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!DESPIADADO MANIPULADOR!

  • En la primera quincena de octubre de 2018 –apenas 15 días después de que Mauricio Vila empezara su administración como gobernador de Yucatán–, el Ejecutivo del Estado despidió ilegal e injustificadamente a nueve mil 835 empleados y trabajadores de base
  • Ahora, Vila Dosal manipula y mantiene sin solución desde la Junta de Conciliación y Arbitraje, las casi diez mil demandas laborales por los despidos injustificados de empleados que hizo desde el gobierno estatal
  • El gobernador Mauricio Vila desprecia a los trabajadores de Yucatán y prueba de esto son las leyes contra pensionados y jubilados, los despojos a ejidatarios y los gastos millonarios para promover su imagen para lograr su candidatura a la Presidencia de la República

Redacción/Sol Yucatán

Mérida.- El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, congela las demandas laborales de los miles de empleados que echó a la calle al iniciar su mandato, recientemente modificó con ayuda de los legisladores locales la ley del ISSTEY para desamparar a jubilados, pensionados y empleados, mientras vende a nivel nacional una falsa imagen de éxito, en un triste intento por ser considerado un candidato a la presidencia de la nación por parte de su partido Acción Nacional.

Lo que ha marcado la administración de Vila Dosal es que quiere mantener en las sombras las nueve mil 835 demandas laborales por despido injustificado de empleados de gobierno, que siguen sin resolverse desde que llegó al poder, es decir desde hace cuatro años, pues tiene bajo su mando a la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado, mientras grita a todo pulmón que promueve el empleo, mientras le da la espalda a los que injustificadamente lanzó a la calle.

Tan solo en la primera quincena de octubre de 2018 –apenas 15 días después de que Mauricio Vila empezara su administración como gobernador de Yucatán–, el Ejecutivo del Estado despidió ilegal e injustificadamente a nueve mil 835 empleados y trabajadores de base, y con antigüedad de años de las diferentes dependencias de gobierno, entre las que había mujeres embarazadas y personas de la tercera edad.

Sin darles ni un peso y sin explicación alguna, solo les dijeron que eran órdenes del gobernador, por recorte presupuestal. Con este despido, pisoteó y agredió los derechos laborales y humanos de los empleados de gobierno que vilmente corrió.

Ante ese acto despótico, Vila Dosal tiene en su contra nueve mil 835 demandas laborales que todavía no se resuelven; desde hace más de tres años, ya que esas demandas han sido “congeladas” por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, que actualmente preside Grettel Escalante Rendis, una persona señalada por ser déspota y que solo sabe ser servil ante Vila y dar órdenes para que no proceda ninguna demanda laboral en beneficio de los trabajadores.

La presunta reactivación económica en Yucatán, se quiere realizar en base a la explotación sin freno de trabajadores y hasta de los que han sido arrojadas al ejército del desempleo, que el mismo Vila Propició. El gobernante se jacta de presuntos avances laborales, pero sus números alegres no incluyen a los trabajadores que despidió al empezar su administración, porque en un acto represivo y anticonstitucional, aún están congeladas sus demandas laborales.

En el colmo del cinismo, el gobernador se burla de los trabajadores frenar sus demandas y decirles que están en su derecho de demandar por despido. En el 2018, intentó justificar sus trapacerías con una presunta “austeridad”.

Dicho de otra manera, al gobernador no le importa en absoluto a población de Yucatán y prueba de esto, son sus ya frecuentes viajes a otros estados y países, para promover su imagen y decir mentiras, ya que empezó su campaña antes de tiempo para que sea nominado por su partido Acción Nacional como candidato a la presidencia de la república, y hace proselitismo con el dinero de los yucatecos. Tan solo en los últimos dos años, ha derrochado más de 297 millones de pesos en promover su imagen, mientras se empobrece la población.

La educación y la reinserción social también sufrieron un revés con diversos decretos, ya que igual al desaparecer dependencias, también eliminó el Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán (Ibecey), el Sistema para el Financiamiento del Desarrollo del Estado de Yucatán (Sifidey), el Patronato para la Reincorporación Social del Estado de Yucatán (PRSEY), y el Patronato de Asistencia para la Reinserción Social en el Estado de Yucatán (Parsey).

