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INCAY, NIDO DE CORRUPCIÓN

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*Desvío de recursos, nepotismo, amiguismo y favoritismo, son las irregularidades que predominan en el Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán

*Tras el cambio de administración se despidieron a 400 trabajadores, mientras los puestos de trabajo de arriba son ocupados por familiares de los jefes o los «amigos íntimos». Un nutriólogo inspeccionando carreteras

Redacción/Sol Yucatán

Mérida. – La corrupción, el desvío de recursos, el nepotismo, el amiguismo y el favoritismo son las irregularidades que predominan en el Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay), y a pesar de las numerosas denuncias interpuestas, el Gobernador Mauricio Vila Dosal hace caso omiso a la problemática.

Aunque todas estas irregularidades las impuso Alejandro González Poveda cuando fungía como titular de la dependencia, la situación empeoró con Felipe Alberto Canul Moguel.

González Poveda es primo del Subsecretario de Gobierno, Víctor Hugo Lozano Poveda, y apenas ocupó su nuevo puesto se asignó como secretaria a Cidney Yarmín León Bencomo, quien apenas terminó su educación básica.

En 2019, el Incay se vio involucrado en denuncias por tráfico de jerarquías ocupadas por empleados sin los méritos académicos o por no corresponder con su especialidad y su ética, como es el caso de Ángel Pérez Medrano, quien tiene en su puesto bajo su responsabilidad a su propio hijo, Ricardo Pérez, y, por si fuera poco, a su nuera Ana Piña.

Asimismo, Marcela Pérez Méndez se ostenta como «licenciada», cuando no posee título alguno para cubrir el perfil profesional para ejercer correctamente una jefatura en la estructura del Gobierno de Yucatán.

Incluso, incorporó a la nómina a su sobrina, por lo que es claro el nepotismo que prevalece en la institución y, lo peor de todo, Vila Dosal lo solapa.

Otro ejemplo de ello es el Director Técnico Juan Rodríguez González, quien enseguida colocó en su área de trabajo a su hijo, Juan Pablo.

Lo peor de todo es que su vástago es nutriólogo, es decir, un especialista en alimentación era el encargado de atender los desperfectos carreteros de la Entidad.

Tras el cambio de administración, provocó el despido injustificado de 400 trabajadores, mientras los puestos de trabajo de arriba son ocupados por familiares de los jefes o los «amigos íntimos».

Los afectados han efectuado diversas manifestantes frente a Palacio de Gobierno, pero es nula la respuesta de Vila Dosal, pues apoya totalmente a los directivos del Incay, en especial a Felipe Alberto Canul Moguel, quien tan sólo en diciembre de 2019 despidió a 400 empleados.

Tal actitud trajo como consecuencia una mayor carga de trabajo para los empleados, así como jornadas de horas extras, situación que se agravó cuando les quitaron el pago de esas horas extras de trabajo y los viáticos.

La disminución en sus ingresos representa un serio problema para los empleados, quienes ganan 500 pesos a la semana por largas jornadas de  trabajo, pues tienen que desembolsar sus recursos para comprar comida, agua y transporte, etc.

La prima incómoda

Los inconformes señalaron al Director General Alberto Canul Moguel y a la Directora Administrativa Nicté-Ha Lara Díaz, como los responsables de «hacer y deshacer en el Incay, además que han despedido de manera injustificada a decenas de personas con muchos años de antigüedad».

Asimismo, los quejosos indican que también los hacen trabajar más de 10 horas, les han quitado sus viáticos y comidas, entre otras anomalías.

Incluso, ahora viven en constante estrés porque no saben a qué hora entrará Lara Díaz, quien es prima de la exalcaldesa Angélica Araujo Lara, para decirles que están despedidos.

Canul Moguel hostiga y trata como esclavos al personal, pues lo hace trabajar más de 10 horas, en tanto que a los oficiales de servicio como a los peones los amenazan para que hablen y dejen mal a sus compañeros, y de ahí se agarran para que puedan fregar a la persona horas extras y sin pagarlas.

Los entrevistados precisaron que la dirección jurídica sólo se encarga de pasar en los tramos donde están los trabajadores, para presionarlos y amenazarlos, porque quieren desaparecer a todo el personal que era de Servicios Integrados para la Conservación del Estado de Yucatán (SICEY).

