- La dependencia se convierte en un verdadero cártel que pone en riesgo la salud de los yucatecos, al beneficiar a constructoras al otorgarles permisos sin cumplir con las normas de infraestructura de tratamiento de aguas residuales
- Ejemplo de la corrupción fue la construcción de los más de 200 departamentos de Montejo Plaza, que para darles servicios de agua y tratamiento de aguas residuales se afectó los servicios de los vecinos del fraccionamiento Francisco de Montejo y zonas aledañas
José González Cámara / Sol Yucatán
Mérida.- El Consejo Directivo de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) se convierte en un verdadero cártel que pone en riesgo la salud de los yucatecos, al beneficiar a constructoras, al otorgarles permisos sin cumplir con las normas de infraestructura de tratamiento de aguas residuales, y sin exigir la construcción de plantas de tratamiento de los nuevos fraccionamientos.
La mafia está integrada por titulares de diversas dependencias del gobierno del Estado, así como por empresarios del ramo de la construcción.
LA MAFIA DEL AGUA
Tal es el caso de la JAPAY, la Secretaría de Desarrollo Sustentable y el Instituto de la Vivienda de Yucatán (IVEY) así como la Secretaría de Obras Públicas (SOP) y del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (Imdut), que forman parte de la junta de gobierno de la JAPAY.
Al igual que los de la delegación estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), y además de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Mérida, entre otros.
En esta colusión todos salen beneficiados, menos los yucatecos, pues todos se solapan para hacer negocios millonarios con permisos, obras con favoritismos y omisión de millonarios pagos.
Ante el acelerado y desordenado crecimiento de la mancha urbana que aumentó en casi 80 por ciento y de continuar con este ritmo, en tan sólo cinco años los yucatecos ya no tendrán agua, pero no porque no haya, sino porque estará contaminada, al mismo tiempo que se afecta a la flora y fauna de la región.
Ejemplo claro sucedió con la construcción del fraccionamiento Cielo Alto, Kanasín, pues entre 2015 y 2018 hubo problemas con los sumideros, los cuales, rebosaron y dañaron el manto freático.
Debido a esta problemática, la JAPAY tuvo que intervenir para corregir el sistema de tratamiento de agua residuable que la misma dependencia permitió, que le costó más de ocho millones de pesos en una obra que se pudo evitar y prevenir.
En la construcción del fraccionamiento de mil casas a cargo de Pedro Solís Millet, solamente se hizo la estructura de tratamiento de aguas residuales con capacidad para 200 viviendas.
Los empresarios ya controlaron dos áreas importantes de corrupción, la de escrituración y la construcción de vivienda.
SERGIO CHAN LUGO
Los mismos funcionarios inconformes han manifestado a Sol Yucatán que todos los fraccionamientos en últimos 4 años han hecho grandes negocios con la JAPAY y que Sergio Chan Lugo recibía millonarios moches por omitir cumplimiento de ciertas normas.
Este funcionario tiene colocado a sus dos hijos en dependencias estatales: Mauricio Chan Peniche, en el Ivey y Sergio Chan Peniche, incrustado en Imdut. Otro de sus hijos estudia en el extranjero.
En la junta de gobierno de la JAPAY, donde forma parte la Canadevi, IVEY, la Secretaría de Obras Públicas (SOP) y Imdut, todos se protegen para hacer millonarios negocios.
La Canadevi es una cámara empresarial que agrupa a compañías que se dedican al desarrollo y promoción de viviendas en el país.
Pues junto con la JAPAY forman una alianza mafiosa en la junta de gobierno de esta dependencia estatal de una forma sencilla, pero que deja millones de pesos en ganancias.
SE LLENAN DE EXCREMENTO
La Canadevi se hace de la vista gorda de las anomalías que permite en la construcción de fraccionamientos, y viceversa, la Japay deja pasar que las constructoras de vivienda se cuelguen de otros cárcamos, con lo que evitan pagar 8 millones de pesos para la construcción de un nuevo sistema de tratamiento de aguas residuales. Altos funcionarios de la JAPAY denuncian que Chan Lugo recibe una buena tajada.
Obviamente al paso del tiempo el nuevo fraccionamiento construido comienza a tener problemas de abastecimiento por la saturación del sistema hídrico.
El sistema hídrico se compone por los sistemas que abastecen de agua y también por los sistemas que recolectan aguas residuales y las procedan para limpiarlas de sólidos ó excremento.
O sea estos son dos sistemas diferentes, uno es el que da agua y otro el que recoge las aguas que se desechan. En cada caso los constructores tienen la obligación de cumplir con ambos sistemas, con pozos o cárcamos que garanticen el suministro de agua y también con sistemas que sean plantas de tratamiento que puedan limpiar las aguas sucias que desechan los vecinos de cada casa.
Otro claro ejemplo de la gravedad de la corrupción fue la construcción de los más de 200 departamentos de Montejo Plaza, al norte del periférico, que para darles servicios de agua y tratamiento de aguas residuales se afectó los servicios de los vecinos del fraccionamiento Francisco de Montejo y zonas aledañas.
La autoridad, en este caso JAPAY debió exigir la construcción de nuevas instalaciones hídricas y de tratamiento de aguas (PETAR) por parte del desarrollador de vivienda pero omitió esa obligación, y allá viene el negocio.
No se les debió dar contrato de agua ni tampoco autorizar que se les diera el servicio a todos estos departamentos a menos que subsanaran esa obligación por parte del desarrollador. Sin embargo, en el año de 2020 se les autorizó el servicio por parte de la actual administración, específicamente cuando era director general Sergio Chan Lugo, el brazo ejecutor del constructor Ricardo Millet Encalada y del gobernador Mauricio Vila Dosal para hacer todos los chanchullos e irregularidades en el desarrollo de obras y de servicios que maneja el gobierno del Estado.
Lo peor de todo, las reuniones que tiene la junta de gobierno de la JAPAY es para proponer las mejores opciones empresariales para la designación de los recursos, así como para establecer los acuerdos para la actualización de las tarifas a cobrar por el servicio de agua potable que presta a la ciudadanía.
Ejemplo de ello fue la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la JAPAY, efectuada el 8 de diciembre de 2021, bajo la modalidad en línea a través del uso de sistemas y medios tecnológicos que permitan la comunicación a través de audio y video, utilizando para esta sesión ordinaria la aplicación “Zoom”.
Diversos fueron los temas que se discutieron, pero lo que más importó fueron las nuevas tarifas, dado que la JAPAY es la “caja chica” más importante del gobierno del Estado, pues se obtiene millonarios recursos, los cuales están a plena disposición del titular del Ejecutivo.
