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IGLESIA DE LA GUERRA DE CASTAS

Guillermo Medina / Sol Yucatán. En la comisaría de Ticum, municipio de Tekax, se encuentra un pedazo de historia que se ha mantenido en pie...

DERROCHE EN PAPELERÍA

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  • El Poder Judicial del Estado suscribió en 2021 un contrato a modo a favor de la empresa Distribuidora Mayorista de Oficinas la cual también es la “favorita” del gobierno del Estado y del Ayuntamiento de Mérida.
  • Dimosa siempre establece acuerdos previos del lanzamiento de las respectivas convocatorias, incluso, en este caso no envió a representante alguno a la presentación de los resultados, pues sabía que las cuatro partidas del contrato ya le pertenecían.
  • En la convocatoria participaron dos licitantes, pero el PJE privilegió a Dimosa, sin detallar el procedimiento ni los resultados de la evaluación efectuada. Tras la disfrazada adjudicación directa no se especificó el producto a entregar, ni el volumen ni otro detalle referente al material de papelería.

Redacción/Sol Yucatán

Mérida.- Cerca de 8.7 millones de pesos derrochó el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, tras suscribir en 2021 un contrato a modo a favor de la empresa Distribuidora Mayorista de Oficinas, Sociedad Anónima de Capital Variable (Dimosa), la cual también es la “favorita” del gobierno del Estado y del Ayuntamiento de Mérida.

Aunque el año pasado no fue tanto el trabajo efectuado en el PJE, el burocratismo provoca el excesivo consumo de material de papelería, situación que sólo favorece a dicha compañía, la cual, siempre establece acuerdos previos del lanzamiento de las respectivas convocatorias, por lo que resalta el vínculo de corrupción.

Incluso, en este caso, la iniciativa privada no envió a representante alguno a la presentación de los resultados, pues sabía que las cuatro partidas del contrato ya le pertenecían.

El 23 de febrero de 2021 se efectuó la décima tercera sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del PJE, en la cual se dio a conocer el fallo correspondiente a la licitación pública PODJUDCJ 04/2021 relativa a la “Adquisición de material para oficina, papelería; consumibles de cómputo y material de limpieza e higiene”.

En la convocatoria participaron dos licitantes, pero el PJE privilegió a Dimosa, sin detallar el procedimiento ni los resultados de la evaluación efectuada, para luego dictar el respectivo veredicto.

Tras la disfrazada adjudicación directa, se le asignó un monto por ocho millones 705 mil 760.91 pesos, correspondiente a cuatro partidas, y en el documento no se especificó el producto a entregar, ni el volumen del mismos, ni otro detalle referente al material de papelería.

Irónicamente, en el lugar donde se respeta y se hace valer la Ley, ésta fue pisoteada por la corrupción.
En el documento se establece que en la “Partida ‘A’, consistente en la adquisición de material de oficina, tomando en consideración que acreditó su existencia legal, capacidad técnica, solvencia financiera, cumplió con todos los requisitos solicitados y además de que reúne las mejores condiciones para el Consejo de la Judicatura, se adjudica la referida partida a la empresa Distribuidora Mayorista de Oficinas, SA de CV, por un monto total de 416 mil 420.28 pesos”.

Asimismo, se mencionó que en la “Partida ‘B’, consistente en la adquisición de papelería, tomando en consideración que acreditó su existencia legal, capacidad técnica, solvencia financiera, cumplió con todos los requisitos solicitados y además de que reúne las mejores condiciones para el Consejo de la Judicatura, se adjudica la referida partida a la empresa Distribuidora Mayorista de Oficinas, SA de CV, por un monto total de tres millones 897 mil 600 pesos”.

De igual forma, se determinó que en la “Partida ‘C’, consistente en la adquisición de consumibles de cómputo, tomando en consideración que acreditó su existencia legal, capacidad técnica, solvencia financiera, cumplió con todos los requisitos solicitados y además de que reúne las mejores condiciones para el Consejo de la Judicatura, se adjudica la referida partida a la empresa Distribuidora Mayorista de Oficinas, SA de CV, por un monto total de un millón 923 mil 817.08 pesos”.

Incluso, se enunció que en la “Partida ‘D’, consistente en la adquisición de material de limpieza e higiene, si bien la propuesta económica presentada por la empresa Globalizadora de Productos de Consumo Efectivo SA de CV fue la de menor precio, esta resultó desechada por los motivos expuestos en el dictamen presentado por la Dirección de Administración y Finanzas. Por otra parte, tomando en consideración que acreditó su existencia legal, capacidad técnica, solvencia financiera, cumplió con todos los requisitos solicitados y además de que reúne las mejores condiciones para el Consejo de la Judicatura, se adjudica la referida partida a la empresa Distribuidora Mayorista de Oficinas, SA de CV, por un monto total de dos millones 467 mil 923.55 pesos”.

Por ende, es notable el favoritismo que prevaleció en esta licitación pública, por parte de los representantes del PJE.
En la documentación no se especificó el plazo de entrega del producto, mucho menos a partir de cuándo iniciaría y concluiría la vigencia del contrato, entre otras anomalías detectadas.

De tal manera, es descarada la violación a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como su reglamento en vigor.

Cabe destacar que en tan sólo dos años, el gobierno del Estado gastó 26.2 millones de pesos en material de papelería, cuyo 72 por ciento correspondió a la adquisición efectuada en 2020, año de poca actividad burocrática, debido a la aparición de Covid-19, por lo que se trata del robo más descarado de la actual administración.

Incluso, para el colmo, la transacción estuvo a cargo de la directora de administración de la Secretaría General de Gobierno, Ligia Lolbé Carrillo Jiménez, quien tiene diversas denuncias de abuso de confianza y de corrupción, cuando laboraba en el Ayuntamiento de Mérida, por lo que el titular del Ejecutivo utiliza su experiencia para delinquir.

La situación se vuelve más compleja, debido a la actitud del empresario Juan Gabriel Andrés Amar, pues utiliza a Dimosa para tratos irregularidades, tal como ocurrió con la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) y el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).

Es decir, es una de las consentidas iniciativas privadas del gobierno del Estado, a la cual, en los primeros tres años ya se le pagó al menos 49.1 millones de pesos, pues también tuvo nexos con otras dependencias estatales.

Según el contrato número SAF/SARH/0022-10/2020, otorgado a la empresa Dimosa SA de CV, cuyo representante legal es Juan Gabriel Andrés Amar, el Gobierno Estatal pagó 18 millones 868 mil cuarenta y dos pesos con 28 centavos para productos de papelería para 12 dependencias.

El material adquirido fue para abastecer a las secretarías de Obras Públicas, de Educación, de Administración y Finanzas, de Desarrollo Rural, de Fomento Económico y Trabajo, de Desarrollo Sustentable, de Desarrollo Social, de Cultura y las Artes, de las Mujeres, de Pesca y Acuacultura Sustentable, Fiscalía General del Estado y hasta la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, para que pudieran cumplir con sus labores cotidianas.

Sin embargo, en 2020, durante tres meses se aplicó la interrupción temporal de la actividad escolar, laboral y recreativa, así como la movilidad en el espacio público, y posteriormente, era mínimo el trabajo efectuado en algunas dependencias, con tal de cortar la cadena de transmisión.

Pese la suspensión temporal de actividades, el Ejecutivo gastó la millonaria cantidad en material de papelería, la cual “desapareció”, por lo que se tuvo que efectuar otra adquisición de producto.