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EDITORIAL

 

“DESAPARECER” A LOS DESAPARECIDOS

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Por Noé Zavaleta

Esa fue la política pública de esté sexenio: “Desaparecer” a los desaparecidos. Lo hicieron de la agenda presidencial, de la agenda gubernamental, los han matizado a base de presiones en los medios de comunicación e incluso los han reprimido con antimotines en las calles y en las carreteras cuando hay concentraciones públicas y masivas de familiares de desaparecidos.

El aire se llevó las promesas que Andrés Manuel López Obrador emitió en la plaza de Las Tres Culturas de Tlatelolco siendo presidente electo: “Ni perdón, ni olvido” y “verdad y justicia”. Este fatídico sexenio cerrará con más de 50 mil desaparecidos y cargando la pesada losa de 170 mil -desde que arrancó la guerra contra el narcotráfico en 2006 con el panista, Felipe Calderón- y la suma, lamentablemente, seguirá subiendo.

De poco sirvió la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), el reforzamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), así como la creación en cada uno de los 32 estados del país de las Fiscalías Especializadas en Desaparición de Personas y en algunos casos la creación de Unidades Especializada de Investigación del Delito de Desaparición Forzada -las que investigan la desaparición de un civil a manos de un servidor público, ya sea policía, marino, militar, fiscal, policía ministerial, etcétera-, sí este personal burocrático, de reciente creación carece de los mínimos elementos para investigar la ausencia de un ciudadano.

Hoy en México, hay una crisis humanitaria en materia de desaparición de personas. El país, tiene focos rojos en las entidades de Jalisco, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Veracruz, Tamaulipas, Puebla, Guanajuato y en estados antes tan ajenos al fenómeno de desaparición como son Quintana Roo o Chiapas.

En el 2022, la El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) contabilizó más de 13 mil fichas de búsqueda en todo el país, es decir a un ritmo de 35 desapariciones por día desde Tijuana, Baja California hasta Chetumal, Quintana Roo.

Las desapariciones ocurren porqué en México es fácil desaparecer a una persona, porque hay complicidad policíaca, porque el narcotráfico tiene territorios sin ley, convertidos en auténticos búnkeres criminales; porqué las Fiscalías no investigan, porque no tienen la preparación, porque hay involucramiento del estado mexicano, por muchas otras razones. Las únicas que salen a buscar a los suyos, son las madres, que recorren cielo, mar y tierra, para hallar a los suyos.

Ellas buscan a sus hijas, sus hijos, maridos y familiares. Es una historia cotidiana en nuestro país. Les empezaron a decir “tesoros”, a los restos óseos hallados en las múltiples fosas clandestinas de nuestro país.

Principalmente en las entidades de Veracruz, Sinaloa, Guerrero, Jalisco, Michoacán y recientemente en Guanajuato. Hay un viacrucis endemoniado de la búsqueda en vida y en muerte de los desaparecidos en México. Más de 170 mil ausencias y contando, acumulando, por cientos, por miles.

Sus familiares se agruparon en “Colectivos”. No los une una filiación política, ni un gusto personal, tampoco una creencia religiosa, ni un estatus social, sino la “ausencia” de un ser querido. Un familiar “tragado por la tierra” en los cientos de agujeros negros que existen en México.

Desatado por todas partes, el crimen organizado, llámese Cártel de Sinaloa, Cártel de Jalisco Nueva Generación, Familia Michoacana o Cártel del Noreste, hacen y deshacen por doquier sin que política alguna ponga freno a sus fechorías: balaceras, matanzas, terror, desplazamientos humanos y miles de desapariciones son solo algunas de las consecuencias de este flagelo que, como nunca antes en la historia reciente, ha puesto de rodillas a un gobierno —el saliente de López Obrador—, por sus yerros, desatinos y hasta por su inflexible capricho de mantener una política errática basada en “abrazos y no balazos”.

A este escenario sangriento hay que sumarle la inacción oficial frente a los cárteles. De nada ha servido la decisión de crear la Guardia Nacional; tampoco que se les haya entregado el monopolio de las tareas de seguridad a las Fuerzas Armadas hasta 2028, pues en estados violentos como Zacatecas, Guanajuato, Tamaulipas o Guerrero los militares son meros espectadores de matanzas y desapariciones o bien han resultado implicados en esas acciones, como se ha documentado en los últimos años con casos de ejecuciones extrajudiciales y violaciones a los derechos humanos.

Con ese panorama por demás complicado, es que las autoridades federales, las morenistas hoy, las priistas ayer y las panistas antier, se excusan en su incapacidad de resolver el tema de los desaparecidos. Prefieren seguir con el paternalismo de despensas y dinero para los pobres, carreteras e inversiones para la clase media y mantener las componendas con la alta sociedad. Al final del día, y suela cruel decirlo, pero las autoridades lo ven así, los desaparecidos no votan.

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