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CORRUPCIÓN E INEFICACIA: LOS TROPIEZOS DE LA GUARDIA NACIONAL

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Creada con personal militar, en su mayoría, para enfrentar al crimen y pacificar el país, la Guardia Nacional (GN) se convirtió en un rotundo fracaso para el gobierno de la Cuarta Transformación cuando la administración actual se encamina al final. Al presidente Andrés Manuel López Obrador le quedan cuatro meses de gobierno y el país vive uno de los picos más altos de violencia pese a la atroz militarización. Su proyecto emblemático del sexenio, la Guardia Nacional, es un cero a la izquierda, pues las masacres, levantones, cobro de piso, tráfico de fentanilo , salto y secuestro carreteros siguen a la alza. Así, la Cuarta Transformación se apresta a cerrar el periodo gubernamental con una gran promesa incumplida: la pacificación del país.

La crisis de inseguridad que enfrenta el país, hasta ahora sin freno, obedece a una guerra cuya disputa central son los territorios y el despojo de propiedades de familias completas, como ocurre en Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Michoacán, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro… Adicionalmente existe una guerra por el control de los recursos naturales, la cual se agudiza, mientras el gobierno de la Cuarta Transformación sigue en la inacción.

         Este escenario de violencia pone en evidencia la falta de resultados por parte de la Guardia Nacional (GN), cuando faltan cuatro meses para que concluya el sexenio, lo que ya se traduce en un verdadero fracaso: no ha podido detener las confrontaciones entre cárteles; tampoco los desplazamientos humanos en municipios tomados por el crimen; menos ha frenado el cobro de piso, disparado en diversas entidades, como Michoacán y el Estado de México; el fracaso también lo explican las masacres frecuentes, los “levantones” y desapariciones forzadas, el asalto al autotransporte en las carreteras del país, que ha provocado protestas y paros por parte de los afectados, así como el constante asesinato de alcaldes y ediles en diversos municipios.

En la conferencia mañanera del martes 29 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el país vive paz y tranquilidad en la mayoría del territorio; además, expuso que la violencia de alto impacto está centrada sólo en seis entidades. Pese a ello, la política antimafia no cambia: siguen los abrazos y no balazos aunque no haya resultados concretos.

         Y es que de acuerdo con informes oficiales, la violencia desatada por el crimen organizado se concentra en Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Baja California, Guanajuato y Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Sonora, entre otros estados. En estos territorios ocurren poco más del cincuenta por ciento de los  homicidios dolosos, las ejecuciones.

         Pese a este escenario de mediana pacificación, la violencia sigue ocurriendo, imparable. Los hechos así lo confirman:

         El domingo 27 de marzo, en el municipio michoacano de Zinapécuaro, un grupo armado abrió fuego contra una multitud apiñada en un palenque clandestino.

Los atacantes fueron identificados por las autoridades como miembros del cártel de La Familia Michoacana, uno de los más temibles. Presuntamente entre los apostadores que estaban en las peleas de gallos había miembros del cártel de Jalisco Nueva Generación. Ambos grupos criminales están enfrentados en ese estado por el control del tráfico de enervantes, rutas y el negocio del secuestro, convertido en toda una industria en buena parte del territorio nacional.

         Entre las víctimas caídas en Zinapécuaro el día de la masacre en el palenque aparece un personaje identificado como “El Chapo”, presunto capo guatemalteco que habría estado presente en las peleas de gallos.

         Pocas horas después de los hechos, las autoridades de Michoacán establecieron contacto con sus pares de Guatemala para confirmar la identidad del personaje asesinado.

         También se comunicaron con la embajada de Estados Unidos debido a que el dueño del palenque –José Abiel A., quien murió en la masacre junto con Salvador, su hijo –era ciudadano estadunidense.

         De acuerdo con las fuentes consultadas, el palenque se realizó en el rancho “El Paraíso” de la colonia Emiliano Zapata, en Zinapécuaro, Michoacán.

         Hasta ese sitio arribó un camión de frituras que fue robado el 24 de marzo último en la comunidad “El Salitre”, en el Estado de México.

         Las investigaciones de la fiscalía michoacana confirmaron que el ataque armado fue directo contra Alejandro García –El Pelón –quien presuntamente se había trasladado desde Colima para asistir al funeral de su madre.

