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DEBACLE INMINENTE

CASO CABEZA DE VACA:

EL IMPUNE EXGOBERNADOR BUSCA FUERO

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  • Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas y militante del PAN, se ligó al narcotráfico, particularmente al cártel de Los Zetas; recibió dinero del crimen organizado para su campaña y, a través de empresas fantasmas, desvió dinero público y amasó una fortuna descomunal que invirtió en la compra de unas cien propiedades, entre casas, departamentos de lujo y ranchos dentro y fuera de México
  • Por ello fue investigado y hasta un juicio de procedencia se inició en la Cámara de Diputados para desaforarlo y poder llevarlo a juicio. Pero el caso dio un giro inesperado: ahora la FGR aduce que el documento que les entregó la DEA, con el que se integró el expediente criminal, resultó falso; el exmandatario vive muy campante en Texas y, por si fuera poco, está registrado por la coalición PRI-PAN-PRD para ser diputado federal plurinominal. Así, la novela armada por la PGR quedó reducido a un caso de tragicomedia

Ricardo Ravelo/Corresponsalías Nacionales/Grupo Sol Corporativo

Tamaulipas.- El exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, está a punto de quedar envuelto en la impunidad total: La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que el documento de la DEA –la agencia antidrogas norteamericana –con el que se inició la investigación en su contra en México resultó falso, por lo que es posible que la indagatoria se anule.

Por ello, el exmandadatario panista se inscribió como candidato plurinomial a diputado federal; antes lo hizo como aspirante presidencial, desde la distancia, en Estados Unidos, donde radica desde que terminó su mandato.

Casi paralelamente a su registro como aspirante presidencial fue incorporado al equipo de Xóchitl Gálvez, la actual candidata presidencial de la coalición PRI-PAN-PRD, donde se le asignó la tarea de atender la agenda de seguridad y realizar un proyecto para enfrentar al crimen organizado. La encomienda pareció una paradoja, pues Cabeza de Vaca fue investigado precisamente por estar relacionado con grupos criminales desde su etapa como alcalde de Reynosa, Tamaulipas.

Después de que la FGR solicitó el juicio de procedencia, en 2022, para desaforarlo y poder enjuiciarlo por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y ligas con el crimen organizado, lo que no se pudo lograr, el camino legal se le allanó al político panista: terminó su mandato entregando el estado de Tamaulipas al partido MORENA; pudo escapar a Estados Unidos y refugiarse en el Valle de Texas, evitó el decomiso de sus múltiples propiedades –casas, empresas y fastuosos ranchos –y ahora busca afanosamente ser diputado federal plurinominal, con lo que se protegería con el Fuero Constitucional y prácticamente quedaría blindado ante cualquier nuevo embate legal en su contra.

CABEZA DE VACA, EL IMPUNE

Desde hace por lo menos cinco años, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos inició una investigación en contra del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por presuntos nexos con el crimen organizado: se le acusó de haber recibido dinero del cártel de Los Zetas, el grupo criminal que también financió las campañas políticas de otros dos exmandatarios tamaulipecos: Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores: el primero compurga una condena de cinco años en Estados Unidos, mientras que el segundo recobró su libertad al demostrar su inocencia. Ahora será legislador plurinominal por el Partido Verde.

Paralelamente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entonces a cargo de Santiago Nieto, detectó movimientos inusuales en las cuentas de Cabeza de Vaca: se trató de sumas multimillonarias, presuntamente desviadas del gobierno estatal, que beneficiaron a empresas fantasmas creadas por el mandatario y sus familiares, según la acusación, para desviar dinero público. A lo anterior también se sumaron depósitos millonarios presuntamente otorgados por grupos criminales a los que dio cobijo durante su gestión como alcalde de Reynosa, primero, y gobernador, después.

Por ello, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Cámara de Diputados abrir un juicio de procedencia en contra de Cabeza de Vaca, a fin de quitarle el fuero y  poder llevarlo a juicio por delitos de corrupción institucional, lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado. Las investigaciones tanto de México como de Estados Unidos caminaban a la par, con amplia cooperación bilateral.

