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MÉXICO SE COMPROMETE PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO

Redacción/Sol Yucatán México se sumó a la declaratoria de bosques y uso de la tierra, generada en el marco de la COP26, en donde se...

El crimen organizado, particularmente el cártel de La Familia Michoacana, ya controla más de la mitad del territorio en Guerrero.

COMO EL FISCO, EL CRIMEN IMPONE NARCOIMPUESTO

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GUERRERO

  • En Guerrero, los grupos criminales no sólo matan, desaparecen o cobran piso: ahora se han erigido en autoridad fiscal, ya que en una veintena de municipios impusieron un impuesto –o narco impuesto– que todo comerciante y hasta personas comunes y corrientes deben pagar para evitar ser asesinados; también imponen el precio de productos básicos como las tortillas, el pan, el pollo y ni los productos agrícolas se escapan de este aumento de precios.
  • Ante esto, las autoridades locales nada dicen, aunque trasciende que han circulado la voz de que la gente pague para evitar mayores masacres o desapariciones.

Ricardo Ravelo/Corresponsalías Nacionales/Grupo Sol Corporativo

Guerrero.- El crimen organizado, particularmente el cártel de La Familia Michoacana, ya controla más de la mitad del territorio en Guerrero e impone su ley: como sucede en varios municipios del país, desde hace tres meses en al menos tres comunidades de los municipios costeros, este grupo criminal implementó un impuesto en alimentos, bebidas y hasta en viviendas.

El terror y este cobro de impuestos ya es una ley criminal aplicada por el narcotráfico en demarcaciones como Petatlán y Zihuatanejo –uno de los centros turísticos más importantes de Guerrero–, de acuerdo con reportes de inteligencia y denuncias ciudadanas.

El problema, de acuerdo con autoridades locales, no sólo afecta a los municipios citados: se ha extendido a toda la Costa Chica y hasta en rancherías se les exige a la gente y a comerciantes grandes y pequeños pagar puntualmente el impuesto; lo mismo ocurre en el Estado de México, donde la ley del crimen impera en toda la entidad que gobierna Morena

La Familia Michoacana ha extendido su poder en, al menos, una veintena de entidades. Opera en Guerrero, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Jalisco, Colima, entre otras, donde uno de sus negocios más importantes es el tráfico de drogas –cocaína, heroína y fentanilo– pero también han incursionado exitosamente en el huachicoleo, la venta de combustible robado a Petróleos Mexicanos.

En Guerrero, donde gobierna Morena, La Familia Michoacana tiene control en unos treinta municipios, otra parte del territorio está en poder de Los Ardillos y Los Tequileros. También operan Los Rojos y Guerreros Unidos. Este último grupo criminal está multicitado en el expediente integrado para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrido en septiembre de 2014.

GUERRERO BAJO LA LEY DEL CRIMEN

En el estado de Guerrero, el crimen impone su ley por todas partes. Lo mismo desaparece personas que distribuye drogas y ejecuta a rivales, cobra el llamado derecho de piso y tiene bajo su control más de la mitad de los municipios del estado, pues realizan obra pública, tienen a su disposición a las policías municipales y autoridades de las comunidades, incluso rurales.

A los productores agrícolas los tienen bajo cuota obligatoria, nadie puede negarse porque, como ya ha ocurrido en otras demarcaciones, decenas de personas han sido asesinadas y colgadas por rechazar pagar la cuota al cártel michoacano.

Las autoridades estatales, encabezadas por la gobernadora Claudia Evelyn Salgado, nada pueden hacer. Y por ello el drama ha aumentado en esa entidad del Pacífico: unos doce alcaldes del estado acusan que son amenazados de muerte por parte de dos grupos criminales: Los Tlacos y La Familia Michoacana, dicen, son los cárteles que se disputan el control de la región conocida como Tierra Caliente, una de las más violentas donde la única ley que impera es la del crimen.

