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DESTRUYEN PATRIMONIO MAYA

  • Acaparadores de tierra podrían recibir de tres a 10 años de cárcel por dañar, alterar o destruir tierras con vestigios o monumentos arqueológicos.
  • Rafael Acosta Solís acaparó dos mil 744 hectáreas y las distribuyó a sus patrones, entre ellos Luis Alberto Sierra Sauri, hijo de la senadora Dulce María Sauri, y Miguel Ángel Moreno Cárdenas, hermano del presidente nacional del PRI, “Alito”.
  • Solo es cuestión de que el INAH actúe porque en documentos elaborados por la misma dependencia llevan la firma del titular Eduardo López Calzada.

Redacción/Sol Yucatán

Texán y Anexas.- Los empresarios que exploten las tierras donde haya vestigios y monumentos arqueológicos, podrían ir a prisión y alcanzar una pena entre tres y 10 años tras las rejas. Gerardo Torres sería quizá el primero, porque en el ejido de Texán y Anexas metió maquinaria pesada para abrir caminos, levantar bardas y hasta excavar un cenote para utilizarlo como bebedero para su ganado.

Estas tierras ejidales están asentadas debidamente en el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas e Históricos con el número identificador 36724 y la clave de sitio F16C5131080.

Por lo anterior, dichas zonas se encuentran sujetas a la protección, salvaguarda y jurisdicción de las tierras históricas, 15, 42, 44 y 46 del Reglamento de la ley citada, 1, 2, 3 y 17 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, el convenio para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural, Natural, aprobado por el Senado de la República el 22 de diciembre de 1983, así como el Manual de Organización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de octubre del 2018.

Es pues, que el empresario Gerardo Torres, no respetó la Ley del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que oficialmente señala en los documentos en poder de Sol Yucatán lo siguiente:

“Las tierras de uso común del ejido de Texán y Anexas, del municipio de Hunucmá, cuentan con diversos antecedentes en materia de vestigios arqueológicos, ubicados desde 1970 en el Atlas Arqueológico del Estado de Yucatán; estos sitios corresponden a los terrenos ubicados en la zona de Muka, debidamente asentado en el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas e Históricos con el número identificador 36724, y la clave del sitio F16C5131080.
Sol Yucatán pudo recorrer la zona devastada y documentar con gráficas y videos, los caminos hechos con maquinaria pesada, la construcción de bardas de concreto sobre los yacimientos arqueológicos y atestiguar hasta el descaro de abrir un cenote para que sus ganados beban el agua.

Por todo lo anterior, Eduardo López Calzada fue muy claro y objetivo en asentar con su sello y firma lo siguiente, que a continuación se describe textualmente:

“Al que por cualquier medio dañe, altere o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de tres a 10 años y multa por el valor del daño causado”.

Aquí, dijeron los ejidatarios y dueños de las tierras ante esta empresa periodística, confían en que López Calzada proceda, principalmente contra Gerardo Torres que es quien ha violentado la ley de una manera descarada, porque ya, desde la dependencia a través de un mensaje de Whatsapp, le pidieron a los campesinos afectados encabezados por Rodolfo Koyoc, que les envíe la ubicación exacta de las tierras dañadas, lo cual ya tienen en el INAH, solo se espera que pongan la fecha de la visita y levantamiento del acta que les permita proceder legalmente contra quien resulte responsable.

Mientras tanto, Rafael Acosta Solís y sus patrones, los empresarios que se robaron dos mil 744 hectáreas para venderlas en terrenos, tendrán que devolver el dinero porque ya reconfirmó el INAH que las tierras ejidales están llenas de zonas arqueológicas y por lo tanto nadie podrá construir sobre de ellas.

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