencia que en la actualidad se intensifican a ritmo prácticamente semanal. La vulneración de derechos y libertades emerge y se esparce sobre todo en aquellos espacios donde aún la organización ejidal y la labor comunitaria en el territorio respiran con fuerza. Las y los campesinos en tanto defensores de los ecosistemas, así como también la posibilidad de la autonomía económica y alimentaria, son objeto de una ofensiva que se agiganta a la sombra de la promoción feroz de Yucatán como plataforma de negocios exitosa en el sureste mexicano.

Esta combinación de violencia e ilegalidad de la que son víctimas las comunidades mayas del estado, basada en gran medida en la quita despiadada de territorios históricos, resulta inseparable de una evolución acelerada del negocio de los bienes raíces a partir de la acción de auténticos “coyotes” de la tierra –esto es, empresarios, asesores legales y prestanombres dedicados a la compraventa irregular de lotes–.

Y la instauración de un proceso de burbuja inmobiliaria que, ligado al accionar de esas mafias y basado en la aceleración de los precios de inmuebles construidos y terrenos por ocupar, ocurre pese a la inexistencia de una demanda real y sostenida de propiedades y superficies para la construcción con fines habitacionales.

Todo este proceso resulta maquillado y presentado en sociedad como un sano nicho de negocios, siendo que se asienta sobre un engranaje cada vez más aceitado de apropiaciones ilícitas, intentos de despojo, amedrentamiento judicial, violencia policial y parapolicial, y fraudes de toda índole extendidos sobre gran parte de las comunidades mayas del estado.

Precisamente esos pueblos hoy son cimiento inconsulto de los casi 300 mega desarrollos inmobiliarios que, según datos de especialistas de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), se activaron en el estado durante las últimas dos décadas.

Claro que no cualquier tierra es acechada por compañías y “coyotes”: la predilección de estos actores se concentra en espacios que aún disponen de agua, monte y otras bondades naturales aptas para el usufructo. Esta abundancia ecosistémica capta la atención de dos tipos de negocios que aportan millones a las cuentas bancarias de constructoras, agentes de ventas, intermediarios y “coyotes”. Esto es, el desarrollo de privadas y fraccionamientos, y la comercialización de lotes de inversión.

El primero comprende la propagación de aglomeraciones de viviendas premium –por lo general a partir de paquetes que incluyen “amenidades” como albercas, canchas de tenis, estacionamiento exclusivo, zonas de juegos infantiles, entre otras–, de acceso privado.

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