         Señalado como uno de los capos más sanguinarios, “El Pelón” se ligó desde temprana edad con el cártel de Los Zetas. Operaba como sicario. Luego se integró a La Familia Michoacana y, más tarde, se incorporó con Los Caballeros Templarios.

         Entre 2010 y 2011 fue cuando se le comenzó a vincular con el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Era jefe de plaza en la zona localizada entre Tizapán el Alto hasta Mazamitla, en Jalisco.

         La relación de “El Toro” data del año 2010: era sicario de Los Caballeros Templarios, pero sus diferencias con “El Pelón” comenzaron en 2014, cuando policías municipales de mazamitla detuvieron a “El Pelón”, quien terminó recluido en un penal de Jalisco acusado por cargos relacionados con la delincuencia organizada.

         Libre la plaza, “El Toro” aprovechó que “El Pelón” estaba en prisión para ganar terreno y mandó a uno de sus emisarios a amenazarlo de muerte si regresaba a San José de Gracia, ahí donde ocurrió la masacre.

         Además de ordenar que “levantaran” al hermano de Alejandro García –conocido en el mundo del hampa como “El Chocorrol” o “Choco” –.

         La respuesta de “El Pelón” llegó en diciembre de 2021, cuando ordenó el asesinato de José “El Chepe”, hermano menor de “El Toro”. La pugna siguió. Las diferencias terminaron cuando con la ejecución de “El Pelón” a manos de El Toro”. Todos estos antecedentes, que explican la disputa territorial en Michoacán, derivaron en la masacre de Zinapécuaro.

                            AMLO ante el fracaso                 

         Cuando el gobierno se aproxima a los tres años y medio de gobierno, la Cuarta Transformación sigue cargando con un pendiente: la pacificación del país, una promesa central de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

         El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Joe Biden, ha mostrado su preocupación por la falta de una política integral en el gobierno mexicano para enfrentar a las organizaciones criminales, consideradas en el país vecino como “grupos terroristas” que en el territorio nacional no se les combate.

         Desde que asumió la presidencia de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó a un lado la narrativa de la guerra contra el crimen y optó por el no uso de la fuerza.

         Las razón, según explicó entonces, es que “la violencia genera más violencia”. Sin embargo, la violencia no sólo continúa sino que se exacerba cada vez con mayor virulencia.

         Desde entonces acuñó la frase “abrazos y no balazos” para delinear una estrategia que, a diferencia de otros sexenios, no se basa en el uso de la fuerza del Estado sino en el combate de lo que el propio presidente llama “las causas de la violencia”.

         Sin embargo, dichas “causas”, hasta ahora, han resultado inverificables, ya que no se ha concretado ningún resultado para frenar la violencia criminal, por el contrario, las matanzas continúan en todo el territorio nacional ya por el tráfico de drogas, control territorial, manejo de sustancias químicas de gran demanda — como el fentanilo –que se introduce a Estados Unidos a través de los puertos mexicanos. De ahí que el gobierno de López Obrador haya optado por entregarles el control de la seguridad de las terminales portuarias a las Fuerzas Armadas.

         El propio presidente López Obrador reconoce sus fallas y desatinos en el combate criminal, a grado tal que recientemente, durante una de sus habituales conferencias mañaneras, aceptó por primera vez que si su gobierno no resuelve el problema de la inseguridad y pacifica el país el proyecto de la Cuarta Transformación habrá sido un rotundo fracaso.

         Como nunca antes en la historia del país existe una militarización escandalosa. Prácticamente todo el territorio está controlado por los uniformados de verde olivo y, para colmo, la Guardia Nacional –el proyecto sexenal –ahora es operado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La razón, según el presidente, obedece a que no quiere que a esa corporación militar le ocurra lo mismo que pasó con la Policía Federal, la cual terminó corrompida y al servicio del crimen organizado.

         Tanto en Michoacán como en Zacatecas, Guanajuato, Sinaloa, Sonora, Veracruz, Tamaulipas y otras entidades en crisis de seguridad la Guardia Nacional ha resultado un rotundo fracaso.

         La multiplicada presencia de la llamada policía militar no ha podido frenar a los cárteles, pues sus miembros tienen prohibido usar la fuerza y disparar a los sicarios. Sin embargo, los gatilleros del crimen siguen desatando muertes y masacres en buena parte del país.

         Lejos de combatir a los cárteles, el mandatario coquetea con algunos grupos criminales. El cártel de Sinaloa es uno de ellos, cuyos integrantes, según parece, tienen estrechas líneas de entendimiento con el gobierno de la República.

