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INCAY NO REPORTÓ 33 MILLONES DE PESOS

  • ASEY detectó un subejercicio por 33 millones 342 mil 300 pesos, de los cuales, el Instituto de Infraestructura Carretera no proporcionó la documentación comprobatoria del reintegro de los recursos a la Secretaría de Administración y Finanzas
  • Pagaron a terceros, por servicios y reparaciones que debía realizar personal adscrito al INCAY. Complicidad de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán

Redacción/Sol Yucatán

Mérida.- En un evidente acto de complicidad, la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) aprueba la Cuenta Pública 2020 del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (INCAY) pese a que cuenta con 7 observaciones que no han sido solventadas.

En la segunda entrega de los informes individuales recién publicada, la ASEY pone en evidencia diversas irregularidades en las que incurrió la dependencia que a la vista de la sociedad yucateca ha dejado mucho que desear, como son la adjudicación directa de contratos violando la ley y faltantes de millones de pesos que habrían sido malversados.

Solo hay que revisar las 30 fojas que componen el Informe individual que la ASEY entregó de la Auditoría efectuada, donde en primer lugar se informa que la muestra auditada por el orden de los 151 millones 56 mil 500 pesos, apenas correspondió al 28% del presupuesto total de la entidad pública que fue de 545 millones 15 mil 400 pesos en 2020.

La farsa inició pues, al tomar como “población objetivo” un total de 224 millones 26 mil 600 pesos, a modo de representatividad de la muestra, con lo que se influyó en el resultado final, al indicar que se tuvo una muestra auditada del 63%, quedando sin auditar apenas el 33%, cuando en realidad del universo total, se dejaron sin auditar un total de 393 millones 958 mil 900 pesos.

Ya desde ahí se empieza a hacer notable la complicidad que el máximo órgano fiscalizador de Yucatán tiene para con cada una de las secretarías y dependencias del gobierno manejado por Mauricio Vila Dosal.

Los servidores públicos responsables de llevar a cabo el ejercicio auditor “a modo”, fueron: María Isabel Cachón Garma, Azalea Aurora Mendoza Caballero, Glendy Noemí Chi Estrella, Arianne Roxana Garrido Aguilar, Germán Maximiliano Valdez Hernández y Hugo Manuel Méndez Romero.

Claro está que mandado no es culpado, sin embargo, una auditoría efectuada a solo el 28 por ciento del presupuesto anual de una entidad pública, habla más bien de una farsa a la que se presta la actual Legislatura estatal en apoyo a su jefe, el gobernador de Yucatán.

Aun así, con todo y el tratar de minimizar al máximo los posibles desfalcos encontrados, la ASEY efectuó 7 observaciones, de las que ninguna solventó el Gobierno del Estado, apareciendo 4 como parcialmente solventadas y 3 como No Solventadas.

Más en el colmo de la sumisión al Ejecutivo estatal, no se estimó ninguna afectación a la hacienda pública, ni se impusieron multas a la entidad fiscalizada, pese a que en la observación número 3 se detectó un subejercicio en el gasto no etiquetado por un total de 33 millones 342 mil 300 pesos.

Más un cúmulo de pagos extras que de acuerdo a la ASEY, por tratarse de pagos hechos a contratistas por servicios y reparaciones que debieron haberse incluido de manera presupuestal dentro del rubro de gastos de operación, resultaron ser observaciones no solventadas.

Arrancando con el dictamen, se dio fe de múltiples irregularidades e inconsistencias en la integración del presupuesto y la relación de gastos aprobados; donde cada una de las observaciones tuvo como base el indicar los riesgos de moderados a graves, encontrados en cada proceso administrativo del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (INCAY), bajo el mando de Felipe Alberto Canul Moguel.

Uno de ellos se dio en el Control Interno del organismo, dónde en los puntos referentes al Ambiente de Control, Administración de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación, así como la Supervisión, se hallaron niveles de moderados a altos, al no cumplir con los objetivos de la entidad debido a debilidades y carencias detectados en cada uno de ellos.

Todo ello en incumplimiento a los artículos 2, 6, 8, 10, 14, 16, 17, 19, 27, 28, 29 y 30 del acuerdo SCG 11/2017 de los Lineamientos para la Implementación del Sistema de Control Interno Institucional en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal; así como los 9, 15 y 23 del acuerdo SCG 16/2018 por el que se modifican los Lineamientos para la Implementación del Sistema de Control; numeral 1 del Manual de Control Interno del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán.

Sobra decir que el INCAY pretendió solventar las observaciones mediante oficio DIR.GRAL.- 0662/2021 de fecha 20 de julio de 2021, quedando como solventado parcialmente éste punto al no haber acreditado que cumple con todos los componentes del control interno institucional.

La siguiente observación solventada parcialmente, se dio en el tema del Cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en la que se halló que entre las obligaciones previstas en la Ley y sus reformas, la entidad fiscalizada no contó ni con manuales de contabilidad; ni inventario conciliado con el registro contable; ni auxiliares que mostraran los avances presupuestarios y contables; ni lista de cuentas alineadas al Plan de Cuentas emitido por la CONAC.

