*Movimientos fiscales inexplicables de los togados
*Conjuntamente son investigadas 46 personas más
*Abogados, prestanombres, empresarios, funcionarios y familiares
*Uno de los empresarios estuvo vinculado al ex presidente Peña Nieto
*La DEA ofrece 20 mllones de dólares ¿La FGR? Ni un clavo
Redacción/Sol Quintana Roo/Sol Yucatán/Sol Campeche/La Opinión de México
Ciudad de México.- Los tres magistrados que concedieron la libertad a Rafael Caro Quintero, son investigados por la Drug Enforcement Administration (DEA), al considerar que incurrieron en hechos de corrupción.
Desde hace siete años y tres meses, la madrugada del 8 de agosto de 2013, el mismo día que fue liberado Rafael Caro Quintero, la DEA comenzó sus investigaciones no sólo del llamado “Narco de Narcos”, sino en torno a los magistrados Rosalía Isabel Moreno Ruiz, Lucio Lira Martínez y José Félix Dávalos, quienes le otorgaron la libertad.
Las indagatorias también se extendieron a 46 personas más, entre empresarios, servidores públicos, abogados, prestanombres y familiares.
Las pesquisas de la agencia extranjera pusieron al descubierto que 19 de las 49 personas investigadas, entre las que estaban los magistrados, tuvieron movimientos bancarios sospechosos, entre el 1 de enero del 2010 hasta el 17 de octubre del 2013, es decir dos meses después de que Caro Quintero fuera liberado, cuyos montos fueron desde cantidades absurdas, menores a los 20 dólares, hasta 39 millones 961 mil 546 dólares.
La libertad otorgada al capo, fue bajo el argumento de que debió de haber sido juzgado en el fuero común y no en el federal; sin embargo, tres meses después la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia revocó el fallo y turnó el caso a un tribunal colegiado que emitió la orden de reprehensión de Caro Quintero, por lo que desde el 6 de noviembre de ese mismo año se convirtió nuevamente en prófugo.
ANTECEDENTES DEL CASO
La madrugada del 8 de agosto del año 2013, Rafael Caro Quintero salió libre de cargos del Penal Estatal de Jalisco, luego de 28 años de permanecer preso.
Caro Quintero llegó a dicho penal preventivo el 1 de junio del 2010, gracias a un amparo conseguido por sus abogados, tras permanecer 25 años en cárceles de máxima seguridad; primero en el Altiplano (antes Almoloya) y después en La Palma, purgando penas por delitos relacionados con el tráfico de drogas.
Caro Quintero salió caminando y libre de cargos del Penal Estatal de Jalisco, donde durante los tres años que estuvo se convirtió en amo y señor. La cárcel la hizo suya.
Afuera del presidio lo esperaba una solitaria camioneta negra. A sus espaldas dejó la prisión donde controlaba todo: visitas, venta de droga y alcohol, cuotas para vigilancia, renta de celdas y la distribución de droga, según relatan fuentes carcelarias.
Y desde ese mismo día, la DEA inició las investigaciones para establecer si en su liberación hubo actos de corrupción, y comenzó a seguirle la pista a los tres magistrados que en el 2013 decidieron abrirle las rejas a uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, el más poderoso en su momento, así como a abogados y empresarios, uno de ellos vinculado al ex presidente Enrique Peña Nieto.
El narcotraficante sinaloense había recobrado su libertad, luego de 28 años, gracias a un amparo concedido por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito en Jalisco, firmado por los magistrados Moreno Ruiz, Lira Martínez y Félix Dávalos, quienes consideraron que Caro Quintero debió ser juzgado en el fuero local por el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena y el piloto Alfredo Avelar y no en el ámbito federal.
Esta acción prendió alarmas en la DEA, donde abrieron una investigación sobre el amparo otorgado al “capo de capos”, para lo que solicitaron el apoyo de diversas agencias de inteligencia y al indagar las transacciones bancarias de 49 personas, encontraron inconsistencias en las operaciones.
En el reporte de actividades sospechosas (SAR´s por sus siglas en inglés) número 31000037133314, la Financial Crimes Enforcement (FINcen) del Departamento del Tesoro, dedicada a rastrear crímenes financieros se estableció: “Es muy probable que haya habido corrupción”.
Dicha advertencia se dio tras cotejar los nombres de 49 personas señaladas por la DEA, con transacciones reportadas por el Deutsche Bank Trust Company Americas. Según el informe, las operaciones pasaron por 24 cuentas abiertas en 15 países.
