- La CFE apagó la luz y, de paso, pretende apagar la inteligencia de los ciudadanos: atribuye el colapso eléctrico a supuestos vándalos, pero ofrece una explicación que deja demasiados cabos sueltos.
Redacción/Sol Yucatán
El sureste se quedó a oscuras, pero las explicaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tampoco terminaron de arrojar luz. Durante más de cinco horas, miles de familias de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Chiapas quedaron sin energía eléctrica.
Y cuando finalmente apareció una explicación oficial, la respuesta de la CFE apuntó al vandalismo.
El problema es que esa versión, lejos de cerrar el episodio, hace qe nos preguntemos todavía más sobre las condiciones en las que opera la infraestructura eléctrica del sureste, una región donde el crecimiento de la demanda, las altas temperaturas y la necesidad de sistemas de enfriamiento hacen de la electricidad un servicio indispensable.
La CFE atribuyó la interrupción a presuntos actos vandálicos en estructuras de alta tensión de 400 mil voltios. Una explicación que merece, por lo menos, algo más que un boletín: requiere pruebas, detalles técnicos y claridad sobre qué ocurrió exactamente.
Una cosa es señalar que hubo una afectación en infraestructura y otra muy distinta es pretender que la ciudadanía acepte, sin mayor explicación, que un apagón de esta magnitud fue provocado simplemente por “vandalismo”.
¿Nos quieren ver la cara de tontos?
¿Cómo pudo una presunta acción vandálica provocar una interrupción de semejante magnitud en el sistema eléctrico regional?
La explicación tampoco puede reducirse a señalar a supuestos responsables y dar por terminado el asunto.
Las líneas de transmisión de alta tensión no son instalaciones improvisadas. Se trata de infraestructura estratégica que requiere mantenimiento permanente, supervisión, protección y capacidad de respuesta ante fallas. Por ello, cuando ocurre una interrupción de grandes dimensiones, la sociedad tiene derecho a conocer qué falló, por qué falló y qué se hará para evitar que vuelva a suceder.
Y ahí es donde el discurso de la CFE empieza a quedarse corto porque el problema no es únicamente el apagón, el verdadero problema es la vulnerabilidad del sistema eléctrico en una región que lleva años aumentando su demanda de energía.
Yucatán no es el mismo de hace dos décadas. La población crece, la actividad económica se expande, llegan nuevas inversiones, aumenta la infraestructura urbana y, al mismo tiempo, el clima obliga a millones de personas a depender cada vez más de equipos de refrigeración.
En la Península, el aire acondicionado dejó de ser un lujo para convertirse, para muchas familias, en una herramienta para soportar temperaturas que durante buena parte del año alcanzan niveles extremos.
Por eso, que una falla deje durante horas sin electricidad a miles de hogares no puede tratarse como un incidente menor.
La CFE podrá atribuir la falla a un presunto acto vandálico. Pero eso no elimina la responsabilidad de explicar por qué la red quedó tan expuesta a una interrupción capaz de dejar a cuatro estados en semejantes condiciones.
Porque incluso si se confirma que hubo vandalismo, la discusión no termina ahí.
Al contrario.
Entonces habría que preguntar qué mecanismos de seguridad existen para proteger infraestructura estratégica, qué protocolos se activaron, cuánto tiempo tomó detectar la falla, cuánto tardó la reposición del servicio y qué medidas se implementarán para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.
La ciudadanía no necesita boletines que simplemente señalen culpables.
Necesita explicaciones técnicas.
Necesita saber si la infraestructura está preparada para soportar la demanda actual y futura.
Necesita conocer cuánto se invierte en mantenimiento.
Necesita saber qué capacidad de generación y transmisión existe para la Península.
Y necesita saber si las autoridades federales están actuando de manera preventiva o, como suele ocurrir, esperarán a que vuelva a colapsar el sistema para entonces reaccionar.
Pero la otra parte de esta historia también corresponde al Gobierno de Yucatán.
Porque mientras miles de ciudadanos reclamaban por el apagón, la respuesta estatal quedó reducida a reproducir la explicación de la CFE.
El gobernador Joaquín Díaz Mena realizaba una transmisión en redes sociales mientras los comentarios de los usuarios se llenaban de reclamos por la falta de electricidad.
Y la respuesta, en lugar de convertirse en una exigencia contundente hacia la Federación, terminó pareciendo una repetición del boletín de la empresa eléctrica.
Eso también merece una explicación.
Porque el Gobierno de Yucatán no tiene que administrar la CFE, pero sí tiene la obligación de defender los intereses de los yucatecos.
Si la infraestructura federal falla y deja a miles de ciudadanos sin servicio, el gobierno estatal no debería conformarse con informar la versión oficial.
Debería exigir respuestas.
Debería pedir un informe técnico.
Debería conocer las causas.
Debería reclamar garantías de que no volverá a suceder.
Y debería explicar a los ciudadanos qué está haciendo para evitar que la Península continúe dependiendo de una infraestructura que, ante una falla, puede dejar a miles de personas literalmente a oscuras y cocinándose dentro de sus propias casas.
Yucatán necesita un gobierno que levante la voz cuando sus ciudadanos resultan afectados.
Lo que no puede seguir ocurriendo es que cada apagón termine convertido en un comunicado donde la responsabilidad siempre parece estar en otra parte.
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