*La lista la encabezan Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, actualmente presos en Estados Unidos y en Tamaulipas, respectivamente; Roberto Borge, exmandatario de Quintana Roo y Javier Duarte, exgobernadores de Quintana Roo y Veracruz, presos por saqueo al erario
Ricardo Ravelo/Sol Quintana Roo/Sol Yucatán/La Opinión de México
(Segunda y última parte)
Ciudad de México.- Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto varios gobernadores –llamados por él “los nuevos rostros del PRI” –incurrieron en saqueos al erario mediante distintas distintos esquemas, desde la creación de empresas fantasmas hasta el pago directo a empresas que no cumplieron con los contratos pero sí recibieron sus correspondientes liquidaciones millonarias, las cuales eran transferidas a las cuentas personales de los gobernadores o bien a la de sus testaferros.
Fue el caso de Javier Duarte, gobernador de Veracruz de 2010 a 2016; Roberto Borge, de Quintana Roo, Roberto Sandoval, de Nayarit, César Duarte de Chihuahua, Humberto Moreira, de Coahuila –quien fue investigado por lavado de dinero del narcotráfico en Estados Unidos y detenido en el aeropuerto de Barajas, España, precisamente bajo cargos de blanqueo de capitales .
A esta lista se sumaron, por sus vínculos con el narcotráfico y con la corrupción, Tomás Yarringtony Eugenio Hernández, exgobernadores de Tamaulipas. El primero huyó del país en el sexenio de Vicente Fox. Estuvo escondido en Italia, fue aprehendido en la ciudad de Florencia en 2018 y extraditado a Estados Unidos, donde una Corte lo requería para procesarlo no sólo por proteger al narcotráfico sino porque él mismo ya era considerado “un capo de la droga”.
Eugenio Hernández, por su parte, está preso en Tamaulipas por la compra de un terreno de alta plusvalía, localizado cerca del puerto de Altamira, el cual pertenecía al gobierno del estado. Hernández castigó el precio y lo compró, incurriendo en fraude al gobierno del estado. El actual mandatario de Tamaulipas, Daniel Cabeza de Vaca, no le perdonó los agravios que sufrió de su parte y ordenó su captura.
El exmandatario se movía tranquilamente entre Quintana Roo, Nuevo León y la Ciudad de México, a pesar de que era investigado por la PGR y en Estados Unidos por el delito de lavado de dinero.
En el año 2012, sin embargo, se entrevistó con Enrique Peña Nieto, entonces presidente electo. La razón: negociar impunidad. Y salió beneficiado. Cuando tomó posesión como presidente de la República, Peña instruyó al entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, para que declarara el no ejercicio de la acción penal. Y así lo hizo.
De inmediato, Hernández Flores recibió un salvoconducto. Se trataba de un documento en el que la PGR acreditaba que no perseguía ningún delito en su contra. Esto ocurrió a pesar de que en Estados Unidos el exgobernador de Tamaulipas era investigado por lavado de dinero junto con su cuñado, Óscar Gómez Guerra.
Incluso, la Corte Federal de Texas, donde está radicado el expediente de Hernández Flores y Gómez Guerra, giró orden de aprehensión internacional por lavado de dinero, pues se le acusa de haber recibido sobornos del narcotráfico, en particular de Los Zetas y del Cártel del Golfo, para operar con libertad el tráfico de drogas.
De acuerdo con las investigaciones el “modus operandis” utilizado por Hernández Flores y cómplices consistía en el uso de empresas ficticias para enviar dinero de México a cuentas bancarias del Valle del Río Grande a nombre de terceros para encubrir la procedencia del dinero.
Gómez Guerra –el cuñado de Hernández Flores –fue acusado por un jurado federal de Estados Unidos de cargos de lavado de dinero y complicidad en un negocio de transferencia de fondos desde el extranjero sin licencia.
De acuerdo con el fiscal federal de la Corte del Distrito Sur en Corpus Christi, Kenneth Magidson, los cargos establecen que el acusado lavaba dinero a nombre del exmandatario tamaulipeco, quien gobernó Tamaulipas de 2005 a 2010.
En la acusación se establece que a partir de 2008 Gómez Guerra conspiró para cometer lavado de dinero internacional, con la complicidad de la operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Hernández Flores negó los cargos y argumentó que los 30 millones de dólares cuyo origen no ha podido acreditar en Estados Unidos es producto de sus negocios de bienes raíces.
Bajo investigación de Estados Unidos también está Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, quien es acusado de lavado de dinero y de proteger al Cártel de Jalisco. Meses antes de concluir su mandato, fue arrestado en Estados Unidos el fiscal nayarita, Édgar Veytia. Está acusado de proteger al narcotráfico y de amasar una fortuna descomunal con el tráfico de drogas.
Sandoval Castañeda fue alcalde de la ciudad de Tepic, entonces no tenía dinero; sin embargo, tan pronto asumió la gubernatura comenzó su ascenso económico: compró ranchos y, al igual que otros exmandatarios, también le entró la fiebre por la compra de casas.
Actualmente está bajo investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, desde donde sus empresas han sido señaladas como las principales fuentes del lavado de dinero.
Se le acusa de proteger al crimen organizado y de recibir sobornos por ello, dinero que habría ocupado en la compra de caballos fijos –una de sus debilidades –ranchos fastuosos y residencias. Gran parte de su patrimonio actualmente está asegurado por parte de la Fiscalía Anticorrupción.
Sin embargo, Sandoval se mantiene libre e impune.
