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Diputados federales exigen a la dependencia intervenir en Yucatán para desmantelar las redes criminales de trata de personas que hay y las que sean descubiertas en la entidad.

INTERVENCIÓN DE FGR EN YUCATÁN

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  • Diputados federales exigen a la dependencia intervenir en Yucatán para desmantelar las redes criminales de trata de personas que hay y las que sean descubiertas en la entidad
  • Legisladores federales denuncian que 8 de cada 10 víctimas de este delito tienen el rostro de mujer, niña o adolescente y las redes de explotación se han ido diversificando y dejan a las niñas y mujeres en una situación de mayor riesgo
  • Los tratantes de personas utilizan la infraestructura y los servicios turísticos para enganchar, trasladar, retener y explotar a posibles víctimas de cualquier edad y condición social

Gloria Islas / Corresponsalías

Legisladores federales exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) y a su homóloga en Yucatán a redoblar esfuerzos para investigar y en su caso, desmantelar las redes criminales de trata de personas que sean descubiertas en la entidad.

Sol Yucatán informó que hay evidencias de una red de trata de personas con fines de explotación sexual, que utilizan los aeropuertos de Mérida y de Cancún como puerta de salida de la Península de Yucatán para sacar a las mujeres del país rumbo a naciones del norte.

El legislador Manuel Vázquez Arellano condenó que este flagelo esté en Yucatán y pidió a la FGR investigar la presunta red de delincuencia que capta y engancha a mujeres para ser sometidas a una explotación sexual.

“Nadie puede estar de acuerdo con la trata de personas, sobre todo si involucra a niños y niñas. Es uno de los temas tabú en el pasado que se ha dado durante muchos años y que se ha denunciado a lo largo de la historia”.

Dijo que es un mal que se debe atacar de raíz, con todas las complicidades que puedan existir de autoridades a nivel municipal o estatal.

Confió que el endurecimiento de la legislación para erradicar la trata de personas no sea letra muerta en Yucatán o donde exista esta red de delincuencia de trata de personas.

El parlamentario aseveró que se debe esclarecer esta denuncia y sancionar a los involucrados, porque no se debe permitir complicidades en un tema que afecte a menores en un delito tan grave y cruel.

Urgió diseñar y ejecutar una estrategia eficaz que permita identificar, desarticular y sancionar las redes dedicadas a la trata de personas que puedan operar en la entidad considerada la más segura del país.

Vázquez Arellano advirtió que la ley no excluye a nadie, por lo que si hay funcionarios del nivel que sea, deben ser sujetos a una investigación y en su caso ser sancionado con todo rigor.

Al respecto, la diputada de Morena, Graciela Sánchez, advirtió que de existir colusión con las autoridades estatales para que estas redes puedan trabajar de manera libre, se deberá sancionar conforme a la ley.

Recordó que recién se aprobó en el Congreso de la Unión reformas a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a fin de establecer sanciones de hasta 50 años de prisión a quien cometa este delito.

Las sanciones se endurecerán cuando el delito se cometa  a personas menores de 18 años y mayores de 60, personas indígenas o afromexicanas, mujeres embarazadas y personas con discapacidad.

Por ello, la diputada del partido guinda, Julieta Kristal Vences Valencia, alertó que el nuevo andamiaje jurídico contempla también que las personas que compren este tipo de servicios sean castigadas con igual severidad que los tratantes.

“Sabemos que son personas dispuestas a pagar por este tipo de cosas, de no haberlas  no habría un mercado de trata. El desmantelamiento de este terrible e inhumano mercado  inicia con acciones contundentes”, expresó.

Explicó que la trata de personas es una amenaza que no distingue género, raza o estatus social, sin embargo, es innegable que existen grupos de personas que son particularmente más vulnerables ante esta atrocidad.

Apuntó que 8 de cada 10 víctimas de este delito tienen el rostro de mujer, niña o adolescente.

Señaló que los diversos informes e investigaciones sobre la trata de personas demuestran que las redes de explotación se han ido diversificando y dejan a las niñas y mujeres en una situación de mayor riesgo.

La congresista demandó atender este flagelo en los estados donde se ha detectado como Yucatán, según información periodística.

La diputada Juanita Guerra Mena recordó a las autoridades de Yucatán  que tienen la obligación de dar a conocer a los ciudadanos que si son víctimas o conocen algún tipo de delito acudan a denunciarlo.

Además, resaltó la importancia de que se informe a los ciudadanos que hay actividades que no deben ser normalizadas, sino atendidas oportunamente y que sí son víctimas o conocen de alguien que sea víctima de este delito deben denunciar.

Por su parte, la diputada Marisol García Segura señaló que los tratantes de personas regularmente utilizan la infraestructura y los servicios turísticos para enganchar, trasladar, retener y explotar a posibles víctimas de cualquier edad y condición social.

Recalcó que los estados y municipios deben contar con un protocolo de actuación y detección de situaciones de riesgo, y visibilizar que la trata es un problema social que requiere de la participación social para detectar y evitar situaciones de riesgo.

Urgió la aplicación de políticas públicas para combatir esta deleznable práctica y que las personas afectadas sobrevinientes intervengan de manera directa en las políticas públicas.

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