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¡DELINCUENCIA ORGANIZADA!

  • Aún no se seca la tinta de las denuncias contra Mauricio Vila Dosal y cae una nueva bomba sobre sus “Castillos en el Aire”: libran nueva orden de aprehensión contra Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez Mont, máximo patrocinador y socio del Gobernador
  • Vila no ha podido responder a los señalamientos de Sol Yucatán que lo vinculan con este delincuente de talla internacional, como quedó evidenciado con su reciente extradición de Costa Rica, arribando a tierras yucatecas precisamente a bordo del flamante jet privado que el mandatario estatal ha usado en múltiples ocasiones
  • Se desconoce el actual paradero de sus conocidos prestanombres en la Península de Yucatán, Rodolfo Rosas Cantillo y Martínez Zapata, quienes “coincidentemente” rentaron lujosas mansiones en el vecino país del norte, para tomarse un “conveniente año sabático”
  • La Fiscalía General de la República investiga el presunto desvío de 2 mil 950 millones de pesos desde la Secretaría de Gobernación durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong, hoy senador

Redacción/Sol Yucatán

Mérida.- Aún no se seca la tinta de las denuncias contra Mauricio Vila Dosal y cae una nueva bomba sobre sus “Castillos en el Aire”: libran nueva orden de aprehensión contra Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez Mont, máximo patrocinador y socio del Gobernador.

El Gobernador Vila no ha podido responder a los señalamientos de Sol Yucatán que lo vinculan con este delincuente de talla internacional, como quedó evidenciado con su reciente extradición de Costa Rica, arribando a tierras yucatecas precisamente a bordo del flamante jet privado que Mauricio Vila Dosal ha usado en múltiples ocasiones.

Se desconoce el actual paradero de sus conocidos prestanombres en la Península de Yucatán, Rodolfo Rosas Cantillo y Martínez Zapata, quienes “coincidentemente” rentaron lujosas mansiones en el vecino país del norte, para tomarse un “conveniente año sabático”.

También es de recordar nuestra reciente denuncia de nuevos frentes de la red de empresas fantasma de estos personajes, en los «jóvenes empresarios» Salvador Hamdan y otros.

Álvarez Puga llegó desde Costa Rica a Yucatán a bordo de un flamante jet privado que Vila Dosal ha usado en múltiples ocasiones

¡¡Resulta evidente que ya sentían pasos en la azotea!! Se alerta a la sociedad sobre nuevos CONTRATISTAS del Gobierno del Estado de Yucatán, o más bien SUBCONTRATISTAS DE LA MAFIA FACTURERA encabezada por Rodolfo Rosas Cantillo y Mauricio Martínez Zapata, ambos FRANQUICIATARIOS del Delincuente Víctor Manuel Álvarez Puga, a quien Grupo Sol ha señalado como PRINCIPAL PATROCINADOR de la campaña de Mauricio Vila Dosal a la Gubernatura en 2018. Se trata de los “jóvenes empresarios” Salvador Hamdan Lozano, Genaro Mier y Terán Medina y Enrique Martínez Palomeque, quienes presumen estar apadrinados por el empresario refresquero Fernando Ponce (no precisó la fuente si es García o Díaz) y el constructor Ariel Medina Medina, para la asignación de obras carreteras FANTASMA al interior del Estado. Para ello se designó como Secretario de Obras Públicas a Aref Karam Espósitos, un incondicional del Gobernador Mauricio Vila Dosal y devoto impulsor de su campaña hacia la Presidencia, POR LO QUE ALERTAMOS A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN PARA QUE SE INVESTIGUE ESTA DENUNCIA.

ORDEN DE ARRESTO

La Fiscalía General de la República giró orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Álvarez Puga, por peculado, delincuencia organizada y delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La orden de detención emitida por autoridades mexicanas no solo es contra de la presentadora de televisión, sino también contra su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga.

Las autoridades ya se encuentran buscando a la conductora y al empresario para cumplimentar la orden de detención que hay en su contra.

Circulan versiones que la presentadora se había envuelto en el problema desde 2016, con el caso de enriquecimiento ilícito.

Inés Gómez Mont, ex conductora del programa “Ventaneando” y sobrina de Fernando Gómez Mont, ex Secretario de Gobernación en el gobierno de Felipe Calderón, además es madre de seis hijos, empresaria y un icono de moda, y aunque la famosa se encargaba de expresar su amor en redes sociales, poco se sabe de la vida de su marido.

Fernando Gómez Mont

Como se sabe en las altas esferas, Víctor Manuel Álvarez Puga forma parte del selecto grupo de amigos de Juan Collado, abogado que estuvo a cargo del divorcio del ex presidente Enrique Peña Nieto, y también fue el abogado defensor de Raúl Salinas de Gortari y detenido por la Fiscalía General de la República acusado de delincuencia organizada.

