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PERVERSO ENGAÑO DE VILA Y DEL FISCAL

¡INEPTOS Y CORRUPTOS!

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  • La Fiscalía General de Yucatán acepto su responsabilidad en el desacato de un mandamiento judicial, ya que de manera cínica aceptó que desde abril recibió la carpeta de desistimiento de la demanda contra el empresario Fernando Barbachano, pero se ha negado a cumplir.
  • La Fiscalía General del Estado y el Gobierno del Estado negaron tener injerencia en el litigio del hotel Mayaland, por lo cual mienten, debido a que son claras las trabas y el estado de indefensión en que se han dejado a la familia Barbachano.
  • Rodolfo Rosas Moya está obteniendo un beneficio económico, debido a que continúa operando el hotel que fuera objeto del despojo perpetrado por él mismo.

Redacción/Sol Yucatán

El Gobierno del Estado y la Fiscalía General del Estado, mienten a los yucatecos al tratar de exculparse de los atropellos legales que han perpetrado contra el empresario yucateco Fernando Barbachano Herrero.

De manera clara, la Fiscalía y el Poder Judicial han hecho hasta lo imposible para que Rodolfo Rosas Moya, por órdenes del gobernador Mauricio Vila Dosal, se apoderen de manera ilegal del hotel Mayaland, ya que representaba un negocio seguro de decenas de millones de pesos al año, al estar en una zona privilegiada.

Debido a que la Fiscalía ha dejado en un estado de total indefensión a la familia Barbachano y desde hace tres años se han negado a entregar el hotel a sus propietarios.

De manera cínica tanto la Fiscalía como el propio gobernador Mauricio Vila Dosal, han negado tener injerencia en este tema, con la finalidad de generar confusión entre la sociedad yucateca.

A través de un comunicado, el Gobierno del Estado, aseguró que es ajeno al conflicto legal entre empresarios yucatecos por la posesión de un inmueble ubicado en la zona arqueológica de Chichén Itzá.

“El caso referido se origina en negocios que de manera libre y voluntaria decidieron entablar entre particulares”, enfatizó.

“Las diferencias jurídicas que han surgido de esta relación entre particulares las han dirimido autoridades judiciales autónomas y ajenas al Ejecutivo del Estado de Yucatán”.

“El Poder Ejecutivo de Yucatán ha actuado y actuará siempre conforme a la ley y hace un llamado a los particulares que tengan diferencias a que igual sigan los procedimientos jurídicos establecidos”.

A su vez, la Fiscalía General del Estado de Yucatán, expresó que la dependencia ha actuado y actuará siempre conforme a la ley en todos los casos de su competencia, incluido el abordado en la nota periodística.

“Cabe aclarar que las actuaciones del caso que ha desplegado la Fiscalía fueron realizadas en solicitud de colaboración pedida por su homóloga de Quintana Roo”.

“Dicha institución declinó competencia hacia esta Fiscalía de Yucatán el pasado mes de abril del año en curso, encontrándose el Ministerio Público en estudio de las constancias recibidas en torno al caso”.

“Estos hechos también han sido objeto de estudio de diversas autoridades federales”.

“Esta Fiscalía General de Yucatán refrenda su compromiso para continuar con un trabajo serio y profesional, actuando con total apego a la normatividad vigente en este y todos los casos”.

Con esto se demuestra que la Fiscalía General del Estado aceptó su responsabilidad en el desacato que ha caído desde hace ya varios meses, sin justificar algún argumento ilógico legal el motivo por el cual no ha regresado el hotel Mayaland a su legítimo dueño, el señor Fernando Barbachano Herrero.

De esta manera la dependencia que debería de velar por la procuración de justicia ha dejado en un estado de indefensión a la familia Barbachano para favorecer de manera descarada a Rodolfo Rosas Moya, quien, dicho de paso, es señalado como prestanombres del gobernador Mauricio Vila Dosal en sus oscuros negocios.

Mediante un comunicado, la Fiscalía ha querido desmentir el reportaje publicado por Sol Yucatán, en torno a la trama de los hoteles Mayaland y The Lodge at Chichen Itzá.

Sin embargo, en la misiva reveló que desde el mes de abril de este año recibió la carpeta de investigación por el acuerdo de incompetencia dictado por la Fiscalía General de Quintana Roo, dependencia donde se inició y se dio curso a la investigación y quien solicitó el aseguramiento de los inmuebles.

Es decir, desde hace poco más de dos meses recibió la carpeta de investigación, en la cual se señala que no hay delito que perseguir.

