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EDITORIAL

 

El gobierno no es un botín electoral

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  • Hay una enorme diferencia entre llegar al gobierno para servir a los ciudadanos y llegar al gobierno para servirse de el.

Por Rebeca Aguilar Estrella

Lo primero exige vocación, preparación, compromiso y resultados, lo segundo solamente requiere encontrar una oportunidad, acomodarse políticamente y esperar el momento conveniente para buscar el siguiente cargo, y parece que en Yucatán algunos funcionarios apenas terminaban de instalarse en sus oficinas cuando ya estaban pensando en abandonarlas para buscar una candidatura.

A dos años de iniciada la administración de Joaquín Díaz Mena, varias dependencias estatales se han convertido en estaciones de paso para quienes ahora descubren que su verdadera vocación está en las elecciones de 2027.

Estefanía Baeza dejó la Secretaría de Bienestar para buscar la alcaldía de Mérida. Lila Frías abandonó la Secretaría de Pesca con aspiraciones en Progreso. Mirna Manzanilla salió de Ciencia y Tecnología para buscar la presidencia municipal de Tekax. Alicia Avilés también decidió separarse de la dirección del Tecnológico de Motul para participar en la contienda de su municipio.

Todos tienen derecho a aspirar, pero una cosa es tener derecho a buscar una candidatura y otra muy distinta es pretender que la administración pública deba acomodarse permanentemente a las ambiciones personales de quienes fueron convocados para gobernar.

¿Ya cumplieron con todo aquello para lo que fueron nombrados? ¿Ya resolvieron los problemas de las dependencias que encabezaban? ¿Ya entregaron los resultados que justificaban la confianza depositada en ellos? ¿O simplemente llegó el calendario electoral y las responsabilidades pasaron a segundo término?

Pero mientras unos abandonan sus cargos para buscar candidaturas, otros parecen estar buscando la manera de ocupar los espacios que dejan y aquí es donde la historia comienza a ponerse verdaderamente interesante.

El pasado sábado 17 de octubre, alrededor de las siete y media de la noche, habría tenido lugar una reunión política en las instalaciones de Bomssa, sobre el periférico de Mérida.

De acuerdo con información que ha llegado a nuestro conocimiento, la reunión habría congregado a integrantes del círculo cercano de Liborio Vidal y a personas vinculadas con la administración estatal, entre los asistentes mencionados se encuentran César Góngora, identificado desde hace años con el equipo de Liborio; Liborio Vidal Jr., acompañado de Gabriel Mena; y antiguos colaboradores como Ramón Valdez Elizondo, Jesús Vidal y Gerardo Díaz.

Pero los nombres que llaman particularmente la atención son otros dos, Víctor López Martínez, representante del Gobierno de Yucatán en la Ciudad de México, habría encabezado la reunión y posteriormente se habría incorporado Dafne López Martínez, jefe de Asesores del Gobierno del Estado.

La presencia de ambos funcionarios, de confirmarse, abriría preguntas legítimas sobre la relación entre las responsabilidades institucionales y las actividades políticas de quienes ocupan posiciones relevantes dentro del gobierno. Conviene precisar que no contamos todavía con una corroboración independiente de la asistencia de todas estas personas ni de lo que se habría discutido. Por eso, más que presentar conclusiones anticipadas, corresponde plantear las preguntas que esta información provoca.

Porque lo verdaderamente delicado no sería que un grupo de políticos se reuniera. En una democracia, reunirse y organizarse políticamente es perfectamente legítimo.

Lo preocupante sería que desde esos encuentros se pretendiera negociar el futuro de dependencias públicas o establecer compromisos electorales utilizando posiciones del gobierno. Y precisamente en ese terreno aparecen las versiones más inquietantes.

Una de ellas sostiene que en la reunión se habría hablado de un supuesto entendimiento político relacionado con la candidatura de Liborio Vidal a la alcaldía de Mérida y sus posibilidades de aspirar a la gubernatura en 2030, incluso se menciona una cifra extraordinariamente específica: perder la elección municipal por menos de 50 mil votos como una eventual condición para impulsar posteriormente su candidatura al gobierno estatal.

No existe evidencia pública que permita afirmar que Joaquín Díaz Mena haya asumido semejante compromiso, tampoco hay elementos suficientes para sostener que Morena haya acordado anticipadamente una candidatura para 2030.

