- En enero de 2021, el Congreso del Estado de Yucatán derrochó 435 mil pesos para supuestos servicios de auditoría a una consultoría que cumple las características de una empresa fantasma
- Tan descarado fue el despilfarro que incluso borraron los documentos del contrato del Portal Nacional de Transparencia (PNT), una práctica ya común de la LXII Legislatura
- Los únicos datos disponibles son los del registro del contrato en la plataforma; la empresa ganadora fue Consultoría Estratégica Empresarial y de Negocios S.C.P., la cual se embolsó 435 mil pesos
Redacción/Sol Yucatán
Mérida.- En enero de 2021, el Congreso del Estado de Yucatán derrochó 435 mil pesos para supuestos servicios de auditoría a una consultoría que cumple las características de una empresa fantasma. Tan descarado fue el despilfarro que incluso borraron los documentos del contrato del Portal Nacional de Transparencia (PNT), una práctica ya es común en la LXII Legislatura.
De acuerdo con el registro consultado en la plataforma de transparencia, el 15 de enero de 2021 el Congreso suscribió el contrato número ICTP-01A-21, bajo el objeto de “Servicio de auditoria a los estados financieros y presupuestales del ejercicio 2020”, sin embargo, los documentos de la licitación fueron borrados para su consulta.
Por consiguiente, los únicos datos disponibles son los del registro del contrato en la plataforma, a partir de los cuales se pudo constatar que la empresa ganadora de la licitación fue Servicios Consultivos Integrados S.C.P., la cual se embolsó 435 mil pesos con dicho convenio a modo.
De igual forma, según consta en el registro, la licitación se trató del tipo “Invitación a cuando menos tres personas”, pero en la ficha nunca se mencionan cuáles fueron las otras iniciativas privadas que participaron, ni los motivos por los que fueron rechazadas sus propuestas.
Sobre los motivos por los cuales Servicios Consultivos Integrados S.C.P. ganó la adjudicación, la ficha se limita a describir que “reúne todos los criterios de adjudicación establecidos en las bases del procedimiento y garantiza el cumplimiento de las obligaciones, así como resulta la más económicamente conveniente para el Congreso del Estado de Yucatán”.
Sin embargo, el registro omite detalles importantes del proveedor, tales como el nombre del administrador único de la empresa, domicilio fiscal de la empresa, descripción de su giro económico, e incluso, informe de avances, así como el resultado final de los servicios contratados.
Asimismo, llama la atención el excesivo tiempo de la duración del contrato, que, según consta en el registro, fue del 15 de enero al 31 de agosto de 2021, un día antes que la XLIII Legislatura entre en funciones. Además, no se menciona quiénes fueron los funcionarios responsables de aprobar y signar dicho contrato. Solo se menciona que la adquisición estuvo a cargo del área de Compras y Servicios Generales.
A propósito de la empresa ganadora, Servicios Consultivos Integrados S.C.P., la supuesta consultoría no figura en los directorios empresariales locales y/o nacionales. Los únicos clientes que figuran en los buscadores son el Congreso del Estado y el Ayuntamiento de Mérida, pero curiosamente, los contratos realizados con el ayuntamiento también fueron borrados.
Por otro lado, en el primer semestre del 2022, la escurridiza empresa ha recibido del Ayuntamiento de Mérida 30 mil 560 pesos por servicios de capacitación en línea, de acuerdo con los folios FD4C668F-3AC1-4DAD-8A43-1D6FAC3B2B29 y 6AF11A72-CCCA-43DB-9DB6-5AADAF644D61, aunque como antes se mencionó, tampoco están disponibles los documentos para su consulta.
Sin embargo, a través de la plataforma Linkedin, se encontró el perfil de una persona llamada Jorge Carlos Rodríguez Castillo, quien se autodenomina director general de Servicios Consultivos Integrados SCP.
Acerca de Jorge Carlos Rodríguez Castillo, hay constancia de haber celebrado al menos un contrato con anterioridad con el Congreso, específicamente en el 2018, con el mismo servicio de auditoria, pero a través de dos empresas: Rodcas JC Contadores Consultores y Asesores Fiscales y Servicios Consultivos Integrados S.C.P.
Por si fuera poco, Jorge Carlos Rodríguez Castillo también figura como director general de la compañía Alimentos Procesados Peninsulares, S.A. de C.V., por lo que se trata de un empresario que le entra a todo con tal de ganar licitaciones.
Además, en junio de 2022 fue señalado de participar en el tráfico de tierras que se lleva a cabo en el estado, ya que el 20 de mayo de 2016, de acuerdo con reportes recabados, el Ayuntamiento de Dzilam Bravo, por medio del ex notario público Albert Yadir de Jesús Córdova López (quien fue separado de su cargo en el 2019 al ser acusado de corrupción), supuestamente le adjudicó a título gratuito cuatro predios de 483 metros de playa en conjunto.
La falta de transparencia en la adjudicación de las licitaciones por parte del Congreso permite que empresarios con prácticas dudosas no solo operen con total impunidad en el estado, sino que incluso sean premiados por las propias dependencias oficiales, con las que actúan como cómplices.
