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IMPUNIDAD PREVALECE EN EL IEPAC

*Aún siguen impunes el secretario ejecutivo, Hidalgo Armando Victoria Maldonado, y el director Jurídico, Bernardo José Cano González, a quienes se les atribuyen los...

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Redacción/Sol Yucatán

Mérida. – El gobernador de Yucatán podría ser sometido a juicio político por haber violado la Ley Electoral al utilizar los programas oficiales y los recursos públicos en beneficio de su imagen personal y de los candidatos panistas en las elecciones federales del 6 de junio pasado.

Esa es una de las sanciones que contempla el marco jurídico, pues las otras son multa e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

En su resolución del sábado 24 pasado, el Tribunal Electoral del Estado encontró culpable al mandatario en el juicio que promovió el representante suplente ante el IEPAC del Partido Morena, Juan Pablo Silva Medina, marcado con el número PES-01672021 y dio vista a la actual Legislatura local para que en términos de su competencia dictamine la sanción que impondrá al gobernador.

En su sentencia el TEEY resolvió de manera literal que “son existentes las infracciones atribuidas al ciudadano Mauricio Vila Dosal, en su carácter de Gobernador del Estado de Yucatán”.

Sol Yucatán publicó con amplitud y con lujo de detalles que el titular del Ejecutivo local un día sí y el otro también realizaba actos de proselitismo para apoyar a los aspirantes de Acción Nacional e incluso levantó la “ley seca” y el “toque de queda” para poder visitar a su antojo los 106 municipios y reforzar la campaña blanquiazul.

Cabe recordar que en una primera instancia, el TEEY en su sentencia del 16 de junio declaró la inexistencia de las infracciones atribuidas a Vila Dosal, por lo que el representante morenista Silva Medina interpuso un recurso de revisión ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la Tercera Circunscripción con sede en Xalapa, Veracruz.

El expediente quedó marcado con el número SX-JE 1657/2021 y cuyo estudio estuvo a cargo del magistrado ponente Adín Antonio de León Gálvez y de los proyectistas Ana Laura Alatorre Vázquez e Iván Ignacio Moreno Ruiz.

Adín Antonio de León Gálvez

Luego del análisis, la Sala Regional del Tribunal Federal Electoral revocó la sentencia del TEEY, porque no realizó un estudio exhaustivo de los medios de prueba ofrecidos por el promovente y le ordenó subsanar el proceso.

De acuerdo con la copia del expediente que se hizo llegar a Sol Yucatán, fueron 33 los tuits de la cuenta personal de Vila Dosal en la que claramente se observa que efectuó labores de proselitismo político a favor de los candidatos panistas.

El documento asienta lo siguiente: “Del análisis de las publicaciones se advierte que se trata de propaganda gubernamental, porque se emitieron por parte de una persona del servicio público a través de su red social, en donde se comparte a la gente la puesta en marcha de obras de construcción, la generación de empleos y las inversiones de capital dentro del Estado con la intención de darlas a conocer y con ello buscar cercanía y aceptación ciudadana”.

“El artículo 380, fracción IV de la Ley Electoral establece como conducta sancionable a las personas en el servicio público, el incumplimiento de difundir propaganda durante el proceso electoral antes señalado, cuando tal conducta afecte la equidad en la competencia”.

El Tribunal Electoral del Estado encontró culpable al Gobernador por haber violado la Ley al utilizar los programas oficiales y dinero público en beneficio de su imagen personal y de los candidatos panistas en las elecciones federales del 6 de junio pasado

“Por lo tanto, es existente la difusión de propaganda gubernamental durante las campañas de los procesos electorales locales en el Estado de Yucatán”.

