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SIN JUSTICIA A MUJERES

*Abogadas, activistas, defensoras de derechos humanos, coinciden: en Yucatán no existe una justicia real para las mujeres. Pareciera que la justicia sólo es para...

DOS MDP A EMPRESA FANTASMA

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Redacción/Sol Yucatán

Tizimín.- Justo al inicio de la administración de Mauricio Vila Dosal, apareció la empresa Modernizadora del Caribe, Sociedad Anónima de Capital Variable, la cual ha recibido millonarios contratos a través de cuestionables procedimientos, tanto del gobierno estatal como de diversos ayuntamientos, tal como ocurrió con el alcalde de Tizimín, Mario Alberto González González, quien en 2020 les asignó un presupuesto superior a dos millones de pesos para supuestas obras de electrificación.

De acuerdo con el acta constitutiva de la sociedad, su existencia está fechada al 19 de agosto de 2019, y está ubicada en el predio fiscal de la calle 55 número 258 entre 62 y 68 de la colonia Jacinto Canek.

Desde sus primeros días de existencia le asignaron diversos trabajos, ya que desde el 11 de noviembre de 2019 forma parte del registro de contratistas del gobierno del Estado, por lo que puede efectuar labores de obra civil, electrificación, vías terrestres, servicios relacionados con la obra pública, así como proyectos.

Por ende, el 17 de noviembre de 2020 el concejal de Tizimín suscribió con el superintendente Raúl Roberto Gamboa Aguilar el contrato de obra pública con base a precios unitarios y tiempo determinado, con número FAISM-096-OE-037-2020, relativo a la “Ampliación de electrificación del Asentamiento de Santo Domingo, en Tizimín”.

Aunque el procedimiento para la adjudicación del respectivo contrato fue una licitación pública, es evidente el favoritismo del edil hacia el empresario, pues no se especificó el número de licitantes y mucho menos se presentó la propuesta ganadora.

Simplemente, en el documento se estableció que el contratista “tiene capacidad jurídica para contratar, reúne las condiciones técnicas y económicas y dispone de la organización y elementos suficientes para obligarse a la ejecución de los trabajos relativos a la obra objeto del contrato”.

Pese a ello, el presidente municipal le otorgó un techo financiero por dos millones 74 mil 1.21 pesos, para la realización de la electrificación de la población del oriente del estado.

El costo total del trabajo corresponde a recursos provenientes del Ramo 33 y a cargo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) del ejercicio 2020.

El municipio otorgó un anticipo por el 30 por ciento del monto del contrato, que corresponde al importe de 622 mil 200.36 pesos para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos, así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos.

Al contratista se le dio un plazo de ejecución de la obra objeto de 30 días naturales, para lo cual, el trabajo comenzó el 17 de noviembre, la misma fecha en que se signó el documento, y la labor aparentemente concluyó el 16 de diciembre de 2020.

Sin embargo, son numerosas las quejas de la precaria calidad de la actividad efectuada, pues nunca hubo un servicio de calidad.

El contrato está compuesto de 24 cláusulas, distribuidas en 11 fojas, en el cual no se especificó el nombre de las comisarías donde se efectuaron las obras, mucho menos los detalles de los beneficiarios, entre otras anomalías.

Debido a las numerosas arbitrariedades detectadas en el contrato, fue notable la violación a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como su reglamento en vigor, al igual que la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

Junto con el edil y el empresario, el documento fue también firmado por el secretario de la comuna, Reyes Gaspar Aguiñaga Medina, así como el director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, José Guadalupe Díaz Marrufo.

Como anteriormente publicó Sol Yucatán, González González favoreció a la empresaria Lina Mercedes Fernández Alcocer, quien ha consolidado su negocio de la construcción con base en numerosos contratos a modo que suscribió con diversos alcaldes de la Península de Yucatán.

Tan sólo en Tizimín, los negocios turbios datan de 2014, y a partir de ese año se ha expandido hasta abarcar otros municipios de Yucatán, así como de Campeche y Quintana Roo, primeramente, como contratista y luego, a través de la empresa Constructora Caqo, S.A. de C.V., la cual data del 6 de marzo de 2015.

Tan sólo en Lázaro Cárdenas, municipio de Quintana Roo, obtuvo nueve obras por 14.7 millones pesos, también ha tenido con los ayuntamientos de Solidaridad, Valladolid y Tizimín, principalmente.

El 17 de mayo de 2019, el alcalde de Tizimín, signó el contrato de obra pública con base a precios unitarios y tiempo determinado, con número FAISM-096-VT-011-2019, relativo a la “Construcción y pavimentación de calles de la localidad de Santa Rosa y Anexas, municipio de Tizimín, Yucatán” a favor de la apoderada legal de dicha compañía.

La adjudicación del contrato se realizó mediante una licitación pública, sin embargo, en ningún momento se especificó el número de participantes, así como tampoco se dio a conocer la propuesta de la empresa ganadora.

Por ende, se le asignó un presupuesto por dos millones 24 mil 550 pesos, recursos provenientes del Ramo y a cargo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) para el ejercicio 2019.

El municipio otorgó un anticipo por el 30 por ciento del monto del contrato, que corresponde al importe de 607 mil 365 pesos.

Asimismo, el plazo de ejecución de la obra objeto fue de 60 días naturales, del 17 de mayo, al 15 de julio de 2019, pero nunca se dio a conocer los resultados de la obra realizada a mediados de la administración.