Portada

¡CULPABLES!

*La sociedad yucateca habla a Sol Yucatán: exige a Mauricio Vila frenar la tortura policíaca en la entidad, y pidió al Congreso local que citen al mandatario, al fiscal Juan Manuel León León, y al secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda, por la muerte de personas detenidas y bajo custodia policial

* Las autoridades yucatecas e incluso la Comisión de Derechos Humanos del Estado han contribuido a la impunidad y a la normalización de crímenes inaceptables. De la CODHEY se puede esperar, dentro de varios meses, una tibia recomendación en la que no figurará la palabra tortura

*Existen alrededor de 200 casos de tortura y violencia, pero las víctimas prefieren dejarlo así y no denunciar, pues temen por sus vidas ya que han sido amenazados por los mismos policías

*Yucatán ya le dio la vuelta al mundo, lo que se consideraba una entidad segura, ha demostrado que no es así, las mismas autoridades se han visto manchadas en este lamentable caso que aún no ha sido aclarado. ¿Por qué mintieron?

Redacción/ Sol Yucatán

Mérida.- La sociedad yucateca indignada exige al gobernador Mauricio Vila Dosal frenar la presunta tortura policíaca en la entidad, y pidió al Congreso local que cite al mandatario; al fiscal del Estado, Juan Manuel León León, y al secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda, por la muerte de personas detenidas y bajo custodia policial.

Los yucatecos tronaron nuevamente tras el fallecimiento por presunta tortura del joven veracruzano, José Eduardo Ravelo Echeverría, a quien la policía municipal detuvo primero; luego, la policía estatal en la calle 47 del centro de Mérida, y días después murió por los golpes recibidos.

Al respecto, activistas y juristas entrevistados dijeron: “toda muerte bajo custodia policíaca implica responsabilidad del Estado”, y exigieron a las autoridades estatales “erradicar la tortura, crear un protocolo y mecanismos para detectarla, investigarla y sancionarla”, un reclamo que el Gobernador “ha ignorado”.

El curso de las denuncias presentadas en todos los casos de torturas y muertes a manos de la policía fue “sistemáticamente bloqueado” por la Fiscalía  del Estado

“La grave crisis en materia de derechos humanos que enfrenta Yucatán tiene una de sus expresiones más visibles y dolorosas en la persistencia de la tortura, así como en la tolerancia, silencio o encubrimiento hacia ese crimen”, denunciaron activistas

 “Son inaceptables las muertes ocurridas bajo custodia policial en el estado y el silencio y las omisiones que han seguido a ellas”.

El fallecimiento de una persona que se encuentra bajo custodia policial implica responsabilidad del Estado y por tanto debe seguirse un protocolo para descartar tortura y fincar responsabilidades.

El Estado es responsable de la vida, salud y seguridad de quienes se encuentran detenidos, pero a pesar del número de personas fallecidas en cárceles en Yucatán o en el traslado después de una detención, y de los reiterados llamados a la secretaria de Gobierno, María Dolores Fritz Sierra, no se ha establecido este protocolo en Yucatán y todos los casos están impunes.

De hecho, el mecanismo que se activa ante el fallecimiento de una persona que se encuentra bajo custodia policial es el encubrimiento, y la única respuesta ha sido el silencio.

Las autoridades yucatecas e incluso la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) han contribuido a “la impunidad y a la ‘normalización’ de crímenes inaceptables”, así como a la “persistencia de ominosas prácticas como las detenciones violentas, arbitrarias y los tratos crueles, e incluso es imposible no considerarlo tortura”.

Denunciaron que casos como los de Gaspar Sulub Cimé, torturado y asfixiado; Ronaldo Richmond Díaz, torturado y asfixiado; José Santiago Medina Naal, asfixiado; José Luis Cauich Yervez, asfixiado y Salvador Osmar López Manzanilla, asfixiado, fallecidos en cuestionadas circunstancias, después de haber sido detenidos por la policía, “exhiben el horror, la impunidad y el silencio”.

El Congreso del Estado tiene la facultad de crear comisiones y de citar a comparecer a autoridades ante situaciones que así lo requieran. El fracaso de quienes tienen la obligación de investigar y sancionar les obliga a actuar.

La posible tortura, y ciertamente las muertes de personas bajo custodia policial, así como la impunidad que ha seguido a ellas, obligan al Congreso a citar al fiscal, al secretario de Seguridad Pública y también al gobernador de Yucatán, que ha sido incapaz de enfrentar este flagelo y realizar las acciones necesarias para detectar, investigar y erradicar la tortura en el estado.

Tortuguismo y la postura tibia y parcial que en torno a este tipo de situaciones de tortura y abuso policiaco ha caracterizado a la Codhey.

