- Durante los últimos ocho años (2018-2026), el estado ha registrado 52 crímenes de género, la mayoría concentrados en Mérida y perpetrados por parejas o exparejas. Pese a la gravedad, solo el 67% de los casos llega a instancias judiciales debido al letargo de las investigaciones.
- La mayoría de las mujeres, cuyas carpetas fueron judicializadas, fueron víctimas de asfixia mecánica.
Por Claudia V. Arriaga Durán.
Entre la impunidad y la burocracia. Durante los últimos ocho años, 2018-2026, Yucatán ha registrado un promedio de seis feminicidios anuales. Sin embargo, el camino hacia la justicia es sinuoso y lento: solo el 67% de los casos logra avanzar hasta las instancias judiciales, mientras que el tiempo promedio de investigación se prolonga hasta por 36 meses, es decir, casi tres años de espera para las familias de las víctimas.
A golpes, por estrangulamiento, asfixia o mediante el uso de armas blancas y de fuego, así fue como 52 mujeres perdieron la vida a manos de personas de su entorno más cercano: esposos, novios y exparejas.
De acuerdo con datos oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE), obtenidos a través de una solicitud de acceso a la información con corte a marzo de 2026, se interpusieron 52 denuncias e inició el mismo número de carpetas de investigación por estos crímenes de género.
La cifra revela una constante alarmante en la entidad. En promedio, en Yucatán ocurren 6.5 feminicidios por año, una realidad donde la cercanía del agresor y la lentitud institucional configuran el panorama de la violencia machista.
El mayor número de denuncias (o casos) fue recibido en la fiscalía de Mérida.
En las agencias regionales se iniciaron 16 carpetas de investigación, mientras que en la capital yucateca 36.
El número de las carpetas judicializadas es de 35, lo que significa que 32.7 por ciento siguen en etapa de investigación, se archivaron o se resolvieron por otra vía. Un promedio de 4.3 carpetas por año son las que alcanzan la segunda etapa.
La violencia feminicida en la entidad no tiene edad ni se limita a una sola región. Datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) revelan que, entre 2018 y 2026, las víctimas tenían entre 3 y 92 años de edad.
Además, la mancha de los crímenes de género alcanzó a 15 de los 106 municipios del estado, concentrándose en localidades como Mérida, Kanasín, Izamal, Telchac Puerto, Santa Elena, Tecoh, Progreso, Baca, Akil, Motul, Tixkokob, Maxcanú, Umán y Tahdziú.
En los 35 casos que la Fiscalía logró llevar ante los tribunales se evidencia la brutalidad de las agresiones. Las necropsias integradas a las carpetas judiciales muestran que la asfixia mecánica, ya sea por estrangulamiento, sofocación o ahorcamiento, fue la causa de muerte más recurrente, con siete casos.
Asimismo, los registros consignan feminicidios cometidos con armas de fuego, armas blancas y agresiones físicas severas que provocaron traumatismos craneofaciales y abdominales generalizados.
FOSA, FEMINICIDIO Y NEGLIGENCIA: LA DEUDA HISTÓRICA DE LA JUSTICIA EN YUCATÁN
El 2 de junio de 2014, el cuerpo de Patricia Guadalupe Alpuche Chuc, de 24 años de edad, fue hallado en una fosa clandestina en el patio de su domicilio en la colonia El Roble, en Mérida, Yucatán. Patricia había desaparecido el 24 de junio de ese mismo año tras ser víctima de violencia sexual y asfixia por estrangulamiento a manos de su expareja, Mario Alberto F. V.
A pesar de la gravedad del crimen, el caso estuvo marcado por la negligencia institucional: la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán nunca emitió una ficha de búsqueda ni activó el Protocolo Alba. La investigación y el posterior hallazgo del cadáver corrieron a cargo de la propia familia de la víctima, quienes descubrieron el cuerpo justo cuando la madre del agresor intentaba cubrir la escena construyendo un piso de concreto.
“Se puso a pisar la tierra del patio y sintió una parte blanda junto a un árbol, agarró un pedazo de bloque, rascó y ahí es donde encontró su rodilla doblada. Me habló por teléfono y me dijo: ‘Ya la encontré’”.
El crimen de Patricia evidencia las deficiencias del sistema de justicia en Yucatán respecto a la violencia de género y la contabilidad de fosas clandestinas:
Clasificación errónea: El delito se juzgó como homicidio calificado y no como feminicidio, dictando una sentencia de apenas 15 años de cárcel para el agresor (la cual está próxima a cumplirse).
Impunidad para cómplices: Personas cercanas al victimario que colaboraron en el ocultamiento del cuerpo y en su posterior intento de fuga nunca fueron investigadas ni enjuiciadas.
Invisibilización de cifras: La fosa donde Patricia fue enterrada jamás se contabilizó en los informes oficiales del estado de Yucatán ante el Registro Nacional.
Este caso no es un hecho aislado, sino que se suma a un historial de impunidad en la entidad, donde colectivos y familiares señalan que el acceso a la justicia penal muestra un marcado rezago en la judicialización y resolución de carpetas de investigación por violencia feminicida.
SENTENCIAS
A pesar del lento embudo que sufren las carpetas de investigación en su etapa inicial, la respuesta penal final ha mostrado un avance numérico importante. Entre 2018 y 2026, un total de 83 personas obtuvieron sentencias condenatorias por el delito de feminicidio.
Esta cifra, que supera el número de carpetas judicializadas en el mismo lapso, refleja el desahogo de un rezago histórico de casos iniciados en años anteriores. De este total de personas condenadas, los registros oficiales consignan que dos de las responsables eran mujeres y detallan que la pena máxima dictada en los tribunales del estado por este delito alcanzó los 88 años de prisión.
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