«Alberto Moguel grita a los cuatro vientos que ni el mismo Gobernador Mauricio Vila le puede hacer algo, porque su padrino es poderoso, por eso ha despedido a gente con más de 15 y 20 años de antigüedad», precisaron los afectados.

«Queremos que el Gobernador se entere de esto y tome cartas en el asunto, y que por favor haga un cambio de Director General de esa dependencia, porque la gente ya se cansó, tanto mental como físicamente, ya que sólo están al pendiente de a qué horas van a venir los del departamento jurídico y llevarlos para que les digan que están de baja. La gente no olvida y pronto habrá elecciones», manifestaron.

El colmo

De las diversas manifestaciones que los trabajadores realizaron frente a Palacio de Gobierno, el 11 de agosto de 2020 fueron atendidos por parte de personal del Ejecutivo y para ello se creó una comisión, conformada por Roque Eleazar Galaz Cauich, Sergio Gaspar Manzanero Carrillo y Virgilio Us Quetzal.

Por ende, fueron recibidos por Silvia Bolio, empleada de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos, para escuchar sus planteamientos y demandas, mismas que dejan al descubierto el mal manejo de la institución a cargo de Canul Moguel y dejan entrever el favoritismo y malos manejos prevalecientes.

Finalizada la audiencia, uno de los trabajadores que realizó la manifestación calificó como una burla de parte del Gobierno del Estado que sus compañeros fueran recibidos por una funcionaria subalterna de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos, instancia totalmente ajena a la resolución de problemas laborales.

«Con el Gobierno del Estado y Vila Dosal no nos queda más remedio que encomendarnos a Dios, a ver si nos hace el milagro de arreglar nuestros problemas, masculló con una mezcla de tristeza y coraje, pero en las elecciones que vienen nos desquitaremos», estableció uno de los inconformes.

Más anomalías

La infraestructura vial en Mérida así se continúa fortaleciendo para una movilidad más ágil y segura, tanto para peatones como para automovilistas, pero al mismo tiempo es fuente de corrupción, tal como se observa en el informe del cuatro trimestre del Incay.

En el documento se observa las diferencias que hay para con los diversos proyectos realizados durante el año pasado.

Tan sólo en inversión en obras, durante el último trimestre del año pasado se debía un monto de 72 millones 597 mil 489 pesos, pero se tuvo un gasto de 126 millones 303 mil 697.27 pesos, por lo que se tuvo un gasto extra de 53 millones 706 mil 208.27 pesos.

En la Página de Transparencia es confusa la información que presenta el Incay, específicamente en el caso de la «Remuneración bruta y neta», correspondiente al segundo semestre.

«El monto mensual neto de la remuneración» de un jefe de departamento es de 20 mil 165.52 pesos, el de un coordinador es de 10 mil 30.93, pero el de los choferes, de diversas unidades, supera los 17 millones 255 mil pesos, algo absurdo e ilógico, pues prácticamente queda de manifiesto que el Incay algo esconde, situación que es imperante que explique.

Por otra parte, recientemente Vila Dosal entregó los trabajos de construcción del Paso Superior Vehicular Avenida 70 del complejo habitacional Ciudad Caucel, una de las zonas de la ciudad que registra mayor crecimiento.

La nueva obra está ubicada en el kilómetro 1 de la carretera Mérida-Tetiz, con la que se otorga una solución vial a este punto de la capital yucateca, donde a diario se presentaban accidentes de tránsito debido a que es una arteria que comunica, además de este polígono habitacional, hacia el corredor industrial de Hunucmá y otros municipios y comunidades del Poniente del Estado.

El paso superior vehicular abarca 1.3 kilómetros de longitud con sus rampas de acceso y descenso, más su estructura, para cuya construcción se destinó más de 122 millones de pesos.

Adicionalmente se instalaron luminarias en la parte baja del puente, con una inversión de más de medio millón de pesos.

La obra también incluyó 3.6 kilómetros de vialidades complementarias, entre la glorieta, calles laterales, radios de giro, así como accesos para beneficiar a miles de personas que a diario circulan por este lugar, de acuerdo con el documento oficial.

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