El exmandatario tamaulipeco, de acuerdo con las investigaciones, adquirió una cien propiedades dentro y fuera de México: departamentos de lujo, residencias, ranchos, entre otras, que por mucho rebasaban el monto de sus ingresos como servidor público; además, formó parte del grupo de senadores panistas que recibieron sobornos por parte de Emilio Loyoza, entonces director de Pemex, para aprobar la Reforma Energética que permitió al gobierno anterior entregar los intereses petroleros a las empresas internacionales.

Las investigaciones contra Cabeza de Vaca se comenzaron a realizar tanto en Estados Unidos como en México con datos y evidencias hasta conformar un voluminosos expediente sobre las aportaciones de dinero que –se asegura –hizo el cártel de Los Zetas para financiar su campaña y la de su hermano Ismael García.

Su caso rememora las acciones criminales de dos exgobernadores tamaulipecos: Tomás Yarrington –actualmente preso en Estados Unidos tras su extradición de Italia –y Eugenio Hernández Flores; éste último recuperó su libertad y ahora será diputado plurinominal por el Partido Verde. Hernández libró acusaciones enderezadas por Cabeza de Vaca cuando era gobernasor, entre otras, un fraude derivado de la compra de un terreno propiedad del gobierno del estado en el puerto de Altamira; además, tenía un expediente abierto en Estados Unidos por lavado de dinero al no poder acreditar el origen de 30 millones de dólares. Por este último caso estuvo a punto de ser extraditado a Estados Unidos, pero la libró.

Impulsado por los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón en sus respectivos gobiernos, Cabeza de Vaca construyó en pocos años una carrera política meteórica: fue alcalde de Reynosa –como Yarrington –; diputado federal y local; senador de la República y después gobernador. Hizo negocios con los hijos de Martha Sahagún –señalados de utilizar el tráfico de influencias para beneficiarse económicamente –a pesar de que aquellos fueron señalados de actos de corrupción y de usar el poder político para amasar una fortuna descomunal.

CABEZA DE VACA Y EL NARCO

Los reflectores se encendieron en contra de Cabeza de Vaca cuando Raúl Eduardo Monge Castillo –titular de la Comisión del Agua en Tampico y funcionario de finanzas del gobierno tamaulipeco –fue secuestrado presuntamente por Los Zetas durante 41 días.

En su cautiverio fue obligado a declarar que García Cabeza de Vaca estaba relacionado con el narcotráfico. Sus plagiarios encendieron una cámara y le exigieron a golpes que dijera la verdad. Ahí no tuvo más opción de contar la historia que sabía. El testimonio fue grabado y después difundido en las redes sociales.

En el interrogatorio dijo que el entonces gobernador tamaulipeco se relacionó con el narcotráfico desde hace varios años y relató que cuando fue lanzado por el PAN como candidato recibió de Los Zetas dos millones de dólares. No fue todo: su hermano Ismael García –agregó –también recibió dinero del crimen: le dieron un millón de dólares. Los recursos se utilizaron para sus respectivas promociones políticas.

A raíz de estos hechos, ocurridos en 2018, en Estados Unidos –donde Cabeza de Vaca tiene una historia plagada de claroscuros –el FBI y la DEA abrieron amplios expedientes para investigar los vínculos del exmandatario panista con el narcotráfico. La indagación no está cerrada, pero llama la atención que pese a que vive en Texas no haya sido detenido y menos citado a declarar.

Monge Castillo estuvo cuarenta y un días secuestrado. Tras ser liberado fue hallado en el municipio de Ozuluama, Veracruz. En conferencia de prensa expuso que fue obligado a declarar bajo tortura por el grupo criminal que lo privó de la libertad. El contenido del video, sin embargo, nunca fue desmentido y sirvió como prueba, al menos en aquel momento, por parte de las autoridades de Estados Unidos para robustecer las acusaciones por delincuencia organizada.

En México la FGR avanzaba, mientras tanto, en la indagatoria que integró tras la acusación que en contra de Cabeza de Vaca presentó Alejandro Díaz Durán, entonces aspirante a la dirigencia nacional de MORENA. En ese momento dijo que bajo el gobierno de Cabeza de Vaca Tamaulipas estaba convertido en un Narco-Estado.