Las denuncian hablan. Los alcaldes amenazados por el crimen organizado responden a los nombres de Norma Otilia Hernández (Chilpancingo), de Morena; Mario Figueroa Mundo (Taxco), de Fuerza por México; David Gama Pérez (Iguala), del PRI; Diana Carolina Costilla Villanueva (PRI), de Juan R. Escudero; Fredy Vázquez Palacios (PRD), de San Miguel Totolapan; Eusebio Echeverría  (PRD), Coyuca de Catalán; Bulmaro Torres Berrum (PRI), de Arcelia; Cuauhtémoc Mastachi  (PRI), de Pungarabato; Mayté Arce Jaimez (PRI), de Cutzamala;  José Luis Antúnez Goicoechea (PRI), de Tlapehuala; Hugo Vega Hernández (PRI), de Ajuchitlán del Progreso, así como Tania Mara (Morena), de Tlapa.

Con base en sus respectivos testimonios y en las investigaciones que realizan las autoridades de Guerrero, estos ediles están bajo amenaza del cártel de Los Tlacos y de La Familia Michoacana. Los primeros aseguran que los munícipes se alinearon con el grupo contrario y les otorgan privilegios. Esto ha desatado la violencia y las amenazas de muerte. No sólo eso: también ha desatado las masacres.

En el municipio de Taxco, por ejemplo, la violencia criminal se ha recrudecido: cinco policías fueron declarados como desaparecidos una semana después de que nada se supo de su paradero. Informes de inteligencia consultados indican que se los llevaron sicarios de La Familia Michoacana, los decapitaron después de interrogarlos y los enterraron en fosas clandestinas.

Se trata de los agentes Mariano Aranda Martínez, Gerónimo Gómez Alvarado, Eusebio Hilario Martínez, Gabriel Ocampo y Celso Adrián Marquina. Fueron privados de la libertad el 21 de junio último. Lo extraño es que las autoridades difundieron las fichas de búsqueda ocho días después de sus respectivas desapariciones, que atribuyen al crimen organizado.

En el caso de Iguala, las amenazas contra el alcalde, según el mismo edil ha denunciado, comenzaron un día antes de que tomara protesta, el 30 de septiembre de 2021; ese día –declaró él– halló afuera de su casa un vehículo. En su interior había cuatro cadáveres. La señal era inconfundible: pretendían matarlo. Hasta ahora la ha librado.

La disputa por Guerrero se agudizó tras el arribo al poder de la gobernadora Claudia Evelyn Salgado –hija de José Félix Salgado Macedonio–, hace poco más de un año; fue entonces cuando la guerra entre los grupos criminales –seis en total– escaló fuerte en todo el estado y continúa sin que ninguna autoridad ponga orden en ese codiciado territorio del Pacífico mexicano.

GUERRA SIN FIN

Territorio codiciado por los varones de la droga, Guerrero ahora está tomado por más de cuatrocientas organizaciones criminales, de acuerdo con informes de la DEA –la agencia antidrogas norteamericana–, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC).

Se trata de grupos poderosos como el cártel de Sinaloa, Jalisco, Guerreros Unidos o Los Rojos, pero también de células delictivas tan perniciosas y violentas como Los Ardillos, el cártel de la Sierra del Sur, la Familia Michoacana, entre otros.

Pero lo que convierte a Guerrero en un estado violento es que, en cada uno de sus municipios y agencias municipales, operan grupos criminales conformados por familias que se dedican al secuestro, cobro de piso, trata de personas, venta de protección y que, además, están ligados con ramajes criminales que, a su vez, tienen protección política: son familiares o cómplices de alcaldes, regidores, síndicos, tesoreros y de los comandantes de las policías locales, quienes fungen a la par como jefes de plaza de algún grupo delictivo.

Son estos jefes policiacos los que se encargan, en muchos casos, de las ejecuciones o desaparición de personas por órdenes de los cárteles; ellos mismos realizan las detenciones y luego entregan a las personas a los grupos contrarios para los que trabajan para ser ejecutados.