Todo en nombre de un supuesto plan de austeridad que queda en entredicho cuando se revisan los millonarios despilfarros que se llevan a cabo por Vila Dosal. Tal es el caso de DIF de Yucatán, en el que supuestamente se han gastado 38 millones 400 mil pesos en repartir galletas.

DESPIDOS EN LA SEGEY Y EL ISSTEY

De igual forma, en 2021, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) no dejó de golpear a los docentes y de poner en riesgo su vida profesional y económica.

Está el caso de los profesores y profesoras de la escuela Víctor Manuel Cervera Pacheco de Oxkutzcab lamentaron que se tomen decisiones a la ligera y sin pensar, ya que diversos docentes fueron despedidos sin justificación ni razón aparente.

Asimismo, el director de la Preparatoria Estatal No. 9, Ángel Emmanuel Salazar Asencio, despidió en los momentos más difíciles de la pandemia por COVID-19 a un grupo de ocho personas entre maestros y personal administrativo, obviamente bajo las órdenes y protección de Vila Dosal. Incluso, se dijo que este director les dio preferencia a profesores de Ticul y Tekax, mientras que los de Oxkutzcab son quienes resultaron más afectados.

Estos despidos fueron un golpe bajo para el magisterio de Yucatán, que fue traicionado por Loreto Villanueva Trujillo, entonces secretaria de educación, quien posteriormente fue premiada por Vila Dosal con la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).

Por su parte, María Isabel Rodríguez Heredia, titular del ISSTEY, también ha despedido a empleados sin ninguna justificación lógica, solamente les avisaron de un momento a otro que ya no trabajarán más para ellos.

En esta ocasión, los inconformes llamaron una verdadera «cacería» a la serie de despidos sin razón, pues ni el ISSTEY o ninguna otra dependencia tuvieron la dignidad de hacer una declaración al respecto.

La nueva ley ISSTEY, propuesta por Vila Dosal y recientemente aprobada en el Congreso y publicada en el Periódico Oficial, es a todas luces es un agravio irreversible a más de 40 mil trabajadores y trabajadoras del Gobierno de Yucatán, entre las que se encuentran personal de salud, maestras, maestros, trabajadores y trabajadores del poder judicial y del poder legislativo. Un ejemplo: hace más de tres años que los y las que trabajan en el poder judicial no tienen aumentos, pero les reducirán el salario con esta ley, ya que pagarán una cuota del 15%, cuando que antes pagaban el 8%.

DESPOJOS Y DERROCHES

Desde el inicio de la administración del gobernante panista, campesinos solicitaron apoyos como insumos agropecuarios (fertilizante, herbicidas, azúcar, utensilios y herramientas), paquetes artesanales, empleo temporal y mejoramiento de vivienda (cuartos, techos, baños, pisos, cocinas y lámina). Sin embargo, a cuatro años de su gobierno muchas de estas demandas siguen en espera de respuesta.

A unos meses de que Vila cumpla cuatro años al frente del gobierno de Yucatán, asociaciones campesinas denuncian que la pobreza y falta de vivienda siguen creciendo en la entidad casi a la par de la disminución de popularidad del gobernador que decidió olvidar a los que más necesitan.

Ahora, el gobernador de Yucatán sé la pasa de viaje por el país y el mundo, haciendo promoción para su campaña electoral, más que alentar la inversión en la entidad. A través de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo de Yucatán (Sefoet), convertida en la agencia de viajes de Vila Dosal, pagó 3 millones de pesos para sus paseos por Dubái. Esta misma dependencia le asignó más de 60 millones de pesos para una feria presencial por tres años, que por el COVID-19 sólo se realizó en una ocasión.

El estado tiene en una burbuja inmobiliaria a punto de explotar, problemas graves con la delincuencia organizada que cruza a su antojo las fronteras yucatecas para controlar la península sin que ninguna policía la detenga en sus ejecuciones o tráfico de drogas; con empleos mal pagados; con despojos a los ejidatarios, en complicidad con notarios que falsifican firmas en favor de lavadores de dinero, así como funcionarios y exfuncionarios, que les han robado de manera descarada más de 110 mil hectáreas en varios municipios de la entidad.

Y mientras el estado sufre la consecuencia de su política represiva, el sigue su millonario gasto en fotos y poses para usar su imagen. Sus intenciones son ganar simpatías, por ello oculta toda esa política represiva y antipopular que aplica en Yucatán, y que sueña implementar en todo el país.

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