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COLAPSA MÉRIDA

DESFALCO EN TURISMO

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*De acuerdo con la ASEY presenta afectación a la hacienda pública por 150 millones de pesos

*Las actividades relacionadas al sector turismo continúan siendo las más opacas de todo el gobierno, con manejo a discreción de los recursos sin que nadie pueda poner un freno

*La disposición de recursos públicos sin contratos, sin verificar las cuentas de traspasos y sin documentar, son comunes en el manejo del presupuesto yucateco

Redacción

/Sol Yucatán

Mérida.- Las finanzas públicas del gobierno de Mauricio Vila Dosal, siguen mostrando irregularidades, pues de acuerdo con la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, en la auditoría del Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán y derivado del resultado de la fiscalización de la cuenta pública, se estima una posible afectación de 150.0 millones de pesos a la hacienda pública.

De la revisión de los estados financieros y auxiliares de las cuentas, se detectaron saldos por 834.5 millones de pesos del ejercicio 2020 pendientes de pago, en las cuentas contables “2112-1-000011”, “2112-1-000114”, “2112-1-000182”, “2112- 1-000395”; la entidad no proporcionó evidencia de la verificación mensual de saldos y las gestiones de pago correspondientes a saldos con antigüedad mayor a tres meses, o en su caso, la depuración de saldos contables.

De la revisión a las pólizas de registros contables y estados de cuenta bancarios, se detectaron pagos por 3,796.4 millones de pesos en los meses de febrero y abril de 2020, por concepto de difusión por radio televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales; la entidad no proporcionó autorización de la Dirección de Comunicación Social.

De la revisión a las pólizas de registros contables y estados de cuenta bancarios, se detectaron pagos por 150.0 millones de pesos en el mes de marzo de 2020, por concepto de Impresión y Elaboración de Material Informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal; la entidad no proporcionó contrato que permita validar el objeto, importe, forma, pago, plazo, lugar, condiciones, vigencia y características del servicio prestado y evidencia de la recepción del servicio.

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN

Se analizó el control interno instrumentado por la entidad fiscalizada, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) implementado por el Sistema Nacional de Fiscalización; aplicando un cuestionario de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno implementados. Derivado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por componente se tiene lo siguiente: 1.1 Ambiente de Control, nivel Medio: Existe un riesgo moderado de que no se cumplan con los objetivos de la entidad, debido a que se detectaron debilidades y/o carencias de: Procedimientos de vigilancia, detección, documentación y denuncia de violaciones a los valores éticos de la entidad, mecanismos de información a las instancias superiores; existencia de comités o grupo de trabajo de: auditoria interna, administración de riesgos, control y desempeño institucional, evaluación de desempeño del personal.

Administración de Riesgos, nivel Medio: Existe un riesgo moderado de que no se cumplan con los objetivos de la entidad, debido a que se detectaron debilidades y/o carencias de: Difusión de planes o programas estratégicos y objetivos específicos, comité de administración de riesgos, lineamientos de operación del comité de riesgos, metodología para la administración, revisión e información de riesgos de corrupción.

Actividades de Control, nivel Bajo: Existe un riesgo alto de que no se cumplan los objetivos y metas de la entidad, debido a que se detectaron debilidades y/o carencias de: programa de fortalecimiento de control interno, políticas de evaluación y actualización de manuales de procedimientos, comité de tecnologías de información y comunicaciones, programa de adquisición de equipos y software, inventarios de sistemas informáticos y de comunicación en operación, licencias y contratos para mantenimiento de sistemas de información y de comunicación, plan de recuperación de desastres para sistemas informáticos.

Información y Comunicación, nivel Alto: Existe un riesgo bajo de que no se cumplan con los objetivos de la entidad, sin embargo, se detectaron debilidades y/o carencias de: Evaluación de Control Interno, Establecimiento de actividades de control para riesgos identificados.

Supervisión, nivel Bajo: Existe un riesgo alto de que no se cumplan los objetivos y metas de la entidad, debido a que se detectaron debilidades y/o carencias de: evaluación de objetivos y metas, programa de acciones de problemas detectados, seguimiento de acciones, autoevaluaciones de control interno y programa de trabajo para atender deficiencias detectadas, auditorías internas y externas.

Por otra parte, de acuerdo con la Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-31000-19-1460-2021 1460-DE-GF, realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a las Participaciones Federales a Entidades Federativas, el gobierno de Mauricio Vila, l revisó una muestra de 7,085,914.3 millones de pesos, que representó el 66.1% de los 10,716,816.6 millones de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Yucatán, mediante los recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2020; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2020, por concepto de Participaciones Federales a Entidades Federativas al Gobierno del Estado de Yucatán, fueron por 10,716,816.6 miles de pesos, de los cuales, se revisó una muestra de 7,085,914.3 miles de pesos, que representó el 66.1% de los recursos transferidos.

No se determinaron resultados con impacto; sin embargo, se determinaron observaciones por concepto de falta de documentación en los procesos de contratación de adquisiciones y obras; asimismo, en procesos de adjudicación de contratos en los que no se privilegió la licitación pública, las cuales se atendieron en el transcurso de la auditoría

Al 31 de marzo de 2021 el Gobierno del Estado de Yucatán gastó el 100% de los recursos disponibles. En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Yucatán infringió la normativa, principalmente la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Yucatán y la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán; sin embargo, no se determinaron resultados con impacto y las observaciones determinadas se proporcionó la documentación correspondiente y se derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.