“Así basado en el contenido observado, si bien todas las personas tienen derecho a ejercer plenamente su libertad de expresión, en el caso de las personas servidoras públicas existe un deber reforzado de cuidado en tiempos electorales a fin de no influir de manera indebida en los procesos electorales en curso y en paralelo un deber de la autoridad electoral administrativa, incluyendo en ser cautelar, de dar un mayor peso a los principios que resguardan el equilibrio en la competencia electoral, ya que debe recordarse que la equidad constituye el eje rector que da contenido a los derechos de quienes participan en tales procesos y sirven de sustento a las limitaciones impuestas a los competidores y a los terceros, a fin de evitar el ejercicio de influencias indebidas”.

“Durante un proceso electoral, con independencia de que no instruyan o soliciten la difusión de mensajes gubernamentales, los servidores públicos tienen el deber de cuidar que en sus comunicaciones (orales y escritas) se evite el uso de elementos que puedan influir en la contienda electoral, porque dichos mensajes pueden ser retomados por los medios de comunicación para su posterior difusión”.

“En ese orden de ideas, este órgano jurisdiccional reconoce que si la persona denunciada tiene el carácter de servidor público como ocurre en el presente caso, su libertad de expresión en las redes sociales se encuentra limitada por las obligaciones y prohibiciones correspondientes a los procesos electorales en curso, debiendo ajustar su conducta al marco jurídico aplicable, pues de otra manera quedarían exentos de las prohibiciones y obligaciones a su cargo”.

“Así que quienes ocupen la titularidad del Poder Ejecutivo en sus tres niveles de gobierno (Presidencia de la República, Gubernaturas y Presidencias Municipales) deben abstenerse de realizar opiniones o expresiones que por su investidura puedan impactar en los comicios”.

“Por lo tanto, es existente la promoción personalizada durante el proceso electoral en el Estado de Yucatán, por parte del ciudadano Mauricio Vila Dosal, Gobernador del Estado”.

“Por tanto, este Tribunal está facultado para que una vez conocida la inobservancia realizada por algún funcionario público, integre un expediente para ser remitido al superior jerárquico de la autoridad infractora, quien conocerá de la responsabilidad acreditada”.

“Así, con fundamento en el artículo 98 de la Constitución Local y 43 fracción I, inciso h) y 85 de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, se procede a dar vista a la LXII Legislatura del H. Congreso del Estado de Yucatán, con copia certificada de la presente resolución, así como las constancias que integran el expediente en que se actúa, para que en el ámbito de sus atribuciones proceda conforme a derecho, ya que dichos numerales señala que es el órgano competente para estudiar, analizar y dictaminar sobre los asuntos relacionados con los procedimientos para fincar responsabilidades a los servidores públicos”.

Cabe resaltar que de los tres magistrados electorales, uno de ellos, Javier Armando Valdez Morales, votó en contra del proyecto de sentencia, en tanto que Fernando Bolio Vales y Lissette Cetz Canché lo hicieron a favor.

El representante jurídico de Vila Dosal, Mauricio Tappan, interpuso un recurso ante la sala regional del Tribunal Federal Electoral, para intentar revocar la sentencia.

Dentro de este contexto, la actual LXII Legislatura local tendrá que esperar la resolución para poder determinar la sanción al Gobernador.

Sin embargo, es muy probable que el asunto lo hereden a los próximos diputados que deberán rendir protesta el primero de septiembre próximo.

Es obvio que se interpuso un recurso para ganar tiempo, para esperar que tomen protesta el nuevo Congreso, pues la mayoría son panistas y ya se sabe cuál será la votación.

El dictamen del TEEY ya lo sabían los yucatecos: ilegalidades, trampas y fraudes orquestados por el Gobernador del Estado para ganar la elección del pasado 6 de julio, donde a base de cañonazos y reparto masivo de apoyos y despensas tuvo “carro completo” en las diputaciones locales, lo que de manera democrática, libre y transparente ha sido imposible de lograr desde la alternancia en el poder, en el 2000-2001.

El Tribunal Electoral exhibió lo ilegal y cinismo con que se conduce el titular del Ejecutivo, en la que hace apología como primitivo seguidor de Nicolás Maquiavelo: “El fin justifica los medios”.

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