“Lamentablemente, de la Comisión de Derechos Humanos se puede esperar, dentro de varios meses, una tibia recomendación en la que no figurará la palabra tortura y que no irá más allá de sugerir capacitaciones inútiles a los policías”.

La titular de Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Yucatán (OCNF), Adelaida Salas, al mando de personas que trabajan contra la violencia, brindaron su opinión respecto al caso de José Eduardo, quien señaló que las autoridades deberán trabajar para limpiar a sus corporaciones, ya que el caso de José Eduardo es uno de muchos que todos los días se registran, pero que todos desconocen.

Indicó que existen alrededor de 200 casos de tortura y violencia en el estado pero desgraciadamente las víctimas prefieren dejarlo así y no denunciar, pues temen por sus vidas ya que han sido amenazados por los mismos policías.

El problema está desde los municipios más pequeños hasta la capital, donde la Policía Municipal es la responsable de tantos atropellos hacia las garantías individuales, pues las principales víctimas son mujeres y jóvenes con diferente orientación sexual.

En este año se han registrado al menos 7 casos de violencia contra la mujer y personas discapacitadas por parte de la Policía Municipal, de los cuales incluso, la organización cuenta con evidencias para llevar acabo las denuncias pero las víctimas se oponen por temor.

LA GENTE OPINA

Han pasado 28 días desde la muerte del joven José Eduardo Ravelo Echeverría, de 23 años, originario de Veracruz, quien fue detenido, torturado, y abusado sexualmente por policías de Yucatán, sin duda una noticia que le dio la vuelta al mundo, por la manera más ruin de morir a manos de las autoridades, hoy la gente está decepcionada con las autoridades y exigen justicia.

El pasado 3 de agosto José Eduardo murió en el hospital Agustín O’Horán, debido a las fuertes lesiones producidas por golpes que recibió de un grupo de policías que lo único que tenían que hacer es proteger a los inocentes, desde entonces han salido a luz diferentes versiones de los hechos, la sociedad está muy molesta con todo lo que ha pasado, pues semanas antes del asesinato de José  Eduardo, un policía fue ejecutado y el gobernador Mauricio Vila hizo quedar a su policía como héroes del Estado, días después, sus mismos policías mataron a un indefenso joven por supuesta actitud sospechosa.

La controversia comenzó cuando el alcalde Renán Barrera intentó a toda costa ocultar lo sucedido hasta el grado de ofrecerle jugosa cantidad de 2.5 millones de pesos a la señora María Echeverría, madre del difunto, para que aceptara la libertad de los cuatro policías que en ese momento habían puesto como chivos expiatorios, la señora indignada prefirió buscar justicia ante al máximo mandatario del país, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

AMLO inmediatamente dio la orden a su gabinete de seguridad para aclarar ese crimen al que determinó fue un homicidio por “Odio”. Posteriormente, agentes de la FGR arribaron a la ciudad de Mérida al día siguiente, donde comenzaron con las indagatorias, pero al ver que las investigaciones de la Fiscalía local tenían muchas incongruencias, los federales decidieron comenzar de nuevo e incluso solicitaron la exhumación del cuerpo para una nueva necropsia.

Hoy la población ha manifestado su sentir respecto a este lamentable hecho que marcó nuevamente la tranquilidad de los yucatecos.

“No es justo lo que le hicieron a ese pobre muchacho, nadie tiene derecho a quitarle la vida y maltratar a un ser humano, sí los policías son culpables que paguen, no es posible que los mismos gobernantes hayan ocultado la verdad, la gente no es tonta, y bien se sabe que la policía es corrupta, y hacen muchas cosas malas, nadie puede venir a matar a un muchacho que no estaba haciendo nada malo”, así lo manifestó una señora que se encontraba esperando a sus familiares en el parque San Juan, justo donde fue la última vez que José Eduardo tuvo contacto con la sociedad.

Otro ciudadano que dio su punto de vista fue un joven, quien dijo: “me daría miedo caminar por el parque y que los policías me detengan por algo que no hice y no volver completo a mi casa, es injusto que ese chico por el hecho de no ser de Yucatán haya sido violentado de esa manera”.

A lo largo del tiempo, la policía se ha visto involucrada en varios actos delictivos en Yucatán, pero las mismas autoridades lo han ocultado, un señor oriundo de Yaxcabá que esperaba una cita de trabajo en San Juan, nos brindó su opinión: “es lamentable que la policía se preste para ese tipo de actos, estoy de acuerdo que si el joven hizo algo lo hubieran encerrado, pero no tenían por qué golpearlo y mucho menos violarlo, no hay necesidad de matarlo, si va a cumplir con sus horas de arresto pues que lo cumpla pero por qué abusar de él, y que todo el peso de la ley caiga sobre el alcalde y el gobernador que intentaron ocultar la verdad, no es justo pues solo era un joven”.