         La proclividad del presidente por los capos llegó a tal grado que, tras conceder una amplia entrevista a la cadena Telemundo, el narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo –exlíder del cártel de Guadalajara –dijo que hay que tenerle paciencia al mandatario porque no tiene duda de que resolverá el problema de la violencia en el país.

         Sin estrategia anticrimen, la violencia se dispara por todas partes:

         En Chiapas, otro estado en crisis donde hace no mucho tiempo se pactó una pax mafiosa –acuerdo entre grupos criminales y el poder político –hoy las masacres y amenazas están a la orden del día.

         Y hay razones que lo explican: Chiapas es otra puerta grande de entrada de droga y precursores químicos que provienen de Centro y Sudamérica. Es la frontera más porosa. Por Chiapas entra de todo. Drogas, armas, químicos para las drogas de diseño, armas, indocumentados…

Y todo se transporta por la República mexicana. Se mueve a través de Tabasco, el sur de Veracruz y luego sube a la frontera entre Estados Unidos y Tamaulipas. Por Chiapas entraron los llamados Kaibiles, desertores del Ejército Guatemalteco que reforzaron las fuerzas armadas del cártel de Los Zetas, el cártel militar.

         En Chiapas el territorio está bajo la disputa de tres cárteles: Sinaloa, Cártel de Jalisco y el cártel del Golfo. La violencia entre grupos terminales terminó con la vida del activista maya Simón Pedro Pérez López.

         Surgió en este escenario de violencia el cártel de “Los Ciriles”, vinculado al cártel de Jalisco; tienen presencia en las comunidades de Pantehló, Chiapas.

         La guerra subió de intensidad, pues fue asesinado, en Tuxtla Gutiérrez un operador identificado con el capo Ismael “El Mayo” Zambada –Ramón Gilberto Rivera, “El Juniors” –quien es hijo de un personaje apodado “El Tío Gil”, quien responde al nombre de Gilberto Rivera Amarillas, padre de la víctima. Este personaje del hampa fue aprehendido en 2016 en el aeropuerto “La Aurora” de Guatemala, en 2016, cuando pretendía volar hacia México para cerrar un negocio relacionado con un cargamento de drogas.

         La batalla en Chiapas está detonada por diversas causas, a saber: su ubicación geográfica estratégica. Es una ruta de entrada de drogas, armas y personas que, en su mayoría, son explotadas en el negocio de la trata.

         Recientemente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que el estado está bajo disputa. La guerra por el territorio lo encabezan los cárteles de Sinaloa, Jalisco y Golfo.

 El cártel que más extensión territorial domina es Sinaloa, le sigue el de Jalisco y Golfo tiene bajo su dominio una pequeña franja de poder que se extiende desde el Pacífico hasta la frontera con Oaxaca y la zona sur de Veracruz, una de las más violentas de esa región y cuya inestabilidad no ha podido ser detenida.

         En Chiapas también operan Los Zetas. Dominan en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Todo el escenario de violencia –no antes visto en la entidad, pues como se dijo había una pax mafiosa –se descompuso después de las elecciones del 6 de junio, cuando se detonó el reacomodo criminal en los territorios.

         Esto abrió la puerta al cártel de Sinaloa, que ahora domina grandes extensiones del territorio: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Durango, Coahuila, Chiapas y Oaxaca. La violencia en Chiapas provocó que unas dos mil personas se hayan desplazado de Pantelhó, Chiapas.

         Durante las últimas semanas, la región Tsotsil Pentalhó-Chenalhó ha sido abandonada por buena parte de su población por el terror que priva en esa región. Igual que lo que ocurre en Aguililla, Michoacán. Y el Estado permanece ausente. Las manos fuera de la seguridad.

         El desplazamiento humano en Chiapas, sobre todo en la zona conflictiva, ha sido documentada por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Sus representantes aseguran que en la zona tomada por el crimen hay ancianos y adultos mayores atenazados por el miedo y la vida de quienes denuncian los hechos –aseguran –está en completo riesgo. La nueva presidenta de México –sea Xóchitl Gálvez o Claudia Sheinbaum –tendrá que replantear la política antidrogas de México, también tendrá que afinar el proyecto de la Guardia Nacional, pues no es posible que el país tenga un despliegue militar sin procedentes y no haya seguridad en los territorios.      

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