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DESDE LA BARRERA

Abril Aletia Rodríguez Molina/Sol Yucatán

El premio Nobel de la Paz suele honrar a líderes políticos, diplomáticos o religiosos; a activistas, científicos, organismos internacionales u organizaciones de la sociedad civil. Este año, sin embargo, los galardonados han sido, por primera vez en la historia del premio, dos periodistas: Maria Ressa y Dmitry Muratov. “Por sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión”, dice el anuncio, y “porque representan a todos los periodistas que defienden ese ideal en un mundo en el que la democracia y la libertad de prensa enfrentan condiciones adversas”. 

Ressa es fundadora y directora de Rappler, un medio digital filipino que ha documentado incansablemente la arbitrariedady la desinformación con las que gobierna el presidente Rodrigo Duterte, quien con el pretexto de la guerra contra las drogas ha desatado una violencia sin precedentes contra la población civil. Muratov es fundador y editor en jefe de Novaya Gazeta, el periódico independiente más importante de Rusia y, por lo mismo, hostigado una y otra vez por el Kremlin –cinco de sus colaboradores (Igor Domnikov, Yury Shchekochikhin, Anna Politkovskaya, Anastasia Baburova y Natalia Estemirova) han sido asesinados en circunstancias, por decir lo menos, ávidas de esclarecimiento. 

En contraste con otras entregas que han provocado mucha polémica –por ejemplo, a Henry Kissinger en 1973 o a la Madre Teresa de Calcuta en 1979–, esta vez la decisión del comité sueco no puede ser recibida más que como un muy atinado mensaje en el momento preciso. Porque según el Comité para Proteger Periodistas, 274 periodistas fueron encarcelados como consecuencia de su trabajo en 2020, el número más elevado desde que se lleva registro. De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, en este 2021 un número récord de 37 gobiernos se han convertido en “depredadores de la libertad de expresión”, volcándose contra la prensa a través de la censura directa o indirecta, los encarcelamientos arbitrarios o la incitación a la violencia. En promedio, ha advertido la UNESCO, cada cinco días muere asesinado un periodista en el mundo… mayoría de esos crímenes permanece impune. 

En suma, hay no solo un ambiente hostil contra la prensa sino una atmósfera generalizada de permisividad para violentarla. Las causas son múltiples: el declive de los medios tradicionales o mainstream; el estallido de la revolución digital y las redes sociales; el surgimiento de nuevos populismos autoritarios; una creciente polarización política; etcétera. El resultado es que el periodismo, como una profesión construida a partir de la premisa de que existe tal cosa como el interés público, de que hay una ciudadanía que quiere enterarse de los hechos más allá de sus filias y sus fobias políticas, como un vehículo más o menos confiable para enterarse de qué ocurre en el mundo, está cada vez más en entredicho. 

Y las víctimas no son solamente los periodistas, sus entornos personales o los medios para los que trabajan. Son, además, sus audiencias; las regiones, sectores o temas sobre los que dejan de reportear; es la sociedad de la que forman parte la que termina desprovista de información, la que pierde un cable a tierra con la realidad y queda, por tanto, muy susceptible de ser manipulada, engañada o desinformada. Y no solo por oscuros intereses políticos o corporativos, nacionales o extranjeros, sino también –y esto es lo más trágico y sorprendente del fenómeno– por sí misma: por su propia vulnerabilidad, su ignorancia, su vehemencia, sus sesgos o sus prejuicios.

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