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FACULTADES METACONSTITUCIONALES AL EJÉRCITO

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Por Noé Zavaleta

El Ejército Mexicano se ha convertido -para bien y para mal- en el brazo derecho del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Hace unos días, el inquilino casi saliente de Palacio Nacional, instruyó que las Fuerzas Castrenses sean las encargadas, a través del área de ingeniería militar, de reparar las carreteras de los estados de Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas.

Infraestructura asfáltica, las cuales quedaron -dixit Amlo- en “mal estado” por tanto acarreo de piedras y balastros para la construcción del Tren Maya. En pocas palabras, el Ejército Mexicano va a hacer el trabajo, que en otros momentos le hubiese correspondido a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Reparar carreteras está bien. ¡Obras son amores! -decía algún viejo dinosaurio priista, cuyo nombre he olvidado-, el meollo del asunto aquí, es qué por enésima vez, una obra gubernamental ha sido entregada a la Secretaría de la Defensa Nacional. Una institución hoy convertida en todo poderosa y con facultades, muy por encima, de las que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Facultades y atribuciones metaconstitucionales.

Con el General, Luis Cresencio Sandoval González al mando, el Ejército Mexicano lucha contra el narcotráfico, construye universidades “Benito Juárez”, administra y regentea diversos aeropuertos del país, construye Hospitales, atiende emergencias por fenómenos meteorológicos y sanitarias -ocasionados por el SARS-COV2-, ya tiene el control de la Guardia Nacional, se encarga de dar seguridad a las zonas costeras del país -en coordinación- con la Secretaría de Marina, construía también carreteras y ahora, al menos en el sureste mexicano, les va a dar mantenimiento. Con toda la carga -y prebendas- presupuestales que eso incluye.

Hoy tenemos a un país militarizado, aunque se quiera enviar un mensaje contrario. Las Fuerzas Armadas también habrán de incidir en el próximo proceso electoral, presionando y poniendo a candidatos a diputados federales y senadores, sí bien no del orden castrense, si a futuros servidores públicos que “simpaticen” y “comulguen” con la idea de seguir “fortaleciendo” con “recursos públicos” y con “facultades” a la Secretaría de la Defensa Nacional y por ende a las fuerzas castrenses.

De acuerdo con el proyecto de presupuesto de egresos de la federación 2024, la SEDENA y la SEMAR fueron muy beneficiados, excusando que eran los encargados de proyectos prioritarios para la nación, cómo lo son el Tren Maya y el Tren Interoceánico del Istmo.

El gobierno federal, el de la Cuarta Transformación destinó para la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) un gasto por 259 mil,433 millones de pesos en 2024, lo que representó un aumento de 131.8 por ciento, respecto al aprobado en 2023 que fue de 111 mil, 911 millones de pesos.

En dicho plan presupuestal, las Fuerzas Castrenses serán eje rector, para ministrar y dispersar los 68 mil millones de pesos destinados a la Guardia Nacional. Ente de seguridad y prevención que se pretendía fuera civil, pero que terminó cobijado -para bien o para mal- en manos del Ejército Mexicano.

La SEDENA también recibirá una parte importante de los 143 mil millones de pesos que el gobierno federal está invirtiendo en el multipublicitado Tren Maya.

La Marina-Armada de México, la fuerza armada que no es tan consentida como el Ejército Mexicano, pero que ahora también goza de privilegios, recibirá en este incipiente 2024, 42 mil millones de pesos, excusando la entrega del control de los puertos – las Administraciones del Sistema Portuario Nacional (ASIPONAS), y de plus, el archipiélago de las Islas Marías.

Con el presupuesto presentado en septiembre, aprobado en diciembre y con la ahora reparación de carreteras a manos del Ejército Mexicano, el Presidente de la República, López Obrador únicamente refrendó que desde Palacio Nacional hay un respaldo y una inversión masiva del Gobierno Federal en las instituciones castrenses, el cual -a valores entendidos- espera que la SEDENA sea reciproca en el próximo proceso electoral de junio. Para que así, ambos entes todos poderosos puedan decirse, el uno al otro, el próximo dos de junio: “A sus órdenes mi general”.

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