De esta forma, el cambio de gobierno en Guerrero de poco sirvió: Evelyn Salgado, la gobernadora, sigue las indicaciones de su padre, el senador Félix Salgado Macedonio, quien en 2004 fue ligado al Cártel de Sinaloa cuando fungió como alcalde de Acapulco.

En Guerrero todo huele a delito. Y es que, en los hechos, la ley no existe, por ello ocurren de todo: crímenes, “levantones”, desapariciones, cobro de piso, venta de droga a granel; los cárteles que se disputan el territorio son “Guerreros Unidos”, “Los Rojos”, Los Ardillos” –este con amplias ramificaciones políticas, pues algunos de sus miembros son alcaldes y hasta diputados–, la célula Beltrán Leyva, Cártel de Jalisco y Sinaloa.

De acuerdo con informes de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en Guerrero operan, además, unas 450 ramificaciones criminales que están relacionadas con autoridades municipales: alcaldes, síndicos, regidores, tesoreros y hasta con jefes policiacos, estos últimos sirven como brazos armados de los grupos criminales. Toda esta red no opera para el crimen organizado: está ya considerada como un grupo criminal que actúa desde el poder político, ya municipal o bien desde el gobierno estatal, o la misma legislatura estatal.

Hay ejemplos: el cártel de Los Ardillos, uno de los más violentos y temidos, está encabezado por los hermanos Ortega Jiménez: Celso, Antonio, Iván y Bernardo. Este último es diputado local por el Partido de la Revolución Democrática.

El cártel tiene el control de la distribución de mariguana, cocaína y drogas sintéticas, pero también controla grandes extensiones de amapola, de donde extraen la goma de opio para la elaboración de heroína, una de las drogas con mayor demanda en Estados Unidos.

Los Ardillos han sembrado el terror en Guerrero. Cualquier persona que denuncie sus actividades es asesinada o desaparecida; han impuesto como ley el pago de piso a comercios grandes y pequeños, y se afirma que cientos de empresarios ya deben pagar una cuota mensual para que el grupo criminal no los moleste.

La vida en Guerrero ha cambiado, más aún en las zonas serranas, donde la violencia criminal ha forzado a cientos de familias a desplazarse por temor a ser asesinados o desaparecidos. Los cuerpos policiacos dejaron de servir a la sociedad y desde hace varios años son vistos como brazos armados del crimen, pues las detenciones que realizan no son para poner a los presuntos delincuentes en manos de las autoridades, sino para entregarlos a los cárteles enemigos para que sean interrogados y asesinados.

Con una decena de cárteles en guerra por el control territorial, el estado de Guerrero es la cuarta entidad más violenta del país. Las autoridades estatales están rebasadas ante la ola criminal que azota al estado. Los cárteles siembran terror y ninguna autoridad pone freno al crimen organizado.

En esa entidad del Pacífico –clave en el turismo, pero también en el narcotráfico–, han arribado grupos criminales como el Cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación. Pero la entidad es la que más cárteles tiene. De acuerdo con informes oficiales, en ese territorio que, a partir del 15 de octubre de 2021 gobierna Evelyn Salgado –hija de José Félix Salgado Macedonio–, operan unos 450 grupos delictivos.

En la mayor parte del territorio, dichos grupos criminales están encabezados por alcaldes, síndicos, regidores y comandantes de las policías estatales y municipales que han convertido la labor política y criminal en un verdadero negocio.

El caso más alarmante es el del cártel de “Los Ardillos”, cuyos miembros gobiernan municipios, tienen el control en comunidades rurales y rancherías, pero también controlan el Congreso local.

El nivel de violencia se exacerbó en Guerrero en 2021, a grado tal que el crimen organizado ha arremetido en contra de negocios tradicionales y de postín, como fue el caso de la discoteca Baby´O, a la cual le prendieron fuego y terminó incendiada.