En cuanto a la fiscalización del Sistema de Recursos Federales Transferidos, la gestión que realizó el Gobierno del Estado de Yucatán, para la operación y coordinación del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), presentó insuficiencias debido a que no otorgó capacitación, ni dispuso del soporte documental que sustente que los informes trimestrales y el definitivo, formulados en el sistema, se efectuaron en los módulos del sistemas y trimestres que les correspondía, de acuerdo con lo establecido en la normativa.

Además, un promedio de entre 40.0% y 60.0% de los municipios no registró en el módulo de avance financiero del SRFT, la información del ejercicio de los recursos del FORTAMUN-DF y del FISMDF, en todos los trimestres de 2020 y, para el caso del FORTAMUN-DF, del FAM y del FASP, los proyectos de 2020 reportados en el módulo de destino del gasto del sistema, no incluyeron la información diferenciada entre mujeres y hombres.

También existieron diferencias entre los importes registrados en el SRFT y los registros financieros y contables de la entidad federativa y no se dispuso de la documentación que soporte los reintegros a la TESOFE, informados por la entidad federativa para el programa Salud Materna, Sexual y Reproductiva.

Asimismo, no se acreditó la comunicación, coordinación y definición de las metas y resultados de los indicadores seleccionados, ni se evidenció la congruencia y calidad de los resultados reportados, por no disponerse del soporte documental, fichas técnicas y metodologías de cálculo respectivas.

Tampoco se publicaron los informes trimestrales y el definitivo de 2020, sobre el destino, ejercicio de los recursos y de los indicadores de desempeño, en el plazo establecido en la normativa.

Cabe señalar que ya se dispone de evidencia de las acciones implementadas e instruidas por el Gobierno del Estado de Yucatán para atender las áreas de mejora identificadas en el proceso de gestión y coordinación del SRFT.

La revisión comprendió la verificación de la coordinación y control de la operación del SRFT; el otorgamiento de capacitación y claves de usuario para la operación del SRFT; la formulación y registro de los informes; los indicadores de desempeño; la transparencia y difusión de la información, y la evaluación del proceso de gestión del SRFT.

La Auditoría Superior de la Federación revisó que la gestión y operación del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) en el Gobierno del Estado de Yucatán se realizó de conformidad con la normativa aplicable. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.

El Gobierno del Estado de Yucatán dispuso de áreas específicas encargadas de la operación, gestión y coordinación del SRFT, las cuales disponen de un manual de organización y de procedimientos que contienen sus funciones y responsabilidades.

Asimismo, dispuso de claves de acceso al SRFT para el registro, revisión y validación de la información trimestral; difundió y convocó a los responsables del SRFT en la entidad a participar en los seminarios virtuales impartidos por la SHCP en 2020, con la finalidad de aumentar la cantidad y calidad de la información reportada en ese sistema.

Se formularon y registraron en el SRFT los informes trimestrales y el definitivo de 2020, referentes al destino y ejercicio del gasto, así como de los indicadores de desempeño; de igual manera, se dispuso de mecanismos de supervisión y control para la revisión y validación de esos informes.

Las cifras de los citados informes coincidieron con las publicadas en la página y el periódico oficial de la entidad fiscalizada; asimismo se reportaron a la SHCP los resultados de las evaluaciones efectuadas en 2020 a los fondos y programas del gasto federalizado.

No obstante, la gestión del SRFT en la entidad federativa presentó insuficiencias, ya que no se dispuso de un programa de capacitación, plan de trabajo o similar, con acciones y directrices encaminadas al fortalecimiento de las capacidades en materia del registro e informes en el sistema y no se dispuso del soporte documental que sustente que los informes trimestrales y el definitivo formulados en el SRFT se efectuaron en los términos y plazos establecidos en la normativa.

Adicionalmente, para el caso del FORTAMUN-DF, del FAM y del FASP, los proyectos de 2020 reportados en el SRFT no incluyeron la información diferenciada entre mujeres y hombres; y un promedio de entre 40.0% y 60.0% de los municipios no registró en el sistema la información del ejercicio de los recursos del FORTAMUN-DF y del FISMDF, en todos los trimestres de 2020.

Existieron diferencias entre los importes registrados en el SRFT y los registros contables de la entidad federativa, por concepto de recursos ejercidos y reintegrados a la TESOFE en dos de los tres fondos seleccionados y no se dispuso de la documentación que soporta los reintegros a la TESOFE, informados por la entidad federativa del programa Salud Materna, Sexual y Reproductiva.

Asimismo, no se acreditó la comunicación y coordinación entre las dependencias federales coordinadoras y las dependencias estatales, para la definición de las metas y resultados de los indicadores seleccionados; tampoco se acreditó la congruencia y calidad de los resultados reportados, por no disponerse del soporte documental, fichas técnicas y metodologías de cálculo respectivas.

Además, no se publicaron los informes trimestrales y el definitivo de 2020, sobre el destino, ejercicio de los recursos y de los indicadores de desempeño en el periódico oficial de la entidad federativa, en el plazo establecido en la normativa.