La famosa pareja se conoció en una fiesta de cumpleaños de Ernesto Zedillo Jr. en octubre del 2013 se comprometieron formalmente.

Juan Collado

Álvarez Puga es abogado de profesión y junto a su hermano son dueños del despacho Álvarez Puga & Asociados, además es socio de Rodolfo Rosas Cantillo, benefactor económico del Estadio Sostenible de Yucatán, amigo y socio del gobernador Mauricio Vila Dosal.

Entre los negocios en los que participan Álvarez Puga y Rosas Cantillo es en el equipo “Venados” de Yucatán, plaza Mangus, entre otros desarrollos inmobiliarios.

Rodolfo Rosas Cantillo

Además de la polémica aeronave Learjet 45, en el que habría viajado Vila Dosal a la reunión de la Conago hace unos meses y a la reunión de gobernadores del PAN realizada en Dolores Hidalgo, Guanajuato, en un momento en que el Estado pasaba por una crisis derivada de la pandemia y el paso de la tormenta tropical “Cristóbal” por la entidad.

En junio de este año, una jueza federal le dio a Inés Gómez Mont un amparo. El fallo ordenó a la Fiscalía General de la República dejar sin efecto un acuerdo donde la presentadora solicitó que no se ejerciera acción penal en su contra.

En ese momento se le acusó de haber realizado operaciones con recursos de procedencia ilícita. Actualmente, la actriz mexicana evitó un juicio por evasión fiscal al pagar a la Hacienda Federal la cantidad de 10 millones 967,000 pesos por contribuciones.

Plaza Mangus, en Mérida

La última publicación en Instagram de Inés Gómez Mont fue una fotografía de cuando sus hijos eran bebés, como la actriz colocó el enlace de la misma en su cuenta de Twitter, algunas personas comenzaron a preguntar sobre su paradero e incluso aseguraron que probablemente ya habría huido de México.

La FGR solicitó a la Interpol orden de arresto internacional contra Víctor Manuel, por su presunta responsabilidad en operaciones de lavado de dinero y desvío de recursos públicos

De ser encontrados responsables, luego del juicio penal correspondiente, los implicados podrían alcanzar una pena acumulada que va de los 20 a los 60 años de prisión

DESVÍO DE DOS MIL MILLONES DE PESOS

La Fiscalía General de la República investiga el presunto desvío de 2 mil 950 millones de pesos desde la Secretaría de Gobernación (Segob) durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong, hoy senador del PRI, mediante la adjudicación de contratos a empresas fantasma.

Miguel Ángel Osorio Chong

Una investigación federal señala que Víctor Álvarez Puga e Inés Gómez Mont habrían sido los beneficiarios finales del presunto desvío millonario operado con la Segob mediante mil 446 operaciones bancarias para triangular y lavar los recursos. La indagatoria señala que también habría participado un hermano del empresario, Alejandro Álvarez Puga.

La indagatoria, conocida como “Caso Querubines”, indica que los recursos públicos habrían sido desviados mediante dos contratos adjudicados por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, que dependía de la Segob en el sexenio pasado, a la razón social Seguridad Privada Inteligencia Cibernética S.A. de C.V.

Esta empresa fue calificada por la Secretaría de Hacienda como una Empresa que Factura Operaciones Simuladas (EFOS), es decir, se trata de una compañía “facturera”.

Los contratos, que suman 2 mil 950 millones de pesos, fueron adjudicados en agosto y octubre de 2016, supuestamente para comprar un programa de interconexión de siete penales federales al C4 del OADPRS, y fueron declarados reservados por el Comité de Transparencia de dicha institución durante 5 años alegando motivos de seguridad nacional.

Una vez ganados los dos contratos por casi 3 mil millones de pesos, la empresa fachada Seguridad Privada Inteligencia Cibernética SA de CV distribuyó el dinero entre otras cuatro empresas, también calificadas como “factureras” por la autoridad fiscal. Y éstas, a su vez, triangularon el dinero público a otras tres factureras.

Las compañías son: Modemo S.A. de C.V.; Tecnología e Innovación Arromlop S.A. de C.V.; Ingeniería y Arquitectura Tangamanga S.A. de C.V.; Creación y Modificaciones Gardel S.A. de C.V.; Comcelint S.A. de C.V.; Rangel S.A. de C.V. y Gupea Construcciones S.A. de C.V.

Estas empresas fueron creadas con apenas semanas de diferencia, entre el 18 de febrero de 2016 y el 12 de mayo de 2016, el mismo año de la firma de los contratos millonarios con el órgano desconcentrado de la Segob. Y también tienen sus sedes en viviendas particulares e, incluso, en lugares que conducen a obras en estado de abandono y a lotes baldíos.

Las autoridades fiscales detectaron que este grupo de empresas fantasma hicieron más de mil 400 operaciones de lavado de dinero y emitieron cientos de facturas falsas. Y sospechan que detrás de ellas estaría el matrimonio de Inés Gómez-Mont y el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes habrían cobrado una comisión para lavar el dinero público.