“Creo que a esos policías no les gustaría que a sus hijos les hicieran algo así, matar a un joven no tiene perdón, tienen que aprender a ser humanos y que ojalá se haga justicia, que la gente de López Obrador haga su trabajo y que se demuestre quien tuvo la culpa, tampoco es justo que otros paguen por intereses de las autoridades”, manifestó una señora de edad avanzada, quien se dedica a la venta de dulces en el parque San Juan.

LA VOZ DEL SUR

Doña Emilia, una mujer que todos los días sale a trabajar y regresa entrando la noche dice que le ha tocado ver muchas situaciones extrañas, por parte de los policías.

“Yo agarro mi combi en el centro porque vivo en San José Tecoh y me ha tocado ver como los policías agarran a los borrachitos que salen de las cantinas en la tarde, también he observado cómo se portan con la gente, son groseros y mal educados, deberían de ser respetuosos porque gracias a nosotros comen y tienen trabajo. A mi vecino el otro día lo golpearon porque estaba tomado y no tenía dinero, únicamente por no traer recursos le pegaron, ¿hasta dónde van a llegar, ahorita ya mataron a un muchacho, que sigue?”.

Doña Emilia nos contó que hace unos meses conoció a un policía que cada segundo día pasaba a la tienda que está cerca de su trabajo para cobrar su cuota.

“Yo trabajo en Kanasín y hay un policía que pusieron en esa zona y yo todos los días voy a comprar a esa tienda, y también me tocó ver que ese oficial cobrara su mochada y hasta le dijo al dueño de la tienda, que él controla a los chemos de esa zona y que con su aportación nadie se iba a meter a robar, es algo que te preguntas, cómo puede ser posible sí ellos nos deben cuidar, por eso hay tantas cosas que pasan porque ellos mismos como policías están metidos».

Es verdad que en muchos de los actos ilícitos que ocurren hoy en día en Yucatán, siempre hay autoridades relacionadas y en algunos casos, son los jefes, dijo don Miguel Pech.

“Yo fui policía municipal en 1977, donde aún existían la disciplina, los jefes pedían cuotas para poder trabajar de forma cómoda, pero ahora, eso de ser policías asesinos, violadores, eso es culpa de los jefes que lo permiten, ellos saben a quién contratan, todo es por palanca. Ahora y ahí adentro, hay muchos que son familia, por eso hacen lo que quieren, no es justo que uno confíe en las autoridades y son ellos los que nos perjudican, todo ha cambiado con el paso de los años, ahora hasta a mí que soy adulto me daría miedo caminar de noche ya no sé qué me van a hacer… jejeje».

Don Miguel ahora se dedica a cuidar de sus nietos y en ocasiones sale a hacer sus compras durante la tarde-noche en las Cinco Colonias, donde también ha sido testigo de varias detenciones por parte de la Policía Estatal, quienes patrullan esa zona.

“Claro que he visto cómo se llevan a los chavos que se juntan en la esquina del campo y la mayoría de veces no están haciendo nada malo, pero aun así se los llevan, yo creo que no es justo porque al final sólo les sacan dinero a sus papás para que los liberen, y el mal rato o los golpes, quien se los quita. Leí en el diario lo del muchacho de Veracruz y fue algo muy cruel pero ojalá Dios los haga pagar por lo que le hicieron y su mamá no me imagino que dolor tan grande sufre.

La sociedad hoy en día ha quedado muy marcada con el caso del joven José Eduardo, realmente fue una noticia que ya le dio la vuelta al mundo, lo que se consideraba una ciudad segura, ha demostrado que no es así, las mismas autoridades se han visto manchadas en este lamentable caso que aún no ha sido aclarado.

La señora Felipa, quien todos los días camina varias cuadras para llegar a su trabajo en el Sur de la ciudad, nos dio su punto de vista: “pobre joven, se ve que no era mal muchacho, pero lo peor de todo es que el mismo alcalde haya intentado comprar el dolor de la mamá, eso no tiene perdón de Dios, creen que con el dinero van a reponer a su hijo, y el gobernador que se presta para este circo”

Cómo es posible que jueguen con el dolor de una madre, y el abogado ese que se pegó, seguro busca dinero porque si de verdad quisiera apoyar no hubiera cobrado el traslado, qué necesidad tenía la señora de pedir dinero a la gente, pero en fin haya ellos que saben lo que hicieron, y si esos policías son culpables que Dios los perdone y que se pudran en la cárcel, y si no pues que salga el culpable, total ellos saben quiénes son.

También puedes leer: MULTAS Y TRÁMITES, NEGOCIO REDONDO DE SSP

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba