- Renán Barrera Concha, alcalde de Mérida, es culpable por omisión en la muerte de Iker, porque tenían conocimiento de la explotación infantil que se registraba en Mérida
Redacción / Sol Yucatán
Se cumplen tres meses de que el cuerpo Iker está en la morgue, niño chiapaneco que murió atropellado el 13 de junio pasado, en la colonia México Norte, sus restos serían depositados en la fosa común.
Como Sol Yucatán le informó la Fiscalía General del Estado (FGE) señaló que al ser una muerte violenta y cuyo caso está bajo proceso penal, sólo se entregara a familiares directos, a quienes no se les ha podido localizar.
Agrupaciones de la Sociedad Civil han tratado de que el cadáver del infante les sea entregado, para sepultarlo, sin embargo, no lo han podido conseguir.
Al igual, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (Codhey), ya intervino en el caso e hizo un llamado a la FGE y al Gobierno del Estado, para dar las facilidades para la entrega del cadáver, pero ni así, se ha logrado que el cuerpo lo entreguen a las agrupaciones de la sociedad civil.
Según la ley se tiene un máximo de 90 días para el cadáver sea reclamado, aunque podría ser menos, esto dependiendo del espacio disponible en el cuarto frío del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía.
Tampoco hay que olvidar que Renán Barrera Concha, alcalde de Mérida, es culpable por omisión en la muerte de Iker, porque tenían conocimiento de la explotación infantil que se registraba en Mérida y nunca hizo nada para hacer frente a esta problemática.
La Comuna durante este año otorgó 350 permisos de uso de suelo, a personas originarias de Chiapas, quienes son víctimas de explotación laboral y que los mismos inspectores los protegen para ocupar lugares con gran afluencia de turismo desplazando incluso a los artesanos locales.
El gobierno de Barrera Concha pecó de omisión con la muerte de Iker, porque ellos mismos solapaban la explotación laboral y nunca hicieron nada para combatirlo a pesar de que tenían las atribuciones para hacerlo o en su caso solicitar la intervención de la Policía.
Desde el 2013, la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey), denunció este hecho, sin embargo, las autoridades municipales y estatales han hecho caso omiso.
En una entrevista, cínicamente, Renán Barrera aseguró que no tenían conocimiento de esta situación en Mérida, por lo que invitó a la ciudadanía a reportar al Ayuntatel los casos de explotación o trata.
