Por Manuel Francisco Lizárraga López
Pasaron los plazos. Se cumplieron —y se agotaron— los días que un colectivo de feministas dio al gobierno del estado para actuar. Y como tantas veces en Yucatán, las denuncias terminaron en el basurero de la impunidad.
La aparición recurrente del exalcalde de Motul, Roger Aguilar Arroyo, presumiendo su cargo como director del INDERM, no deja lugar a dudas: está blindado. El argumento es el de siempre, el comodín legal que todo lo justifica: no hay sentencia. Pero si en lo jurídico se esconden, en lo moral el espectáculo es grotesco. El gobernador no solo lo sostiene; lo saca a pasear como si se tratara de un funcionario ejemplar.
Aguilar Arroyo se ha convertido en el ícono de la impunidad. No es el único, pero sí el más emblemático. Su permanencia en el cargo sintetiza el mensaje real del actual gobierno: mientras no haya condena judicial, todo se perdona, todo se normaliza, todo se protege. La ética pública, otra vez, relegada.
No fue una sorpresa. En su momento lo advertí con claridad: el solo hecho de haberlo integrado al gabinete estatal era una señal inequívoca de blindaje político. No lo nombraron pese a las denuncias; lo nombraron para protegerlo. El cargo no fue un error, fue una estrategia.
También se los dije a las damas que alzaron la voz: su denuncia no iba a prosperar. No por falta de razón, sino porque se enfrentaban a un muro de intereses donde la justicia llega tarde… o no llega.
Hoy el mensaje del poder es brutalmente honesto:
en Yucatán, la impunidad no se esconde; se administra.
Y Roger Aguilar Arroyo es su rostro más visible.
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