Según el dueño de la discoteca –una de las más famosas y lujosas del país, donde se daban cita artistas y empresarios de toda la República–, Eduardo Cesarman, la reparación del inmueble costará unos 40 millones de pesos.

Después del incendio en la discoteca  Baby´O  , el crimen organizado arremetió en contra de otros negocios a los que les exigieron pagar “derecho de piso” para operar. Las autoridades vieron con sorpresa estas acciones, pero siguen sin hacer nada para detener a las bandas del crimen.

No obstante que la mitad del país está en crisis de seguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que ese problema no se resolverá “haciendo la guerra”.

LOS TEQUILEROS Y LA SAÑA

El municipio de San Miguel Totolapan está considerado el más violento de la zona Tierra Caliente, Guerrero. Pueblos enteros han sido abandonados por sus habitantes, como consecuencia de la violencia exacerbada que ejercen los cárteles de la droga. Aquí la ley la impone el cártel de “Los Tequileros”, organización delictiva que se caracteriza por su violencia extrema. Sus miembros son los más sanguinarios.

San Miguel Totolapan –territorio de asiento de “los Tequileros” – es uno de los municipios más pobres de esa región. Las autoridades del estado reconocen que algunas familias viven de la siembra y cultivo de amapola. Por eso el narco los mantiene capturados.

El cártel de “Los Tequileros” tiene historia: surgió de una escisión que sufrió la organización “Guerreros Unidos”, una de las organizaciones más violentas, que opera en Tierra Caliente y al norte de Guerrero. La disputa territorial de “Los Tequileros” es con el cártel de La Familia Michoacana. Y los territorios que están en guerra son Ajuchitlán del Progreso, Zirándaro y Coyuca de Catalán.

El líder del cártel, apodado “El Tequilero”, trabajó con “El Chente”, líder de Guerreros Unidos, hasta antes de su captura, en 2014. Tras este hecho, se separó del cártel y se independizó. Los tentáculos de este cártel crecieron con cierta rapidez: de operar en San Miguel Totolapan y La Gavia, ahora controlan diez municipios.

De acuerdo con informes policiacos, se caracterizan por la amenaza. Extorsionan a los alcaldes de la región, explotan la industria del secuestro y para ello utilizan los servicios de su grupo armado –Las Fuerzas Especiales Tequileras–, las cuales actúan ejecutando los plagios para luego cobrar los rescates. Quien no paga, se muere, es su leyenda.

El Cártel de “Los Tequileros”, de acuerdo con las autoridades, también opera con extorsiones, cobro de cuotas o piso. Explotan el terror a través de las redes sociales, a través de las cuales lanzan amenazas, exhiben videos de sus víctimas y presionan a sus familiares para que paguen los rescates.

Disponen de armamento de alto poder –rifles de asalto Ak-46, granadas y pistolas de largo alcance– con las que mantienen bajo amenaza a toda la región.

Uno de sus crímenes más horrendos fue el de Carlos Salanueva, dirigente municipal del PRI en Ajuchitlán del Progreso: su cuerpo fue hallado completamente descuartizado. Junto a los despojos, un cartelón decía: “Esto les va a pasar a quienes apoyen a la FM (Familia Michoacana), atentamente, “El Tequilero”.

El grupo criminal, según las radiografías criminales elaboradas por las autoridades de Guerrero, es uno de los cárteles más sanguinarios, pues no sólo asesinan: también decapitan, descuartizan los cuerpos y los desaparecen.

Guerrero, Jalisco y Tamaulipas son los estados con mayor número de desaparecidos y de fosas clandestinas donde el crimen sepultó a sus rivales. Hasta ahora estos casos siguen envueltos en la impunidad.

La narcodinámica en Guerrero ha aumentado, pues el gobierno estatal no tiene capacidad de respuesta y las Fuerzas Federales tienen instrucciones de no ejercer violencia contra los criminales. Así, Guerrero se hunde en un mar de sangre.

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