Lo que aquí llama la atención es que en esa carpeta ya se había dictado un acuerdo levantando la medida de aseguramiento y ordenando se le entregaran al señor Fernando Eugenio Barbachano Herrero, además de que también obra en ese expediente una resolución del Poder Judicial Federal en la que concluyen que los hechos que se investigan no son constitutivos de delito alguno.

Parece entonces que en vez de desvirtuar los hechos que se le atribuyeron al fiscal en la denuncia anticorrupción, queda claro que, teniendo la obligación de entregar los hoteles a su propietario, Fernando Barbachano, no lo ha hecho por motivos que simplemente no tienen una explicación ni lógica ni legal.

Ahora será el Tribunal Superior de Justicia el que resuelva sobre estas omisiones, ya que al haberse recibido la carpeta en la Fiscalía de Yucatán se activa la competencia de la autoridad judicial en el Estado y, con ello, el derecho que tienen los propietarios del hotel para reclamar su falta de entrega.

Sin olvidar que Rosas Moya está obteniendo un beneficio económico, debido a que continúa operando el hotel que fuera objeto del despojo perpetrado por él mismo.

Sin embargo, de no ser por la lucha jurídica que emprendió el empresario Barbachano Herrero, Rosas Moya, en contubernio con las autoridades de justicia de Yucatán, se hubieran apoderado del hotel, único en su mundo por su ubicación.

Como Sol Yucatán, ha dado cuenta de manera oportuna, el empresario yucateco solicitó el auxilio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a que se habían violentado sus derechos y lo habían dejado en total estado de indefensión.

Tras la petición de auxilio, la máxima tribuna de justicia del país tomó su caso y pidió al Consejo de la Judicatura Federal intervenir dentro de su competencia.

La semana pasada, el empresario denunció ante la Vice Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción al gobernador, Mauricio Vila Dosal, al Fiscal General, Juan Manuel León León y al juez mercantil, Raúl Cano Calderón.

Esto debido a que existen las pruebas suficientes para demostrar la plena culpabilidad de los señalados y dejar claro los atropellos e injusticias que sufrió la víctima dejándolo en un estado de indefensión al sufrir corrupción institucional, que permio al Poder Ejecutivo y Judicial.

Cuya cabeza fue precisamente el titular del Poder Ejecutivo, quien tiene total control del sistema judicial, ya que durante su gobierno impuso a los magistrados que conforman la máxima tribuna de justicia de Yucatán.

Hoy la familia Barbachano, pide que se les regrese de manera inmediata su propiedad, el pasado 18 de junio, se cumplieron 28 meses del secuestro del hotel Mayaland, por los negros intereses de Vila Dosal, quien ordenó al fiscal general Juan Manuel León León y al juez segundo de lo mercantil, Raúl Cano Calderón, para operar de manera dolosa e ilegal en favor de Rosas Moya y apropiarse del recinto.

Vila Dosal, con información privilegiada, quería hacer millonario negocio con la construcción del Tren Maya, que traería una mayor cantidad de turistas a la zona arqueológica más importante del país, considerada como una de las siete maravillas del Mundo Moderno.

Por ello, El Gobierno Federal, no incluyó a Chichén Itzá en su plan de construcción de hoteles en zonas arqueológicas del sureste del país, que albergará a miles de turistas nacionales y extranjeros, ya que Vila Dosal, tenía la intención de adueñarse y operar el recinto, ya que significaba un negocio de muchos millones de pesos.

La Fiscalía ha permitido que gente allegada a Rosas Moya, opere el hotel, aun cuando existe un litigio por la propiedad generando un grave daño patrimonial a la familia.

Además de los ingresos que se generan por hospedaje y restaurante, al estar operando se está provocando un desgaste a los bienes muebles del lugar.

Sin contar las millonarias pérdidas por el gran abandono en el que se encuentran las instalaciones.

El pasado 22 de junio se cumplieron nueve meses de que la Fiscalía de Quintana Roo, levantó el aseguramiento del inmueble, al considerar que no había delito que perseguir y mediante un oficio, se solicitó a la Fiscalía de Yucatán, el levantamiento del aseguramiento, sin embargo, la dependencia ha hecho caso omiso, es decir, no está cumpliendo un mandato y no existe impedimento legal para que el hotel regrese a sus dueños.

De manera dolosa, la Fiscalía se niega a regresar el inmueble, por lo cual miente al asegurar de que ha actuado conforme a la ley.

En la Vice Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, se indicó que ya dieron entrada a la denuncia y se iniciaran las investigaciones.

Se enviará citatorios a las personas señaladas en la denuncia, por lo cual es un hecho histórico.

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