Ericka Contreras Pérez
“Una mala. Pésima película mexicana”. Así describe Luis la historia que le ha tocado vivir.
Tenía 26 años cuando conoció a Marla. Ella vivía en Cozumel y él en Cancún. Comenzaron una relación que, según recuerda, nunca terminó de formalizarse, aunque él sí estaba enamorado y quería construir algo serio. Después llegó la pandemia. Marla regresó a Guadalajara con su familia y, estando allá, le comunicó que estaba embarazada.
Luis le propuso vivir juntos, casarse, formar una familia. Ella no aceptó. Le pidió únicamente que reconociera al niño y lo registrara como su hijo. Lo hizo.
Cuenta que hablo con su familia y apareció una de esas palabras que durante generaciones han pesado sobre los hombres: “cumplir”. Si era su hijo, tenía que hacerse responsable. Luis asumió esa obligación y desde entonces una parte importante de sus ingresos comenzó a destinarse al pequeño y a su madre. No solamente dinero: manutención, vivienda, automóvil y distintos gastos que él entendía como parte de una responsabilidad que había aceptado.
La distancia, sin embargo, dificultaba la convivencia. El contacto con el niño era limitado y la explicación recurrente era precisamente esa: vivían en ciudades diferentes. Cuando el pequeño cumplió cuatro años, Luis tomó una decisión importante. Se mudó a Guadalajara pensando que así podría estar más presente en su vida.
La convivencia hizo lo que normalmente hace la convivencia: que el amor creciera, por aquella máxima de “a mayor conocimiento, mayor amor”. Luis comenzó a conocer al niño más allá de las fotografías y llamadas. Lo trató, convivió con él y se encariñó muchísimo. Pero también comenzó a notar algo que terminó por convertirse en una sospecha imposible de ignorar: el niño podía no ser biológicamente suyo.
Confrontó a Marla. Según relata Luis, ella terminó reconociendo que tampoco tenía certeza absoluta sobre quién era el padre.
Comenzó entonces un proceso judicial. Desde 2024 intenta resolver legalmente una paternidad que, sostiene, las pruebas demostraron que biológicamente no le corresponde. Sin embargo, mientras el procedimiento continúa, las obligaciones derivadas del reconocimiento permanecen. Y Luis sigue pagando porque no hacerlo también tiene consecuencias y es que convertirse en deudor alimentario no es una decisión menor: existen repercusiones jurídicas, patrimoniales y personales, más aún con una contraparte que él describe como confrontativa y conflictiva. Por eso continúa cumpliendo mientras espera que una autoridad determine qué ocurrirá con una relación jurídica construida sobre una mentira.
Además, lo más difícil no es el proceso legal, “Imagínate que en algún momento tendrá que dejar de llamarse Luis ‘N’ y cambiar de apellido por esta situación”, me dice.
En medio de la discusión sobre quién mintió, quién pagó y quién debe responder existe un niño. Un niño que durante años ha llevado un apellido, ha construido una identidad y ha reconocido a una persona como parte de su historia. También existen otros niños. Luis formó posteriormente una familia y tuvo hijos. Ahora enfrenta además la dificultad de explicarles que aquel a quien conocían como su hermano biológicamente no lo es.
Su llamada conmigo comenzó con una pregunta aparentemente jurídica: ¿qué puedo hacer? Y ¿cómo puedo contar mi historia sin que esto se convierta en una guerra entre hombres y mujeres?
No encontré una respuesta inmediata. Porque resulta demasiado sencillo acomodar historias como ésta dentro de nuestras trincheras ideológicas. Algunos querrán utilizarla para demostrar que las mujeres mienten. Otros intentarán minimizarla porque reconocer que un hombre puede ser víctima parece poner en riesgo luchas legítimas de las mujeres.
Ambas respuestas me parecen se quedan cortas. Esto no tendría que ser una discusión de hombres contra mujeres. Es una discusión sobre personas, responsabilidad y, sobre todo, sobre los límites de aquello que estamos dispuestos a hacer utilizando a nuestros hijos.
Si los hechos ocurrieron como Luis los relata y así son acreditados por las autoridades: ¿en qué momento alguien se siente con derecho de atribuir a otra persona una paternidad sobre la que existen dudas? ¿Cómo se acepta durante años dinero, vivienda, automóvil y manutención provenientes de alguien a quien se ha permitido creer que es el padre? ¿Qué responsabilidad existe cuando la mentira no solamente afecta a un adulto, sino que interviene directamente en la identidad de un niño?
Reconocer estas preguntas no disminuye un centímetro la obligación de combatir la violencia contra las mujeres ni desconoce la enorme cantidad de madres que enfrentan abandono económico, incumplimiento de pensiones y padres que utilizan cualquier recurso para evadir sus responsabilidades.
Y suma los tiempos de la justicia. Dos años pueden parecer poco dentro de un expediente saturado de promociones, peritajes y audiencias. Mientras los tribunales determinan qué apellido corresponde, los afectos continúan creciendo; mientras se resuelve quién tiene una obligación jurídica, las familias padecen.
Luis quería saber cómo contar su historia sin recibir “odio femenino”. Mi respuesta empieza precisamente por rechazar esa categoría. No necesito odiar a las mujeres para escuchar a un hombre que fue engañado sobre su paternidad, como tampoco necesito odiar a los hombres para acompañar a una mujer que ha sido violentada. La igualdad pierde sentido cuando pretendemos sustituir una impunidad por otra. Defender derechos exige ser capaces de reconocer una injusticia sin convertir el sexo de quien la padece en el criterio para decidir si merece nuestra empatía. Hay un límite que debería ser común a todos: los hijos no pueden convertirse en instrumentos para cobrar, castigar, retener, vengarse ni, mucho menos, sostener una mentira.
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