En su relatoría señaló que el exmandatario estaba relacionado con lavado de dinero y el negocio del “huachicoleo”; dijo, además, que a través de familiares consanguíneos y políticos construyó una amplia red de negocios: compra de inmuebles, ranchos y empresas fachada; expuso también que, según sus cálculos, el gobernador amasó una fortuna de más de 3 mil millones de pesos que están siendo lavados en negocios familiares, aunque no detalló de qué giro.

Detalló el denunciante:

“El (ex) gobernador de Tamaulipas es cabeza de un narco-Estado”, dijo tajante. Y explicó que él investigó al actual mandatario durante año y medio; aseguró que recopiló pruebas, evidencias y testimonios que confirman la presunción de que el entonces gobernador está vinculado con el crimen organizado.

No fue todo: Señaló, además, que desde que fue alcalde de la ciudad de Reynosa, entre los años 2005 y 2007, Cabeza de Vaca construyó un cártel que tuvo la protección de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, respectivamente.

Y en su amplia explicación, abundante en detalles, relató que otra prueba de que Cabeza de Vaca estaba vinculado al crimen fue la operación del grupo de élite de la policía denominado CAIET –Centro de Análisis, Inteligencia y Estudios de Tamaulipas –porque, en realidad, dijo, este grupo está integrado por exsicarios del cártel Golfo.

En su denuncia –la cual derivó en su momento en una carpeta de investigación formal –Díaz Durán apuntó más allá del propio Cabeza de Vaca: enfocó los reflectores hacia el expresidente Felipe Calderón –bajo sospecha tras la captura de Genero García Luna en Estados Unidos acusado de ligas con el cártel de Sinaloa –porque el secretario particular del expresidente –Roberto Gil Zuarth –operó como vínculo y contacto de Francisco García Cabeza de Vaca para enlazarlo con Genaro García Luna, quien está acusado de ser el protector del cártel de Sinaloa.

Recientemente, el FBI y la DEA dieron cuenta de una reunión entre Cabeza de Vaca y García Luna en la que aparece Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, cuando era el jefe de esa organización criminal. Según el documento, el encuentro se efectuó en 2015, aunque se infiere que los vínculos se establecieron desde el año 2012.

Díaz Durán también expuso en su denuncia ante la FGR que tanto el suegro como el cuñado de Gil Zuarth –ambos de nombre William Knigth –habrían encubierto desde el poder político las actividades criminales de Cabeza de Vaca, entre otras, la protección al narcotráfico, huachicol y tráfico de armas.

Toda esta madeja de vínculos y conexiones parece la misma película –o un capítulo más que implicó al exgobernador panista de Tamaulipas –que se rodó en esa entidad durante los gobiernos de Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández.

En el gobierno del primero, según las investigaciones, se dio protección al cártel del Golfo y al capo Juan García Ábrego, a quien también vincularon con Raúl Salinas de Gortari. García Ábrego fue capturado en 1996 en Monterrey. Inmediatamente fue deportado a Estados Unidos en un avión de la DEA.

En el gobierno de Yarrington en Tamaulipas también se construyó una empresa criminal. El entonces gobernador recibió millones de dólares de Los Zetas y del cártel del Golfo y, a cambio, les concedió el territorio y la protección policiaca. Yarrington amasó una fortuna descomunal que ocultó a través de testaferros que, hasta la fecha, están impunes.

Y durante el mandato de Eugenio Hernández se dispuso que el narcotráfico tuviera representación en el gobierno del estado. Para ello, crearon un cargo en la secretaría de gobierno, cuya finalidad era estar en comunicación con los cárteles para las operaciones de narcotráfico, secuestros, asesinatos, levantones y otras actividades. Cuando no convenía que un comandante se quedara en la plaza simplemente lo removían o, en el peor de los casos, lo asesinaban.

La situación de inseguridad en Tamaulipas dió cuenta que, desde el gobierno del estado, no se atendió el problema. La policía, una de las más corruptas, sirve al crimen. Y todo parece estar descompuesto cuando la cabeza –el gobernador –tiene relaciones con los grupos del crimen, como parece ser el caso de Cabeza de Vaca.

La policía estatal ha incurrido, incluso, en ejecuciones extrajudiciales, hasta la fecha impunes; el cártel del Noreste se mueve en el estado con absoluta impunidad, lo mismo que el cártel del Golfo.

