Se le acusa de haber recibido dinero del cártel de Los Zetas, el grupo criminal que también financió las campañas políticas de otros dos exmandatarios tamaulipecos: Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, ambos presos.
Ricardo Ravelo / Corresponsalías Nacionales / Grupo Sol Corporativo
(Primera de cuatro partes)
Ciudad de México.- Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas y militante del PAN, se ligó al narcotráfico, particularmente al cártel de Los Zetas; recibió dinero del crimen organizado para su campaña y, a través de empresas fantasmas, desvió dinero público y amasó una fortuna descomunal que invirtió en la compra de unas cien propiedades, entre casas, departamentos de lujo y ranchos dentro y fuera de México. Por ello, la Fiscalía General de la República (FGR) lo comenzó a investigar por delincuencia organizada.
El caso tomó tal relevancia que ya solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del mandatario para llevarlo a juicio. Por su parte, la DEA y el FBI lo investigan desde hace más de un año por sus nexos con el crimen organizado y lavado de dinero. El mandatario tamaulipeco ha rechazado los cargos, pues afirma que es víctima de una persecución política por parte de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De ser declarado culpable, Cabeza de Vaca sería el cuarto exgobernador de Tamaulipas implicado en el crimen: los tres primeros son Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández. Los dos últimos actualmente están presos en Estados Unidos y México, respectivamente.
Desde hace por lo menos tres años, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos inició una investigación en contra del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Daniel Cabeza de Vaca, por presuntos nexos con el crimen organizado: se le acusa de haber recibido dinero del cártel de Los Zetas, el grupo criminal que también financió las campañas políticas de otros dos exmandatarios tamaulipecos: Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, ambos presos.
Paralelamente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto, detectó movimientos inusuales en las cuentas de Cabeza de Vaca: se trata de sumas multimillonarias, presuntamente desviadas del gobierno estatal, que beneficiaron a empresas fantasmas creadas por el mandatario, según la acusación, para desviar dinero público.
Por ello, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Cámara de Diputados abrir un juicio de procedencia en contra de Cabeza de Vaca, a fin de quitarle el fuero y así poder llevarlo a juicio por delitos de corrupción institucional, lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado.
El mandatario tamaulipeco, de acuerdo con las investigaciones, ha adquirido una cien propiedades dentro y fuera de México: departamentos de lujo, residencias, ranchos, entre otras, que por mucho rebasan el monto de sus ingresos como servidor público; además, Cabeza de Vaca formó parte de los senadores panistas que recibieron sobornos por parte de Emilio Loyoza, director de Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, para aprobar la Reforma Energética que permitió al gobierno anterior entregar los intereses petroleros a las empresas internacionales.
Las investigaciones contra Cabeza de Vaca se comenzaron a realizar tanto en Estados Unidos como en México con datos y evidencias hasta conformar dos voluminosos expedientes sobre las aportaciones de dinero que –se asegura –hizo el cártel de Los Zetas para financiar su campaña y la de su hermano Ismael García.
Su caso rememora las acciones criminales de dos exgobernadores tamaulipecos: Tomás Yarrington –actualmente preso en Estados Unidos tras su extradición de Italia –y Eugenio Hernández Flores, quien está preso en Tamaulipas por un fraude derivado de la compra de un terreno, pero que, además, tiene un expediente abierto en Estados Unidos por lavado de dinero al no poder acreditar el origen de 30 millones de dólares.
Impulsado por los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, Cabeza de Vaca ha construido en pocos años una carrera política meteórica: fue alcalde de Reynosa –como Yarrington –, diputado federal y local; senador de la República y ahora exgobernador. Hizo negocios con los hijos de Martha Sahagún –señalados de utilizar el tráfico de influencias para beneficiarse económicamente –a pesar de que aquellos fueron señalados de actos de corrupción y de usar el poder político para enriquecerse.
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