Redacción/Sol Yucatán
A Mauricio Vila, no le interesa perseguir y castigar la corrupción en Yucatán, en lo que va de su administración en la Fiscalía General del Estado, se han interpuesto 64 denuncias por corrupción o peculado donde están involucrados servidores públicos, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Tan solo el año pasado y en lo que va de este 2023 suman 30 denuncias contra servidores públicos por peculado o cohecho.
Hasta la fecha no hay ninguna sentencia, según, confirman fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán.
Asimismo, Yucatán es uno de los estados del país donde la corrupción, peculado o cohecho, es considerado como un delito no grave
De acuerdo con el Código Penal de Yucatán, el delito de enriquecimiento ilícito es considerado un delito no grave, por el cual los presuntos imputados pueden llevar al proceso en libertad.
En caso de una sentencia las penas van de dos a 14 años de prisión y multa que va de los 100 a los 150 salarios mínimos, es decir, de 12 mil 372 a 18 mil 558 pesos, además tendrán que regresar el monto total reclamado. Sin embargo, como el delito es no grave las partes involucradas pueden llegar a un acuerdo en cualquier etapa del proceso.
Ante esta situación Yucatán se convierte en un paraíso para la corrupción, dado que a las autoridades no les interesa castigar el delito a menos que se trate de rivales políticos.
Uno de los casos que quedó impune es el de los 11 ex regidores de la administración 2015-2018 del puerto de Progreso, encabezada por José Cortes Góngora, del Partido Nueva Alianza, fueron acusados de recibir un soborno de 110 mil pesos en efectivo para favorecer a la empresa Consultoría y Gestión Ambiental para la adjudicación del contrato de cambio de luminarias en el puerto por más de 40 millones de pesos.
Tras las investigaciones el Ayuntamiento de Progreso, encabezado por Julián Zacarías Curi, decidió terminar con el proceso al llegar a un acuerdo reparatorio, del cual nunca se supo en que términos y con ello dar por terminado el asunto.
El caso más reciente es que se le sigue al Alcalde de Motul, Roger Aguilar Arroyo, quien es acusado junto con algunos de sus funcionarios de cobrar dos veces una misma obra.
La próxima semana el edil tendrá que comparecer ante un Juez, se habla que de la acusación se debe a rivalidades políticas más que a un caso de justicia.