Cabe recordar que cuando la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador estaba negociando con el crimen –lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador negó tajantemente –Cabeza de Vaca, enfático, propuso la negociación con el narco como instrumento frente al problema de la violencia. En ese momento, ya estaba siendo investigado en México y Estados Unidos.

LAS EMPRESAS FANTASMAS

De acuerdo con las investigaciones de la UIF, Cabeza de Vaca benefició en cuatro años a varias empresas señaladas como “fantasmas”, cuyos propietarios eran (o son) personas identificadas como sus presuntos testaferros.

Las compañías comenzaron a obtener utilidades millonarias desde el 2017 a través de múltiples contratos de obras de manera directa que no se realizaron; Además, entre la amplia lista de propiedades que adquirió el exmandatario está una casa en la zona residencial Santa Fe de la Ciudad de México que compró tan pronto asumió el cargo de gobernador.

Según la UIF, en la solicitud de desafuero que interpuso la FGR contra el mandatario aparecen las empresas Inmobiliaria RC Tamaulipas S.A de C.V. y Barca de Reynosa S.A de C.V., propiedad de Baltazar Higinio Reséndez Cantú y T Seis Doce S.A de C.V, cuyo accionista y apoderado es Juan Francisco Tamez Arellano. Estas compañías, según la denuncia,  sirvieron “para la organización criminal liderada por el gobernador Cabeza de Vaca para echar a andar un esquema de lavado de dinero”.

De acuerdo con las declaraciones anuales de la firma de Baltazar Reséndez Cantú, en 2014 tuvo ingresos por 28 millones 616 mil pesos; en 2015 por cero pesos y en 2016, por 25 millones 869 mil pesos.

En el primer año de gobierno de García Cabeza de Vaca, 2017, llegó a 95 millones 950 mil pesos; e 2018 continuó ascendiendo hasta 136 millones 660 mil pesos y en 2019 se embolsó 309 millones 570 mil pesos. Esto implicó que durante el mandato del político panista dicha empresa vio crecer sus ganancias hasta en un 128 por ciento.

La otra empresa de Reséndez Cantú –Barca de Reynosa –, donde presuntamente tiene intereses del mandatario tamaulipeco – ganó una licitación por 5 millones 948 mil pesos para la pavimentación de dos calles. Y en el caso e T Seis Doce, la policía ministerial realizó una investigación de campo para confirmar la dirección fiscal de la empresa. El resultado fue sorprendente. La dirección que dio la empresa –Camino a Huixquilucan 16, C.P. 05100 –en realidad es un taller mecánico, por lo que se informó a la autoridad hacendaria que la firma es fantasma. La empresa de Juan Francisco Tamez Arellano declaró entre los años 2014 a 2019 “en ceros sus ejercicios fiscales ante el SAT”.

Las investigaciones tanto de la UIF como de la FGR indican, además, que en diciembre de 2013, cuando Cabeza de Vaca era senador de la República, compró junto con su esposa –Mariana Gómez Leal –un departamento en el complejo ubicado en Camino Alto Lerma en Santa Fe cuyo costo fue de 14 millones de pesos.

Seis años después, el 17 de diciembre de 2019, lo vendió a T Seis Doce por un precio de 42 millones 113 mil pesos, que fue pagado en seis pagos entre junio y diciembre de ese año.

Lo que las autoridades detectaron es que la empresa depositó a García Cabeza de Vaca otros 33 millones 400 mil pesos que, según la UIF, puede ser considerado como un conflicto de intereses no reportado porque su apoderado –Tamez Arellano –recibió 33 millones de pesos de Reséndez Cantú, quien a su vez funge como contratista del gobierno de Tamaulipas y declaró cero ingresos ante el SAT en los ejercicios 2014 y 2018.

En su acusación contra el mandatario tamaulipeco –cuyo proceso de desafuero ya empezó en la Cámara de Diputados –Cabeza de Vaca lideró una organización criminal junto con su familia y prestanombres, por lo que les fincó responsabilidades por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Cabeza de Vaca, por su parte, rechazó las acusaciones de la FGR y aseguró que es víctima de una persecución política por parte del gobierno de López Obrador.

Actualmente, el exgobernador de Tamaulipas busca fuero y, para ello, se apresta para ser diputado plurinominal de la coalición PRI-PAN-PRD. Es la curul de la impunidad.

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