Y lo anterior, se le puede llamar con un sólo nombre “delincuencia organizada” ya que la misma Ley en la materia así la describe: “Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos delitos, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada”.

Los Álvarez Puga sí que están bien “organizados”, una sociedad de poder donde la protección laboral de los trabajadores queda pisoteada por la avaricia de los patrones.

La suerte de este “cártel” está echada y no le favorece a estos vándalos, ni nombres como los de Ernesto Zedillo, Santiago Creel Miranda, Emilio Gamboa Patrón y Ulises Ruíz le podrán servir de escudo, aun cuando se mencionan como parte de las complicidades del “cártel” Álvarez Puga.

Cuántos poderosos estarán inscritos en la nómina de los “Reyes del Outsourcing”, que pagan a sus directores estatales sumas equivalentes a los dos millones y medio de pesos mensuales.

El “cártel” de los Álvarez Puga, no saben hacer otra cosa que delinquir, piensan que por tener dinero y poderosos que los respalden pueden hacer lo que se les antoja, por lo que la FGR muy pronto los pondrá frente al Ministerio Público leyéndoles sus derechos. Los excesos y violaciones a las leyes por parte de Víctor Manuel y Alejandro Álvarez Puga y sus “compinches” deben tener un final como corresponde: con la declaración de un Juez dictándoles sentencia condenatoria

HISTORIAL CORRUPTO

En el 2010 comenzaron las investigaciones que realizan el SAT, la PGR y el IMSS en contra del despacho de abogados de los Alvarez Puga por fraude y evasión fiscal. Con 10 años de ejercicio y con más de 700 clientes a nivel nacional, Álvarez Puga & Asociados, está siendo investigada por las autoridades federales por lavado de dinero y evasión fiscal.

Entre otros escándalos, es bien conocido que sus oficinas corporativas ubicadas en Santa Fe, en la Ciudad de México, son un bacanal: drogas, “edecanes” en todos los pisos para ser llamadas por los directivos para prostituirse y tener sexo en sus oficinas o bien, llevarlas en aviones privados para las reuniones que tienen con políticos -gracias a los contactos que tiene uno de sus socios, el hijo de Santiago Creel-.

En Chiapas, Víctor en conjunto con su hermano Alejandro, controlan antros y bares; casualmente todos los antros fueron “quemados” por los Z’s a excepción de los que pertenecían a los Álvarez Puga.

Las instalaciones de la empresa Álvarez Puga & Asociados, que defraudó a miles de usuarios que confiaban en los trámites para la declaración de impuestos en zonas de Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Campeche, fueron aseguradas por personal del Sistema de Administración Tributario (SAT) por un presunto fraude de varios miles de millones de pesos

Entre las propiedades aseguradas están las oficinas de Mérida, el despacho que opera en la Calle 19, número 113, planta alta, del Fraccionamiento Montecristo.

En Quintana Roo tiene dos despachos, uno en Cancún, en el Centro Corporativo Cancún de Avenida Tulum número 318, interiores 10 y 13, en la Súper Manzana 9, y también en Playa del Carmen, en la Avenida 105 con Constituyentes, primer piso, local 6, de la Plaza Esmeralda.

En Tabasco, en Paseo Tabasco número 1203 de la colonia Lindavista, en el sexto piso de la Torre Empresarial de Villahermosa.

Finalmente, en Campeche, el despacho contable tiene dos sucursales: en la capital, San Francisco de Campeche, en la Avenida Ruiz Cortines número 112, que corresponde a la Torre “A”, interior 203-A de las Torres de Cristal, y en Ciudad del Carmen, en la Calle 51-A número 28, de la colonia Pallas.

Adicionalmente, también están involucrados notarios y autoridades fiscales de la región, ya que daban fe de varios actos para darles legalidad y hacían acuerdos con los contribuyentes que solicitaban devoluciones de impuestos, las cuales se hacían íntegramente en perjuicio de Hacienda y del país.

Hace casi una década, el contador oaxaqueño Sergio Castro empezó a ofrecer servicios de planeación fiscal, recaudación a contribuyentes morosos, reingeniería de nómina, asesoría laboral y seguridad patrimonial a servidores públicos y entró en contacto con muchos contadores de Mérida y otras partes del país, algunos de ellos altos funcionarios del gobierno estatal.

En las denuncias e investigaciones que tiene abiertas la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de funcionarios corruptos y abusivos de sexenios anteriores, pronto podría haber nuevas órdenes de aprehensión dictadas por jueces federales que involucran a exdirectivos de algunos órganos de inteligencia, de seguridad nacional, exjefes policiales y de procuración de justicia que adquirieron y utilizaron maliciosamente (espionaje) el servicio del software israelí para el uso de la plataforma conocida como Pegasus.

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