Pero la versión plantea una reflexión política que vale la pena hacer.

¿Desde cuándo perder una elección podría convertirse en una credencial para obtener una candidatura de mayor importancia?

¿Dónde quedarían las encuestas, los procedimientos internos, la militancia y, sobre todo, la voluntad de los ciudadanos?

Porque si alguien llegara a considerar una elección municipal como un simple trámite para negociar una candidatura futura, estaría demostrando una concepción profundamente equivocada de la democracia. Las elecciones no son escalones que puedan repartirse anticipadamente entre dirigentes. Son decisiones que corresponden a los ciudadanos.

Hay otra versión que merece especial atención.

Se comenta que la Secretaría de Bienestar, recientemente desocupada por Estefanía Baeza, podría quedar en manos de una persona cercana al grupo político de Liborio Vidal.

De confirmarse un nombramiento de esa naturaleza, sería indispensable conocer los antecedentes profesionales del nuevo titular, sus capacidades y las razones de su designación.

Porque una cosa es incorporar al gobierno a personas provenientes de distintas trayectorias políticas y otra muy distinta sería utilizar las secretarías como espacios de negociación entre grupos electorales.

La Secretaría de Bienestar no es una moneda de cambio, sus programas no son patrimonio de ningún partido, sus recursos no pertenecen a ningún aspirante y las familias que necesitan sus apoyos no pueden convertirse en instrumentos de negociación electoral.

También se ha mencionado un supuesto respaldo presidencial a los movimientos políticos relacionados con Liborio. Sin embargo, el alcance de cualquier conversación con la presidenta Claudia Sheinbaum no puede confundirse con una autorización para repartir cargos o comprometer candidaturas futuras y aquí hay una responsabilidad que corresponde directamente al gobernador Joaquín Díaz Mena, debe dejar claro que los nombramientos de su gabinete los decide él, con criterios de capacidad, experiencia y compromiso con los yucatecos.

Porque si las decisiones administrativas comienzan a confundirse con los acuerdos electorales, la autoridad del gobernador termina debilitándose frente a los intereses de quienes buscan construir sus propios proyectos políticos.

Resulta particularmente contradictorio que Morena, que durante años construyó su discurso alrededor de la transformación de las viejas prácticas políticas, hoy abra sus puertas a personajes provenientes de los mismos partidos y gobiernos que tanto cuestionó.

Liborio Vidal tiene todo el derecho de cambiar de partido. Lo ha ejercido en distintas ocasiones y nadie puede impedírselo, pero cambiar de partido no equivale necesariamente a cambiar de convicciones. Y encontrar acomodo en una nueva organización política tampoco significa que las contradicciones del pasado desaparezcan.

Lo verdaderamente preocupante sería que, además de recibir nuevos militantes, Morena permitiera que los intereses de grupos particulares terminaran condicionando las decisiones de gobierno.

Porque entonces la transformación quedaría reducida a cambiar los colores de las camisas mientras se conservan las mismas prácticas que tanto se prometieron combatir.

Yucatán necesita un gobierno concentrado en gobernar, necesita una Secretaría de Bienestar preocupada por atender a quienes más lo necesitan, una Secretaría de Pesca dedicada a resolver los problemas de los pescadores y una administración pública comprometida con mejorar la vida de los ciudadanos, no necesita un gabinete permanentemente condicionado por encuestas, candidaturas y negociaciones partidistas.

A Joaquín Díaz Mena le corresponde decidir si su administración será recordada por los resultados que entregue a los yucatecos o por los reacomodos políticos que se produzcan durante su gobierno.

Los próximos nombramientos permitirán conocer algo más que los nombres de quienes ocuparán las vacantes, también mostrarán cuáles son sus prioridades y qué criterios utiliza para integrar su equipo y, si las versiones que hoy circulan sobre las negociaciones políticas no tienen fundamento, lo mejor sería despejarlas con transparencia.

Porque gobernar exige ejercer la autoridad, no solamente ocuparla.

El problema no es que los funcionarios quieran ser candidatos. El problema sería que el gobierno termine convertido en el botín de quienes quieren serlo.

Y hay algo todavía peor que perder una elección: perder de vista que el poder público pertenece a los ciudadanos y no a quienes creen que pueden repartírselo. Nos leemos la próxima semana.

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