En México se realizaron 113 -la mayor parte- en el grupo financiero Monex y una en Banorte.
El documento del SARs fue compartido por BuzzFeed como parte de un proyecto periodístico coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
Por otra parte, en las oficinas del gobierno de Jalisco ya sabían que Caro Quintero saldría libre, “al parecer existe una resolución de un tribunal federal y como se trata de un poder distinto al Ejecutivo, pues solamente estamos atentos”, declaró a medios locales el entonces gobernador priista, Aristóteles Sandoval.
Por su parte, Marisela Gómez Cobos, fiscal de reinserción social de la Fiscalía General de Estado (FGE), fue muy atingente para vigilar que no hubiera ningún problema en la liberación de Caro Quintero.
Agregó que las autoridades llevaron a cabo una exhaustiva revisión y no encontraron ninguna solicitud de extradición contra Rafael Caro Quintero, “Estados Unidos no solicitó a México que el capo fuera trasladado a su territorio.
Asimismo, los abogados defensores de Caro tramitaron un amparo “buscador” para detectar si alguna corte o agencia estadounidense reclamaba a su cliente, pero en ese entonces no encontraron nada, según consta en el expediente de amparo 180/2011.
-La Fiscalía de Reinserción Social se comunicó a la delegación de la entonces Procuraduría General de la República, para que informara si existía alguna orden de aprehensión. La respuesta fue negativa, por lo que no hubo en ese momento impedimento alguno para que fuera dejado en libertad, incluso ese día pasó la mayor parte del tiempo en las oficinas del entonces secretario de gobierno jalisciense, Arturo Zamora puntualizó Marisela Gómez.
Conforme a investigaciones del SARs, la magistrada Rosalía Moreno Ruiz y su esposo Alfredo Rivas Tamayo, incurrieron en actividades bancarias sospechosas, toda vez que compraron una propiedad de 636.86 metros cuadrados, ubicada en la carretera a Nogales 32 en el Fraccionamiento
Rancho Contento, en Zapopan, Jalisco.
La compra se concretó el 6 de febrero de 2015, según consta en expedientes del Registro Público de la Propiedad (RPP) y fue la Constructora y Promotora Marba S.A. de C.V.; representada por su apoderado general Jorge Antonio Barragán Lara, quien vendió la propiedad en 4 millones 50 mil pesos.
El pago se hizo con dos cheques del banco HSBC México. El primero fue expedido el 19 de diciembre del 2014 por 50 mil pesos y el segundo (número 9284863) por 4 millones de pesos, entregado el 5 de febrero del 2015. Año y medio después de que el fundador del Cártel de
Guadalajara quedara en libertad.
De acuerdo al Manual que Regula las Remuneraciones de los Servidores Públicos del Poder Judicial de la Federación, para el ejercicio fiscal 2020, el sueldo de un magistrado de circuito es de 150 mil pesos mensuales lo que significa que la magistrada no debió gastar un solo peso durante dos años y medio de su sueldo para poder cubrir en una sola exhibición el pago total del inmueble.
En lo referente al Consejo de la Judicatura Federal, informó que la magistrada nunca fue objeto de alguna sanción por posibles anomalías en su desempeño y rechazó que los magistrados hubieran sido investigados durante su trayectoria.
Las actividades financieras de los bancos y cuentas que investigó la Financial Crimes Enforcement, también abarcaron en alguna de sus etapas –ya sea como origen, intermediarios o destino–, 24 empresas y 11 personas.
Entre esas compañías surgió Heliservicios de Campeche, cuyo representante ha sido Alejandro García Bejos, sobrino de José Alfredo Miguel Afif, quien amasó parte de su fortuna durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Actualmente la DEA, el FBI y el Departamento de Estado, ofrecen una recompensa de 20 millones de dólares -10 millones más que por Nemesio Oseguera cervantes, “El Mencho”- la más alta en la historia del gobierno norteamericano, a quien proporcione información sobre Caro
Quintero para su recaptura.
De acuerdo a pesquisas de la DEA, Caro Quintero se mantiene más activo que nunca, pues hay evidencias de que al menos, hasta el 2017, cuatro años después de haber sido liberado, seguía enviando cargamentos de droga a Estados Unidos.
Según la agencia antidrogas estadounidense, Caro Quintero sostiene una disputa permanente por el control del Cártel de Sinaloa con los hijos de Joaquín “El Chapo“ Guzmán, así como con Ismael “El Mayo” Zambada García, lo que lo coloca en el primer lugar de la lista de los más buscados.