Tampoco realizó el registro de las etapas del presupuesto de ingresos, ni el de egresos, ni contó con clasificadores presupuestarios armonizados, ni catálogo de bienes, ni genera en tiempo real los estados financieros, entre otros puntos más que dejan ver la total opacidad con que se manejan no solo los recursos de la dependencia, sino de los bienes mismos al interior de sus instalaciones, solapando tanto el desvío de recursos presupuestarios, como el robo hormiga por parte de sus empleados.

La tercera observación tuvo que ver con el Cumplimiento de los Egresos, detectando un subejercicio en el gasto no etiquetado por un total de 33 millones 342 mil 300 pesos, de los cuales el INCAY no proporcionó la documentación comprobatoria del reintegro de los recursos a la Secretaría de Administración y Finanzas.

De acuerdo a la tabla presentada en el informe, el subejercicio se habría ejercido en Servicios personales ($123,000.00), Materiales y suministros ($11’488,500.00), Servicios generales ($6’676,800.00), Bienes muebles, inmuebles e intangibles ($3,800.00), e Inversión pública por 15 millones 50 mil 200 pesos.

Sin embargo, se le otorgó el carácter de solventada parcialmente, generando apenas una promoción de responsabilidad administrativa.

La cuarta observación también solventada parcialmente, se dio en el tema de los Derechos a recibir, detectando un saldo por 15 millones de pesos al 31 de diciembre de 2020, en la cuenta contable “1-1-2-3-9-00000-00000 Convenio IDEFEY”; de la que no se proporcionó la evidencia de haber realizado el análisis de las cuentas pendientes por cobrar.

La quinta observación se dio en relación a las obras por administración, encontrando irregularidades e inconsistencias en la integración del presupuesto autorizado del contrato 008-00-20-02 con objeto “Mantenimiento y limpieza de áreas verdes en el Estado de Yucatán” por 30 millones 120 mil 800 pesos, y una modificación presupuestal de 14 millones 119 mil 200 pesos.

Encontrando un pago extra por 639 mil 100 pesos, por insumos de materiales y recursos humanos que no proceden para las obras por administración directa los cuales deben excluirse del presupuesto autorizado para obras y servicios conexos e incluirse en sus gastos de operación.

Además de un pago por 317 mil 800 pesos por ejecución de trabajos donde participan terceros como contratistas, pero sin proceder para las obras por administración directa.

Dicho gasto se dio a través de cinco servicios distintos. Uno por servicio de siembra y suministro de pasto americano por 121 mil 800 pesos; otro por el servicio de perforación de dos pozos en patio de maniobras del INCAY por 25 mil 100 pesos; uno más por el servicio de perforación de 8 cepas en patio de maniobras por 13 mil 900 pesos; más otro pago de 77 mil 200 pesos por la instalación de dos bombas trifásicas para el programa de áreas verdes; y un pago de 79 mil 900 pesos por la instalación de dos bombas bifásicas.

Finalmente, esta observación no fue solventada; como tampoco lo fue la referente al contrato 011-00-20 con objeto de “Repavimentación de calle 60 prolongación x Av. 49 Cámara de Comercio y Av. 25 Cordomex, en la ciudad de Mérida, Yucatán”, con periodo de ejecución del 13 de enero al 22 de marzo de 2020, firmado el 10 de enero de 2020.

Ello, al encontrar un pago por 507 mil pesos, por insumos de materiales que no proceden para las obras por administración directa, los cuales deben excluirse del presupuesto autorizado para obras y servicios conexos e incluirse en sus gastos de operación.

En sí el importe se originó de una larga lista de refacciones automotrices en su mayoría, como una bomba de combustible para camioneta, un juego de balatas, refacciones mecánicas para tráiler, así como refacciones para camionetas, pipas, tractores, volquetes, excavadoras, trascabos, y demás vehículos que integran la plantilla vehicular del INCAY.

De igual manera tampoco se solventó la observación efectuada del contrato 022-00-20 con objeto “Construcción de retornos y obras complementarias de la calle 60 Prolongación x Av. Salvador Alvarado y Av. 25 Cordemex” por 2 millones 481 mil 500 pesos, pagada con Recursos Propios; con periodo de ejecución del 9 de marzo al 12 de abril del 2020, firmado el día 9 de marzo del 2020.

En dicho contrato se encontraron irregularidades e inconsistencias en la integración del presupuesto autorizado y la Relación de Gastos Aprobados.

Encontrando que un pago de 34 mil 900 pesos, por insumos de materiales, no procedió para las obras por administración directa, por lo que debía ser excluido del presupuesto autorizado para obras y servicios conexos e incluirse en los gastos de operación del INCAY. Nuevamente se trató de diversas refacciones y servicios.

También se encontraron tres pagos que sumaron 847 mil 700 pesos por ejecución de trabajos donde participaron contratistas que no debían proceder para las obras de administración directa.

En pocas palabras, pagaron a terceros, por servicios y reparaciones que debía realizar personal adscrito al Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán.

Elementos con presuntos desvíos de dinero hay muchos aquí mismo señalados, pero el dictamen final de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, no estimó ninguna afectación a la hacienda pública, ni impusieron multas a la entidad fiscalizada. Al contrario, la avaló pese a las remarcadas inconsistencias en la integración del presupuesto y la relación de sus gastos.

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